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Willie Toledo y el resto de activistas en libertad tras negarse a declarar ante el juez

Están acusados de un delito de alteración grave del orden público por el que se exponen a una multa económica

EFE

El actor Willie Toledo y los otros cinco activistas prosaharauis que fueron detenidos esta mañana por alterar el orden en el Congreso de los Diputados han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estas seis personas se han negado a declarar ante los agentes sobre los hechos que se les imputan, y a continuación han quedado en libertad.

A los activistas se les imputa el delito establecido en el artículo 497 del Código Penal, que establece que quienes perturben 'gravemente' el orden de las sesiones de una cámara, sin ser miembros de la misma, podrán ser condenados a una pena de entre seis meses y un año de prisión.

El citado precepto señala asimismo que 'cuando la perturbación del orden de las sesiones (...) no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses'.

Los activistas, dos ellos invitados por Izquierda Unida, han sido desalojados de la tribuna de invitados y trasladados en un furgón policial a la Brigada Provincial de Información, situada en el distrito madrileño de Moratalaz.

Funcionarios de la Policía que se encontraban en la tribuna de invitados cuando se produjeron los hechos escucharon que, además de las proclamas políticas, también gritaron contra los diputados. En concreto, utilizaron la expresión '¡Diputados, chorizos!', han asegurado fuentes parlamentarias.

Los expulsados se habían puesto de pie, brazos en alto, mientras los diputados votaban las enmiendas de resolución a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). '¡El Sáhara no se rinde!', '¡Libertad!', '¡España atiende, el Sáhara no se vende!', '¡Sáhara Libre!' o '¡Cuánta hipocresía!', han sido algunos de los gritos que se han escuchado en el hemiciclo.

La votación se ha interrumpido, y el presidente Bono ha ordenado a los servicios de seguridad expulsar de la sala a estas personas y llevarlas a la Comisaría del Congreso por si hubieran cometido alguna 'falta o delito'.

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