En el despacho que Mercedes Gallizo (Zaragoza, 1952) tiene en la madrileña calle de Alcalá aún resuenan los ecos de la protesta de los funcionarios de prisiones contra su gestión. Ella, sin embargo, la defiende y esgrime datos en un momento en el que, después de más de diez años de continuos aumentos en el número de presos, por fin empieza a reducirse su cifra. Pese a ello, reconoce los errores de un sistema que ha convertido las cárceles 'en los psiquiátricos del siglo XXI' y de una sociedad que entiende la cárcel como un instrumento de 'venganza' en lugar de un mecanismo de 'reinserción'.

Los funcionarios de prisiones denuncian que son pocos para el número de presos que hay. ¿Faltan funcionarios o sobran presos?

La población reclusa en España ha crecido mucho en los últimos 12 años. Un 26% para ser exactos. Pero este Gobierno ha hecho un importante esfuerzo presupuestario para hacer frente a este incremento que, entre otras cosas, ha permitido construir cuatro nuevas cárceles y 26 centros de inserción social. Además, hemos incorporado 5.747 nuevos funcionarios. Por eso, yo, que soy sensible a las demandas de los funcionarios, no entiendo su protesta ahora que a todos, a ellos también, nos toca hacer un sacrificio económico.

¿64.600 presos no son muchos para una sociedad que presume de tener uno de los índices de delincuencia más bajos de Europa?

Es cierto que España está a la cabeza de los países de nuestro entorno en población reclusa pese a tener una tasa de criminalidad baja. Esta paradoja es el resultado de que nuestras leyes son severas y de que las condenas se cumplen íntegras. Sin embargo, la sociedad española cree erróneamente que las leyes son poco duras y que los presos salen a la calle sin cumplir sus penas. Eso explica esa continua demanda social al legislador para que endurezca las leyes en una dinámica perversa en la que lo único que parece preocupar a la gente es que una persona cumpla la condena que le han impuesto y no si va a volver a reincidir cuando salga a la calle. Se ha olvidado que el objetivo de la cárcel es reinsertar, y no la venganza.

¿Falta una labor pedagógica con la sociedad?

Sí, porque lo que estoy diciendo no son ideas buenistas. Es simplemente lo que nos manda la Constitución.

A la vista de los continuos endurecimientos del Código Penal, parece que los políticos son los primeros que caen en ese error.

A los que piden la cadena perpetua revisable les digo que nuestro sistema es ya durísimo. Un ejemplo: existe el mito de que los condenados a menos de dos años no entran en prisión. Y, sin embargo, en este momento tenemos 3.834 personas con penas de tres meses a un año; 4.382 de uno a dos años, y 5.109 de dos a tres.

¿Es bueno que haya tantos?

Eso es lo que yo me pregunto. A estas personas, sobre todo si es su primer delito, el ingreso les provoca una ruptura con su familia y con su trabajo que, a veces, tiene consecuencias negativas. Los expertos deberían sentarse a analizar cómo evitar que estos ciudadanos que han tenido un problema puntual con la Justicia acaben convertidos en delincuentes tras pasar por prisión.

¿Y por qué no se usan más medios de control en régimen abierto, como las pulseras telemáticas?

Porque la sociedad vuelve a caer en el error de creer que a quien se le coloca una de estas no cumple la condena. Estamos haciendo un esfuerzo para subir el número de presos a los que se les aplica este sistema, pero esto sólo será posible si la sociedad entiende que la pulsera es también una forma de privación de libertad.

Llama la atención que los trabajos en beneficio de la comunidad, pena que existe desde 1995, no se hayan aplicado de modo habitual hasta hace poco.

Volvemos a lo mismo. La gente piensa que no son una condena y si ahora se aplican más es porque la propia Ley de Seguridad Vial fija que para determinados delitos de Tráfico esta sea la pena. No obstante, también hay que reconocer que es ahora cuando tenemos una red que permite su cumplimiento.

Durante un tiempo dio la sensación de que no se sabía qué hacer con el célebre Rafita.

Hay casos que provocan una gran alarma, pero la sociedad debe estar segura de que se hace todo lo posible con los instrumentos que da la ley. El objetivo en casos como los de este joven es evitar que reincidan y acaben en el sistema penitenciario de adultos. También es cierto que las competencias sobre el internamiento de menores están transferidas a las comunidades y que muchas de ellas han apostado por privatizar estos servicios. Eso, en mi opinión, no ayuda en nada a la reinserción de estos jóvenes.

El otro día usted desveló en unas jornadas el elevado número de presos con problemas mentales: uno de cada cuatro.

En Europa hemos convertido las cárceles en los psiquiátricos del siglo XXI, y eso es terrible. Las personas que han cometido un delito precisamente porque sufren una patología psiquiátrica no pueden acabar en una prisión, sino en un centro sanitario especializado que los trate como lo que son, enfermos, no como delincuentes.

¿Ha originado problemas en las cárceles el aumento de presos ligados al crimen organizado?

El crimen organizado es uno de los mayores riesgos actuales, no sólo para el sistema penitenciario, sino también para la sociedad. Estamos preparando profesionales especializados, como en su día se hizo para el control de los reclusos de ETA y de los islamistas, porque hay que evitar que desde la cárcel mantengan el control sobre las actividades de sus organizaciones.

Los últimos escándalos con funcionarios y presas como protagonistas dan la sensación de descontrol en las prisiones.

En un colectivo de más de 64.000 presos y 25.000 funcionarios que se produzca un día un incidente en una prisión es una anécdota irrelevante que hay que poner en su justo término. No significa que no le demos importancia. Al contrario, estamos obligados a ser ejemplares. Lo que me parece injusto es destacar sólo el lado oscuro de las prisiones sólo porque provoca morbo.