La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se mostró este sábado 'partidaria de negociar la posibilidad' de que la sanidad pública financie en toda España los fármacos para dejar de fumar, ahora subvencionados sólo en algunas comunidades autónomas.

La reforma de la ley del tabaco, en vigor desde el pasado 2 de enero, está abierta, en efecto, a esta negociación, ya que deja el aspecto en manos del titular de Sanidad y de los responsables autonómicos del ramo.

La ley habla, concretamente, de que sea el Consejo Interterritorial de Salud, formado por el ministro de Sanidad de turno y por los consejeros autonómicos del ramo, el órgano que estudie la posibilidad de incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud los tratamientos para dejar el tabaco.

Según afirmó Pajín en una entrevista en Onda Cero recogida, ella misma sabe 'lo difícil' que es dejar de fumar, ya que lo consiguió animada por la entrada en vigor de la ley de 2005.

Por eso, porque sabe 'muy bien' de lo que está hablando, asegura, aconseja 'dejarse ayudar por los profesionales, que para eso están', a la hora de abandonar el vicio de fumar.

La ministra destaca el papel 'ejemplarizante' de la recién estrenada ley

De la misma opinión de Pajín son los propios médicos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que aconsejan a los que estén empeñados en abandonar la nicotina consultar a un facultativo y echar mano de los fármacos, que aunque no son efectivos al cien por ciento, 'duplican o triplican las posibilidades de éxito'.

Para la titular de Sanidad, la nueva norma del tabaco debe acompañarse con medidas de 'sensibilización' que impidan que los jóvenes se inicien en el hábito tabáquico.

Muy importante es también para la ministra que ha finalizado la reforma que inició su predecesora en el cargo, Trinidad Jiménez, el papel 'ejemplarizante' de la ley recién estrenada, que puede verse, por ejemplo, en la prohibición de fumar en las inmediaciones de colegios y hospitales.

A su entender, la ley, en general, se está cumpliendo con normalidad, salvo excepciones contadas que ya están investigando las comunidades autónomas en las que se han producido.