El próximo martes el Código de Buenas prácticas del Partido Popular cumple un año. Aprobado por 'aclamación' en un comité ejecutivo nacional, el documento, de 12 páginas de extensión, nació con el objetivo de 'establecer con precisión unas pautas de conducta' a las que 'deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización'.

Pretendía 'ir más allá de las previsiones que la propia ley establece' en un momento en el que Mariano Rajoy se enfrentaba a escándalos como los casos Gürtel o Palma Arena, que aún hoy colean. Por ello establecía, entre otros preceptos, la obligación de los cargos públicos de suscribir una carta de compromisos 'que se publicará en la página web', la de rechazar regalos fuera de los usos comunes o la de establecer unas normas internas de contratación. Su primer aniversario pone de manifiesto el estancamiento del grueso del articulado de estas normas de funcionamiento interno que vinieron a sustituir el código ético presentado por José María Aznar en 2003 y que, a diferencia de este último, no habla de sanciones y remite a los estatutos del partido.

El PP asegura que los candidatos catalanes firmaron las cartas de compromiso

Mientras que el texto abogaba en sus principios generales por que los integrantes del partido observasen 'el máximo rigor y exigencia en eldesempeño de sus funciones' huyendo de 'cualquier conducta' que pueda dañar la 'imagen u honorabilidad' del PP, en estos 12 meses se han producido episodios que van en el sentido opuesto.

Por citar algunos ejemplos, Hacienda ha ratificado que la red Gürtel pagó trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el fiscal ha solicitado 15 años de prisión para Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, y José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, se sumó el pasado verano a la lista de cargos imputados del PP por su relación con el caso Brugal. Hoy, todos siguen en sus cargos sin que Rajoy haya adoptado medidas más allá que la de evitar visitas al País Valencià. Una costumbre que ayer se vio obligado a romper para sumarse a los actos oficiales de inauguración de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valencia.

No obstante, en el partido sostienen que nunca se han dejado de exigir responsabilidades y recuerdan que los estatutos fijan que todo militante con condena firme será automáticamente suspendido de funciones y expulsado de las filas conservadoras.

El caso de Camps enlaza con 'la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos o costumbres sociales', otro de los puntos del código.

Según un informe pericial de la Agencia Tributaria conocido hace un mes, la trama Gürtel corrió, como mínimo, con los gastos de cuatro trajes a medida encargados por el president en noviembre de 2006. ¿Su valor?, 2.880 euros. El texto huye de precisar la cantidad a partir de la cual no es lógico que un cargo del PP acepte un regalo. Hace un año, preguntada por este extremo Ana Mato, vicesecretaria de organización y electoral, se limitó a responder que 'todo el mundo sabe cuál es el límite'.

Las declaraciones de bienes de los cargos del PP siguen ocultas

La carta de compromisos es uno de los requisitos fundamentales de este código de buenas prácticas. Se trata del documento que contiene 'obligaciones de contenido ético y deontológico' y que debe ser suscrito por todos los cargos del partido. A excepción del compromiso de publicar estos documentos en la página web, este es el apartado en el que se han producido mayores avances.

Según han confirmado en la dirección nacional del PP y en varias direcciones regionales, los cargos orgánicos del partido ya han remitido a la sede nacional, en Madrid, las cartas de compromisos de los cargos orgánicos.

El documento contiene, entre otros puntos, una declaración jurada de que no existen incompatibilidades para desempeñar las funciones que se encomienden a cada cargo de partido, un compromiso por la transparencia y la garantía de contar con una declaración de bienes y actividades a disposición del auditor de prácticas internas. Esta función la desempeña José Manuel Romay Beccaría, que fue ministro de Sanidad con José María Aznar.

El partido no informa de las gestiones de Romay Beccaría, el auditor interno

El documento es claro a la hora de señalar que la exigencia de disponer de una declaración de bienes y actividades es una obligación tanto de los cargos públicos del PP que están obligados legalmente a ello como del resto.

Elecciones autonómicas

En lo que respecta a los cargos electos, el PP prevé que este apartado de su código ético experimente un empujón en los próximos meses, a medida que se acerque la fecha para las municipales y autonómicas del próximo mayo. De hecho, confirman que la citada carta fue suscrita por todos sus candidatos de las catalanas.

Las instrucciones de contratación tampoco se han hecho públicas

Como figura en el articulado, 'la negativa a firmar esta carta impedirá ser candidato en los procesos electorales'. Estos documentos deben ser actualizados, según reza el texto, 'cada dos años'. También figura que 'se publicará en la página web del Partido Popular', algo que no ocurre hasta la fecha.

Otra de las piedras angulares sobre la que descansa el código de buenas prácticas de los conservadores se refiere a los procedimientos de contratación, una vacuna para evitar que afloren nuevos escándalos como el caso Gürtel.

Hasta hoy, el PP no ha difundido en su web, y así se comprometió hace un año el 'perfil del contratante'. En este enlace deberían figurar 'las instrucciones de contratación, así como aquellos procesos que, por razón de cuantía o de otra naturaleza, se decida que deben ser objeto de obligado conocimiento'.

Rajoy pretendía «ir más allá» de la ley con esta batería de medidas

Fuentes del PP vinculan también este punto a los procesos electorales, puesto que es cuando se concentra el grueso de publicidad, actos de partido y viajes. Y aseguran, sin precisar más, que para la convención que el PP celebrará en enero en Sevilla se cumplirá este texto.

¿Y el auditor?

Además de nuevo tesorero del PP, en sustitución de Luis Bárcenas, Romay Beccaría ejerce de auditor de este código de buenas prácticas. Es a él a quien, asistido por tres miembros del comité de derechos y garantías, le corresponde 'la apertura de expediente en relación con los comportamientos que puedan conllevar el incumplimiento del código'.

Hasta hoy, la formación no ha informado de expediente alguno ni de las gestiones del ex ministro para que se cumplan estos preceptos. Pero aseguran que Beccaría está cumpliendo con sus funciones colaborando, además, con Carmen Navarro, nueva gerente del partido en sustitución de Cristóbal Páez.