El Senado dio ayer un paso histórico con el estreno del uso de las lenguas cooficiales en la Cámara que, pese a su carácter territorial, hasta ahora vetaba esta posibilidad a sus representantes. El senador Ramón Aleu, del PSC, fue el primero que se dirigió al pleno en su lengua, el catalán, para defender una moción sobre educación. Un sistema de traducción simultánea permitió al resto de parlamentarios seguir su intervención.

El PP renunció a este derecho. María Jesús Sainz, senadora designada por Galicia, siguió la pauta marcada por su jefe de filas. Mariano Rajoy recalcó que las lenguas 'son para entenderse' y no 'para crear problemas' horas antes de que el Senado estrenara el uso de las cuatro lenguas cooficiales en el pleno, tras la modificación del Reglamento de la Cámara, que contó en su día con el rechazo de PP y UPN.

'Amo a Galicia, pero voy a utilizar el castellano porque es la lengua que entendemos todos' se justificó Sáinz, devolviendo al pleno a un sólo idioma. 'Mariano y cierra España', criticó desde el PSC su portavoz, Miquel Iceta, lamentando el rechazo de Rajoy al empleo del resto de lenguas del Estado.

Los demás grupos reivindicaron este nuevo derecho y la Cámara de los territorios escuchó ayer por primera vez hablar en catalán y en euskera en una jornada que todos los intervinientes, salvo el PP, calificaron de histórica.

Los auriculares serán ahora una imagen habitual en el Senado. Estrenados ayer, han supuesto el único desembolso ligado a esta novedad 4.500 euros para adquirir 400 cascos. La Cámara ha reajustado su Presupuesto para que la medida no tenga ningún coste adicional (y no representa ni el 1% de las cuentas de la institución), a pesar de que los cambios llevarán a cada sesión siete intérpretes (dos de euskera, dos de gallego y tres de catalán y valenciano).

No son nuevos fichajes, porque ya el Senado los contrató en 2005, cuando se modificó el Reglamento para permitir que los idiomas cooficiales entrasen en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Ahora, su utilización seguirá proscrita en las sesiones de control al Gobierno.