La familia del cámara José Couso no se rinde. En un comunicado, considera el oficio de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, que expresaba la 'altísima preocupación' de Justicia ante el próximo viaje del juez Santiago Pedraz a Irak, 'un grave intento de intimidar' a la comisión judicial que tiene previsto hacer allí una inspección ocular.

La familia señala que el ministerio 'conocía desde hace tiempo la existencia de este plan de viaje', por lo que 'ha tenido tiempo más que suficiente para preparar las medidas de seguridad'. Por eso, el que ahora diga que no hay medios suficientes supone 'una dejación de funciones y el abandono de una responsabilidad obligada'.

Y por eso pregunta: '¿Envía las mismas advertencias el ministerio cuando algún ministro se desplaza a Afganistán con decenas de periodistas? ¿Por qué en ese caso sí hay medios para la seguridad y en este no?'.

A juicio de los Couso, 'el Ejecutivo español no está cooperando con la Justicia' porque los abogados que ejercen la acusación solicitaron al Ministerio de Asuntos Exteriores 'una autorización diplomática en misión' para suplir la no concesión de visados por parte de Irak. Y no obtuvieron respuesta.

'Nuestros letrados son españoles, forman parte de una comisión judicial junto a testigos y letrados y han sido citados por un juez español. Por lo tanto, el Gobierno español tiene que brindarles protección. Es su responsabilidad ', asevera la nota firmada por Javier Couso, que ve en lo ocurrido un intento más de 'torpedear' el caso.