El debate sobre la viabilidad del Estado autonómico se trasladó ayer al Senado y tuvo como máximo defensor al presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó la celebración del pleno de la Cámara Alta en el que se aprobó el nuevo Estatuto de Extremadura para, por sorpresa, tomar la palabra y salir al paso del plan del PP para modificar los pilares del Estado de las autonomías y, a la vez, defender el pluralismo lingüístico.

El modelo territorial actual, afirmó Zapatero, está 'indisolublemente ligado a la prosperidad que ha alcanzado España en la etapa democrática', ya que, según él, ha acercado 'la administración a los ciudadanos' y, 'por ello, se ha revelado como el más idóneo para gestionar y desarrollar de un modo equilibrado y solidario las prestaciones propias del Estado social'.

El presidente dice que catalán, gallego y euskera son 'lenguas españolas'

Además, el presidente del Gobierno insistió en que el actual sistema de cesión de competencias a las comunidades autónomas 'hace posible el reconocimiento' de la 'pluralidad territorial' del Estado. 'La expresión de las diversas identidades que integran nuestro marco común de convivencia', afirmó.

La sesión plenaria de ayer vivió para el presidente 'una nueva manifestación de esa pluralidad' por el uso en la Cámara Alta de euskera, catalán y gallego en las intervenciones de los senadores. 'Lenguas que, como reconoce y establece la Constitución, son, todas ellas, lenguas españolas', recordó.

El PP ve primordial que las CCAA 'contribuyan al proyecto nacional'

El debate previo a la aprobación del Estatuto de Extremadura, en el que además de Zapatero también estuvo presente el líder del PP, Mariano Rajoy, fue eclipsado por las incertidumbres que penden sobre el modelo autonómico, que ha sido puesto en cuestión por el PP. El pasado viernes, José María Aznar aseguró que el modelo es 'inviable'. Y, tres días después, Mariano Rajoy abogó por reformar sus pilares esenciales.

Lejos de quedar relegado a un segundo plano, el nuevo texto extremeño sirvió como pretexto a todos los partidos, incluido esta vez el PP, para realizar sus propios alegatos en favor de la pluralidad territorial de España y de la viabilidad del Estado autonómico.

En el suyo, Zapatero aseguró que el nuevo Estatuto reafirma 'el compromiso de los ciudadanos con su propias instituciones, con las competencias y recursos financieros de las mismas, con su capacidad de actuar en cooperación con las demás administraciones, y de participar en las decisiones estatales y europeas'.

Como hizo el jueves el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, Zapatero volvió a poner a Extremadura como ejemplo del éxito del Estado de las autonomías. Según él, que 'hoy el sistema educativo extremeño sea capaz de ofrecer a sus ciudadanos un nivel de calidad', que 'la sanidad ofrezca una atención plena', o que existan 'empresas de innovación' en la región son muestras de los beneficios del sistema autonómico.

No obstante, Zapatero recordó que 'el compromiso con la España de las autonomías entraña, por sí mismo, un compromiso de lealtad y de cooperación. Un compromiso de desarrollo conjunto de concertación y solidaridad'.

Todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios hicieron esa misma defensa del modelo actual. Incluso el representante del PP, Antonio Monago, que en las próximas elecciones de mayo pugnará por la presidencia de Extremadura, reconoció los 'aciertos' del sistema. 'Claro que ha sido un acierto el Estado autonómico, pero eso no quiere decir que no sea revisable para evitar disfunciones', matizó después el dirigente conservador extremeño.

Pese a las declaraciones de la última semana, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló ayer que su partido no ve necesario cambiar la Constitución para 'reformular' el Estado de las autonomías, lo que tampoco tiene porqué afectar al reparto de competencias.

Sin embargo, los conservadores creen que es primordial que las comunidades autónomas 'contribuyan al proyecto nacional'. El martes que viene llevarán al Congreso su propuesta para modificar la ley de estabilidad para fijar el techo de gasto y de endeudamiento, informa María Jesús Güemes.