Carmen Aisa , 28 años.

Licenciada en Derecho y con un máster de Marketing, Carmen Aisa compaginó sus estudios universitarios con un montón de trabajos temporales. Durante un tiempo, hizo de azafata de congresos y promociones. Tenía 22 años y el cuerpo perfecto para enfundarse un uniforme de traje-chaqueta. Cinco años después, Carmen volvió a pedir trabajo a la empresa que la contrató entonces y el responsable de recursos humanos se acordó de ella. “Has engordado un poco estos años”, le espetó. “Me lo dijeron así de claro; es decir, que perdí el trabajo por haber engordado”, cuenta indignada. Ahora, Carmen se dedica a perseguir morosos. “Es lo que toca: hay mucha demanda, poca oferta y en los trabajos siempre te piden experiencia, precisamente lo que no tenemos”, lamenta esta joven, quien denuncia, por experiencia propia, que “los derechos son relativos”.

'Hay guetos educativos para gitanos'

'En muchas ciudades nos encontramos con algún centro escolar en el que hay más de un 50% de gitanos en las aulas”, asegura. “En Madrid, nuestros hijos van a un colegio con un 80%. Es un gueto”. Isidro Rodríguez, gitano de 49 años, destaca la estigmatización que sufren los gitanos en el ámbito escolar, antes que hablar del rechazo social que les acompaña. La aplicación de la ley en este ámbito, en la sensibilización y en el de la vivienda son “fundamentales”, valora. A raíz del nuevo texto legal que presentó ayer el Gobierno, espera que los municipios, las comunidades autónomas y el Ejecutivo doten al colectivo de más ayudas para abandonar los poblados de infraviviendas en los que aún viven miles de ellos. Según el último informe de la Fundación Secretariado Gitano, el 4% del colectivo vive en chabolas.

'No podía plantearme tener un hijo'

El desparpajo de Mariví se frena en el momento de hablar sobre el mundo laboral. “Las diferencias entre hombres y mujeres son todavía muy grandes”, asegura. Esta burgalesa de 46 años afincada en Madrid reconoce los avances que se han producido en los últimos años, pero denuncia que sigue existiendo un gran abismo entre sexos. “En algunos trabajos de los que he tenido, no podía plantearme tener un hijo y como yo hay millones de mujeres en la misma situación en España. Las facilidades para los hombres son mucho mayores”, dice, porque las empresas prefieren las bajas más reducidas que cogen ellos cuando son padres. “Es difícil que una ley cambie las diferencias de sueldo que tenemos, porque se trata de algo social. Además de la ley, hay que concienciar a la población”.

'No se puede estudiar islam en Madrid'

Español y musulmán. Es una combinación extraña, pero cada vez más frecuente. Es el caso del hijo de Yusuf, de 3 años. A pesar de ser español, su padre denuncia la diferencia de derechos que tiene en el colegio respecto a otros chicos, de familias católicas. “En Madrid no hay ningún profesor de islam. No porque no haya demanda, sino porque el Gobierno no nos facilita algo que nos corresponde por ley”, critica. “La voluntad política es fundamental”. En Andalucía y otras regiones sí que se imparte en algunos colegios públicos. Además de una enseñanza equiparable a la católica, enumera otras discriminaciones que sufre el colectivo por motivos religiosos: “En muchos municipios, no se nos ceden parcelas para enterrar a los fallecidos según el rito musulmán y hay muchos problemas para construir mezquitas”.

'No seré mosso por mi diabetes'

Daniel Lara, barcelonés de 21 años, dejó la carrera de Arquitectura para entrar en el Instituto de Seguridad Pública, el centro donde haría realidad su sueño de ser mosso d’Esquadra. El año pasado superó las pruebas de admisión, pero sólo fue dos meses a clase. Cuando le diagnosticaron diabetes, le echaron de la academia. “Me dijeron que la expulsión estaba contemplada en las bases del centro”, cuenta Daniel, quien asegura que hace “vida normal” y que su enfermedad “no afecta” a su formación ni a su futuro trabajo. “No puedo ser mosso por la diabetes y es injusto porque mi capacidad física es la misma que antes. Sólo tengo que pincharme entre las comidas”, insiste. Daniel denunció su caso al Defensor del Pueblo y ha recurrido la decisión de la escuela de policía a la Generalitat .

'Muchos funcionarios no ayudan'

“¿Discriminación? Hay dueños que no alquilan sus pisos a inmigrantes y sentí mucha presión de la policía cuando fui a pedir una orden de alejamiento, pero en general me siento a gusto en Madrid”. Ada Florián, dominicana de 32 años, llegó a España hace tres años y medio. Tiene sus documentos en regla, pero le llama la atención el rechazo que despierta entre algunos funcionarios su seseo caribeño. “También les pasa a otros extranjeros, pero es el que yo siento”, asegura. Los trámites en el ayuntamiento y en otras administraciones “son más complicados porque muchos funcionarios no te ayudan”, asegura. “Un español sabe cómo manejarse ante una discriminación, pero nosotros muchas veces no sabemos a quién recurrir”, opina. “El racismo en España es más sutil que en otros países. Aquí las cosas no se dicen a la cara”.