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Los expertos desvinculan las agresiones de la pugna política

El enfrentamiento político no alienta la violencia pero incrementa la mala imagen de los partidos

C. MARTÍN

Las agresiones de ciudadanos a políticos son hechos aislados, de gravedad y condenables, pero no se pueden relacionar directamente con escenarios de enfrentamiento político. Así lo indican los expertos consultados por Público tras el ataque sufrido por el consejero de Cultura del Gobierno de Murcia, Pedro Alberto Cruz. Según el politólogo Javier Lorenzo, 'en España estos ataques vienen condicionados por una relación previa, por una experiencia personal'. Subraya que no hay un clima social para establecer la vinculación entre política y violencia. Actualmente tiene que ver más con consideraciones locales y con las decisiones que adoptan los cargos políticos que tienen una repercusión directa e inmediata.

En esa misma dirección apunta el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, que alude a las diferentes causas que hay detrás de las agresiones de los últimos tiempos. Ya sea la del ex ministro de Defensa José Bono o la del ex president José Montilla. 'Nadie agrede a un político porque la inversión en educación sea muy baja. Los temas más peligrosos son los que generan más emociones: nacionalismo, racismo y xenofobia. Estos son los que movilizan a los extremistas', sostiene Villoria.

El enfrentamiento político no parece ser el problema, a ojos de los expertos. Aunque en ocasiones actúa como caldo de cultivo de un mayor malestar, que puede conducir a ataques a las sedes de los partidos, acoso o abucheos en manifestaciones. Como recuerda el filósofo Daniel Innerarity, 'la política es un equilibrio entre la dimensión del acuerdo y la de la discrepancia, que tiene que estar canalizado dentro de unas fronteras'. De ahí que sea difícil de explicar por qué el enfrentamiento puede derivar en agresiones e insultos.

Para Innerarity, 'la madurez de una democracia se aprecia en si permite el antagonismo fuerte sin que se convierta en crispación'. Lo que está ocurriendo ahora, resalta, es que 'los proyectos políticos que se enfrentan no lo hacen en el plano ideológico y con posiciones alternativas sino que sólo quieren sustituir al otro mediante la eliminación del adversario'.

Para el catedrático de Sociología de la Universidad de Valencia Pablo Oñate, no hay ninguna duda de que la política actual gira en torno a una dinámica de adversarios: 'Se puso en marcha en 1993, con José María Aznar, y sigue vigente hoy en día'. En el olvido ha caído la política de consensos, con la que no se ganan votos. Según Oñate, esta 'les lleva a perder votos. A Rajoy y a Zapatero les da más votos la dinámica de adversarios, de enfrentamiento, que trasladan hasta sus bases'. Por otro lado, con este comportamiento corren el riesgo de generar actitudes más agresivas y, sobre todo, ser percibidos negativamente.

Lo cierto es que, desde mediados de 2010, la clase política se ha convertido en el tercer problema de España, por detrás del paro y los problemas de índole económica, según los consultados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 'Esta visión negativa sí es una señal de alarma, un indicador de desgaste', señala Lorenzo.

En este sentido, Villoria apunta que esta percepción se ha reforzado en los últimos años y ahí ha influido el clima de enfrentamiento entre partidos: 'Hay un populismo cada vez mayor, donde se critica al Estado, al Gobierno, a los funcionarios...'. Esto, subraya, afecta a las actitudes frente a los políticos.

'Las élites no están dando un buen ejemplo de lo que debe ser la política', critica Oñate, subrayando que esa sí es una verdadera educación para la ciudadanía. Una labor pedagógica que los políticos deberían desempeñar y que, sin embargo, han dejado como una asignatura para estudiar en los institutos.

Sería bueno, insiste Oñate, que los representantes y dirigentes políticos recordasen que 'en política es normal no estar de acuerdo, pero sin por ello descalificar al contrario'. Un escenario que se repite diariamente en la política española.

Intentos de agresión a cargos políticos de distintos partidos 

Cargos políticos de distintos partidos han sufrido intentos de agresión. Por ejemplo, en 2005, el entonces ministro de Defensa, el socialista José Bono, se vio obligado a abandonar una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo al sufrir un intento de agresión por parte de manifestantes. En 2008, el PP denunció que su entonces líder en Euskadi, María San Gil, padeció el acoso 'de un grupo de exaltados' en la Universidad de Santiago. Y la misma denuncia realizó IU en octubre de 2010 después de que uno de sus ediles en Ribaforada (Navarra) sufriera heridas en la cara por una agresión durante una visita a una obra. 

Insultos y abucheos durante la celebración de actos públicos 

Tampoco es inusual que políticos de distintos partidos sean insultados. De hecho, los intentos de agresión reseñados (a la izquierda) estuvieron precedidos por agresiones verbales y abucheos. En febrero de 2008, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue sorprendida por un incidente en la Universitat de Valencia, donde unos estudiantes le increparon con gritos de 'fuera los políticos de la universidad'. En 2010, la presidenta de UPyD, Rosa Díez, denunció que una persona le hizo 'el gesto de disparo', mientras le 'llamaba fascista' en un acto en la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Ataques contra las sedes de los partidos por todo el Estado 

Otro tipo de ataques a los partidos se ceba con sus sedes. Aparte ya de los actos de kale borroka del País Vasco y Navarra, desde el año 2009 hasta ahora, el PP ha denunciado varios sabotajes, como los registrados en Beiro (Granada), Las Corts (Barcelona), Vigo y Gondomar (Galicia), así como Pinto (Madrid). El PSOE ha sufrido también daños materiales en diversos ataques a sus sedes en Alcalá de Henares (Madrid), Betanzos, A Estrada y Teo (Galicia), o Blaquerías, en Valencia. IU ha denunciado actos violentos contra sus sedes en Usera (Madrid) y Cartagena, al igual que el PC de Aragón en Zaragoza y Esquerra Republicana en Valencia. 

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