El anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, aprobado por el Gobierno Zapatero, cumple con dos objetivos básicos. Por un lado, previene y combate cualquier forma de discriminación por razón de nacimiento, de origen racial o étnico, sexo, religión, convicción y opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y, por el otro, protege y repara a las víctimas.

Es más, el texto presentado no sólo refuerza y concreta los conceptos de discriminación, como la indirecta, la múltiple o por asociación respondiendo así a la normativa europea e igualándonos a las legislaciones nuestros países vecinos, sino que también amplía las causas de discriminación previstas por las propias directivas europeas.

Asimismo, sabemos que para luchar contra la discriminación es necesario que las víctimas se sientan amparadas y asistidas, de ahí la importancia de la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Se trata de una figura imprescindible, que se convertirá en el referente de las víctimas para canalizar sus denuncias y poder asesorarse, por lo que será un organismo independiente con capacidad para elaborar informes, investigar posibles discriminaciones o remitir a la Fiscalía los casos en los que pudiera existir delito, entre otros cometidos.

Y es que discriminar no puede salir gratis, de ahí que la iniciativa legislativa incluya también la previsión de infracciones y de sanciones. Pero lo que es más importante, la ciudadanía contará con una Fiscalía especializada que se encargará de establecer una mayor coordinación y eficacia en la lucha contra estos delitos de discriminación o de odio.

En fin, esta ley no pretende reconocer nuevos derechos, sino garantizar los que ya existen. En realidad, se trata de un enfoque novedoso y valiente que contribuye a la consolidación de la idea de igualdad de trato y, sobre todo, nos hace avanzar en justicia social.