Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, quedó ayer libre de cuatro de los siete delitos que pesaban sobre él. En un auto, la Audiencia Provincial considera que debe ser juzgado por presunto tráfico de influencias y también por el supuesto fraude fiscal cometido en 1999. También pudo haber cometido, aunque se formulan algunas reservas, un delito de cohecho. Sin embargo, el tribunal eliminó de la lista de imputaciones cuatro supuestos fraudes fiscales, uno por cada ejercicio desde 2000 a 2003.

El argumento de los magistrados para dar carpetazo a esos cuatro delitos es que han prescrito. El auto no niega en ningún momento las irregularidades halladas en las cuentas de Carlos Fabra, recogidas en un informe incorporado a la causa y elaborado por peritos judiciales, que durante cuatro años rastrearon sus movimientos bancarios. Esa investigación concluyó que el jefe del PP castellonense tuvo entre 1999 y 2004 dos millones de euros de ingresos sin declarar. La cifra asciende a los tres millones y medio si se le añaden las sumas recibidas por su entonces esposa, María Amparo Fernández.

La fiscalía recurrirá la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo

La Audiencia fundamenta su decisión en que no ha habido una imputación formal referente a los cuatro delitos fiscales de los años que van desde 2000 a 2003, de forma que el derecho a la defensa y a la 'seguridad jurídica' del acusado no quedan garantizados si ahora se le juzga por esos cargos. El tribunal recuerda que la Agencia Tributaria sí denunció a Fabra por el fraude presuntamente cometido en el año 1999, de forma que la cuenta atrás de la prescripción quedó interrumpida. Pero no sucedió así respecto a los supuestos fraudes de los ejercicios siguientes.

Según el auto, no basta con la instrucción que el Juzgado número 1 de Nules tiene abierta desde 2004, en la que se investiga a Fabra por delitos contra la Administración Pública. Tampoco es suficiente, según los magistrados, un auto que la propia Audiencia emitió en 2006 para ordenar a los peritos judiciales que investigaran el incremento patrimonial de la familia Fabra y su 'incidencia fiscal'. Lo que tenía que haber pasado, según el tribunal, es que estos peritos hubieran acabado antes su trabajo, de forma que diera tiempo a formular las imputaciones antes de que prescribieran los delitos. Algo que 'de forma sorprendente', indica el auto, 'no se ha hecho por el retraso del dictamen'.

Los Fabra ingresaron en cinco años 3,5 millones de euros no declarados

Carlos Fabra sí será juzgado, en cambio, por tráfico de influencias, además de por el presunto delito de fraude fiscal cometido en 1999. El auto detalla cómo el dirigente conservador mantuvo varias reuniones en Madrid con funcionarios y altos cargos del Gobierno de José María Aznar entre los que se encontraba el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posadas, o Juan Costa, secretario de Hacienda, además de senadores y diputados, para conseguir que fitosanitarios comercializados por un amigo suyo salieran al mercado, a pesar de que su tramitación llevaba años atascada.

Fabra justificó su interés en que la aprobación del producto era 'beneficioso para el sector fitosanitario en la provincia', pero la Audiencia rechaza esta explicación. Además, el auto recuerda que el político castellonense compartió la titularidad de empresas con el fabricante del plaguicida en cuestión. Como indicio clave, el auto constata que el fitosanitario fue súbitamente aprobado sólo tres meses después de las reuniones mantenidas en Madrid.

La Audiencia también dedica un largo razonamiento al delito de cohecho, por el que Fabra es investigado desde hace seis años. Los magistrados consideran que un político comete cohecho sólo cuando cobra o recibe regalos por hacer algo que está dentro de sus funciones. Pero las gestiones que Fabra hizo para conseguir que el fitosanitario de su amigo y socio recibiera el visto bueno del Gobierno no se debieron al poder que le otorga su cargo. Su actuación, dice el tribunal, 'pudiera considerarse tráfico de influencias', pero no cohecho. A pesar de llegar a esta conclusión, la Audiencia no declara sobreseído el presunto delito, por lo que, según fuentes jurídicas consultadas, la imputación sigue vigente.

El auto no rebate los informes de los peritos que prueban las ilegalidades

La fiscalía anunció ayer que recurrirá el auto ante el Tribunal Supremo, informa Europa Press. También recurrirá la acusación popular, ejercida por la Unión de Consumidores de España (UCE).

Este será el último trámite de una instrucción que tramita el Juzgado número 1 de Nules y que dura ya seis años. Por ella han desfilado ocho jueces y cuatro fiscales.