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Empujados a la ilegalidad al cumplir los 18 años

El Gobierno documenta de forma distinta a los inmigrantes que alcanzan la mayoría de edad

D. A.

Cumplir la mayoría de edad en Madrid supone la pérdida de una batería de derechos para algunos menores extranjeros no acompañados. Según denuncian abogados y asociaciones que trabajan en la formación de estos jóvenes, a los permisos de residencia dispares que emite la Delegación de Gobierno, se une la 'dejadez' de la Comunidad de Madrid en tramitar su futura documentación antes de que cumplan los 18.

En el último año, este diario ha documentado casos de subsaharianos que llegaron en el mismo cayuco y tuvieron una historia educativa y laboral paralela, pero que recibieron sus documentos a edades distintas. Bamjougou, Almamy y Amadou llegaron en la misma embarcación en 2006 y viven juntos en Madrid desde 2007. Ninguno tiene empleo y, a los 18 años, la delegación documentó sólo a Almamy. Los papeles de Bamjou-

gou no llegaron hasta que cumplió los 19 años y los de Amadou, hasta los 20. 'Tu documentación no depende de la ley, sino del funcionario que te toque', denuncian. La Delegación del Gobierno asegura que cumple la ley.

España no puede expulsar a los menores de edad sin localizar previamente a sus padres. Si se quedan a vivir en España, sus tutores legales deben tramitar sus documentos y asesorarles para que no caigan en la irregularidad al alcanzar la mayoría de edad.

Pero en Madrid hay excepciones. Por ejemplo: Isaac Eshum, gambiano que vivió en uno de los centros para menores de la Comunidad hasta su mayoría de edad el 4 de mayo de 2010. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales asegura que no le tuteló -sólo le dio protección- porque sospechó que su pasaporte podía ser falso. 'Al no ser sus tutores legales, la ley no nos obliga a ir tramitando la documentación que tendrá cuando cumpla los 18', defiende la consejería. Sin nadie que le asesorase cuando era menor, se convirtió en un irregular el día de su cumpleaños.

Sin papeles, Isaac no puede acceder a la educación pública, por lo que recurre a talleres de ONG. En los dos últimos años ha estudiado mecánica de motos y soldadura. 'El Gobierno autonómico tendría que haber solicitado y promovido que se tramitase su permiso de residencia, pero prefirió dejarlo en desamparo', reclama Fernando Saleta, presidente de Colectivo La Calle. Su ONG trabaja en la acogida y formación de jóvenes inmigrantes. La mayor parte son subsaharianos que llegaron en cayuco en 2006 o 2007. En las casas de acogida donde viven, se multiplican los casos como el de Isaac y los retrasos en la documentación.

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