El fiscal Anticorrupción Luis Pastor ha presentado el preceptivo anuncio de recurso de casación con el que pretende que sea el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre los delitos fiscales imputados al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que la Audiencia Provincial declaró prescritos.

El trámite que inicia ahora la fiscalía es muy similar al que llevó a cabo para intentar que el presidente de Telefónica, César Alierta, fuera condenado por un delito de información privilegiada, aunque confía en que corra distinta suerte. La Audiencia de Madrid, al igual que con Fabra la de Castellón, declaró prescrito el delito imputado a Alierta. Ninguna de las dos resoluciones, según los tribunales correspondientes, era recurrible.

El objetivo de la fiscalía es que sea el alto tribunal el que revise la prescripción

Sin embargo, la fiscalía no comparte ese criterio. Por eso, al previsible rechazo con el que la Audiencia de Castellón responderá a su anuncio de recurso de casación, interpondrá uno de queja ante el Supremo para que sea el alto tribunal el que decida si debe revisar o no la prescripción acordada por el tribunal castellonense.

En el caso de Alierta, el Supremo autorizó la presentación del recurso de casación, aunque confirmó la prescripción. Anticorrupción confía en que el alto tribunal no solo le dé la razón y permita a la fiscalía del Supremo presentar el correspondiente recurso de casación, sino que, incluso, declare que los delitos fiscales que se imputan a Fabra siguen siendo perseguibles, puesto que fue la propia Audiencia la que decidió que se investigara su patrimonio, para lo que en 2005 se nombró a dos peritos judiciales.

Los expertos tardaron casi cinco años en terminar su informe, en el que detectaron 3,6 millones de euros sin justificar en las cuentas de Fabra y de la que era su esposa,Amparo Fernández, y un fraude a Hacienda cifrado en 1,7 millones.

El procedimiento contra Fabra seguirá adelante para juzgarle

Mientras se resuelven los recursos del fiscal y los que también ha anunciado la acusación que ejerce la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana-UCE contra la prescripción que fue recibida por el PP como si se tratase de una auténtica absolución,el procedimiento abierto contra Fabra seguirá su curso por los delitos que aún siguen vigentes en su contra.

Se trata de tráfico de influencias, cohecho y un delito fiscal, precisamente el más antiguo de los investigados, el referido al ejercicio de 1999.

Si el Supremo no lo remedia, con el archivo de los cuatro delitos fiscales decidido por la Audiencia de Castellón, la petición de pena que Anticorrupción formuló para Fabra quedará reducida prácticamente a la mitad. De 15 años de prisión tendrá que limitarse a pedir siete.