La prostitución se ejerce en España sin normas. Los colectivos que combaten la explotación de las mujeres, los vecinos hartos de convivir con proxenetas y las propias prostitutas reclaman acción política. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aceptado el envite y ha anunciado recientemente 'una ordenanza integral de prostitución para regular la actividad'. De momento no ha especificado más. Pero como ha ocurrido hasta ahora, es previsible que la FEMP, como ya han hecho una veintena de ayuntamientos, apueste por sacar el problema de la calle y esconderlo bajo la alfombra de los clubes de alterne. Sin embargo, vecinos y ONG reclaman altura de miras para acabar con la explotación sexual a plena calle y en la oscuridad de los clubes.

Desde 2006 una veintena de ayuntamientos ha decidido poner coto a la prostitución callejera a través de ordenanzas cuyo fin es echar a las mujeres de la calle. La medida, aplaudida por los vecinos y denostada por las ONG que ayudan a las mujeres, la han tomado en los últimos años consistorios como Málaga, Bilbao, Marbella, Granada, Barcelona (una de las pioneras), Calvia (Palma de Mallorca), Alcalá de Henares (Madrid)...

La Federación de Municipios ultima una normativa 'integral'

Los consistorios no suelen hablar de prostitución en las ordenanzas, sino que engloban el problema con otros asuntos cívicos como la mendicidad. 'Antes, las prostitutas eran perseguidas por la Ley de Vagos y Maleantes, las cosas no han cambiado mucho', critica Rocío Nieto, portavoz de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp). Esta ONG de ayuda a las mujeres explotadas considera las medidas municipales como 'muy graves' porque no solucionan el problema sino que lo trasladan a los locales cerrados: 'Allí están mucho más controladas y esclavizadas que en la calle'.

La FEMP ha planteado la necesidad de regular la prostitución en la vía pública para 'mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana'. El anuncio lo hizo el pasado miércoles el presidente de la comisión de seguridad de la Federación y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto. Los detalles de la ordenanza no se conocerán antes de las elecciones locales de mayo pero el hecho de que sean los jefes de Policía los que estén asesorando técnicamente el texto otorga pistas de sus intenciones.

Y precisamente eso es lo que denuncian las ONG: que el debate sea tratado desde el punto de vista de la seguridad y de la convivencia y no de los derechos humanos. 'Así, el fenómeno se hace invisible porque no va acompañado de medidas sociales. No se erradica, sino que se esconde en los clubes, y allí a las ONG nos cuesta más atender a las mujeres por el control de las mafias', denuncia Ramón Esteso, coordinador del área de Inclusión Social de Médicos del Mundo. 'En los clubes aumentan los maltratos, en estos locales ellas no pueden elegir los clientes, tienen que negociar las copas...', continúa Esteso.

El debate está en si es un problema de derechos humanos o de convivencia

Del lado de los vecinos, hay algunos que reclaman medidas progresistas. 'No se trata de encerrarlas en una casa. Basta con regular su actividad. Ellas tienen que tener un ambiente de higiene y de trabajo digno porque, no nos engañemos, van a existir siempre', opina Mabel Díaz, portavoz de la Asociación de Vecinos Residencial Resina, en el barrio madrileño de Villaverde.

Los vecinos representados por Díaz llevan décadas conviviendo con la prostitución del polígono de la Colonia Marconi. Han intentado todo tipo de soluciones. Folletos informativos, reuniones con la policía, denuncias al Ayuntamiento... Pero las prostitutas siguen en plena calle. La última infructuosa iniciativa fue la de delimitar el barrio para que las meretrices no ejercieran su actividad a la vista de niños. 'No funcionó porque las mujeres van y vienen y no podemos estar todo el día encima', reconoce Díaz.

Los vecinos denuncian que todas las iniciativas sólo se han preocupado por vigilar la seguridad del barrio. 'Los políticos no quieren saber nada', lamenta el portavoz de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la calle Montera de Madrid, César Torquemada. 'La situación ha mejorado muchísimo en la última década, pero las prostitutas siguen en la calle', agrega.

El Ayuntamiento de Madrid decidió abordar hace unos años el comercio sexual en la zona centro con seguridad policial. La calle de la Montera fue peatonalizada, se puso una comisaría y cámaras de seguridad, pero cualquier viandante puede seguir presenciando a las prostitutas refugiadas en los portales. 'A nadie beneficia que estén en las calles. Ellas están más inseguras, pasan frío y yo no quiero que mis hijos vean eso todos los días', reclama Torquemada, que apoya la solución rápida de expulsión de la prostitución de la vía pública.

Médicos del Mundo denuncia además que el hostigamiento a las prostitutas en la calle es continuo. 'Peatonalización, obras, dificultad al tránsito de vehículos...', señala Esteso.

Las asociaciones de vecinos de Madrid que cuentan con prostitutas en sus aceras, junto con el colectivo Hetaira, preparan una carta de cara a las elecciones municipales instando a los candidatos a legalizar la prostitución. En la otra gran ciudad, Barcelona, la ordenanza en vigor desde 2006 no ha supuesto una solución. El colectivo Genera, que reclama una atención a las prostitutas, denuncia que la norma 'fue elaborada para sólo un sector de los vecinos que reclamaban seguridad pero no abordó el debate ético', según explica la portavoz del colectivo Clarisa Belochi. 'No ha tenido ningún efecto. Las mujeres siguen ahí. Hace falta valentía política para que no sólo la Policía participe en la regulación sino que los derechos humanos también sean tenidos en cuenta', concluye.

Las ONG denuncian que la mayoría de ordenanzas no persiguen al cliente, sino que criminalizan a la prostituta. La excepción la pone el Ayuntamiento de Sevilla, que recientemente ha aprobado una ordenanza que multa sólo a los clientes.

Alicante ha sido una de las últimas ciudades en mezclar en una ordenanza prostitución y mendicidad. Esquerra Unida Alacant ha criticado la medida al considerar que supone 'un retroceso en la lucha contra la trata de mujeres'.

El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó el otoño pasado también una ordenanza cívica que prohíbe el intercambio de sexo en la calle a menos de 200 metros de las viviendas.

Este tipo de medidas han sido tomadas en otras zonas turísticas como Calviâ.