'Les hablaré de Salvador. Un vecino de Terrasa que, con 22 años y mucha ilusión por formar una familia, se fue con su mujer a parir a un pequeño hospital. Quería presenciar el milagro de un nacimiento y tuvo la inmensa fortuna de ver nacer a su hija. Cuando lo cuenta, emocionado, dice que era una niña preciosa'. Antonio Barroso, presidente de la asociación que ha denunciado 261 robos de recién nacidos ante la Fiscalía, explicó ayer en el Congreso de los Diputados la dimensión del drama a través del caso de Salvador.

'La mala fortuna quiso que su mujer empezara a sentirse mal y fue trasladada a Barcelona al Hospital de la Vall d'Hebron. Salvador se fue con ella, tranquilo, porque había visto a su hija en perfectas condiciones. Desgraciadamente, su mujer falleció. Roto por el dolor, velando el cuerpo de su mujer, su cuñado le comunicó desde el Hospital de Terrasa que la niña también había muerto. La documentación dice que la niña ha nacido sin vida. Cuando fue a reclamar le aconsejaron que lo dejara. El hombre, vencido, enterró la caja cerrada con clavos. No le dejaron ver el cuerpo. Hace unos ochos meses, convencido de que vio a su hija viva y preciosa, decidió exhumar los restos. Los análisis genéticos dicen que son de un varón y que no es su hijo', concluye Barroso.

«El cuerpo enterrado no era de su hijo», relató un portavoz de los denunciantes

El caso conmovió a los diputados de la Comisión de Justicia que después de escuchar otros casos en boca de Barroso mostraron su apoyo unánime a la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir) en su petición de ayuda para resolver miles de sospechas documentadas como las de Salvador. 'La sociedad española ha mirado tarde el dolor de un pasado que consideraba metabolizado. Ahora, estaremos implicados hasta el tuétano', escenificó el diputado de ERC que convocó la comparecencia de los denunciantes, Joan Tardá.

Los diputados se comprometieron a presionar al Gobierno para esclarecer los hechos con medidas administrativas, a través de los presupuestos, además de con las que lleven a cabo los fiscales. Los representantes de Anadir reclamaron apoyo para atender 'más de 5.000 correos electrónicos' que han llegado a la asociación en los últimos meses. Junto a las 261 denuncias puestas en marcha por orden del fiscal general del Estado, tienen preparadas otras 1.000 más.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, el apoyo de los diputados no estaba garantizado. Otra de las asociaciones que reclama una investigación judicial al respecto es la Plataforma de Afectados por el Robo de Niños en Clínicas de toda España que decidió hace tres años emprender su lucha junto con la causa contra los crímenes del franquismo. Mar Soriano, que denuncia el robo de su hermana en la Clínica O'Donnell de Madrid, reclamó a los diputados que el 18 de julio sea declarado el día de los niños desaparecidos por ser 'el inicio de todo'.

«Es un crimen contra la humanidad», reflexionó el PNV

Las diputadas del PP Inmaculada Vanyuls y Susana Camarero mostraron todo el apoyo de su grupo parlamentario a que se conozca 'la verdad' de los casos que van desde 1940 hasta incluso 1990. 'Que paguen los que lo hicieron', sentenció Camarero. El diputado del PNV, Emilio Olabarria, mostró incluso su apoyo a que sea la Audiencia Nacional la que investigue lo sucedido. 'No es sólo un delito de falsedad documental o de sustracción de menores. Es un delito de trata de seres humanos, eso es un crimen contra la humanidad y esos delitos no prescriben', argumentó el diputado nacionalista.

Los afectados reclamaron pruebas genéticas gratuitas, apertura de archivos y una oficina de atención a las víctimas similar a la que se abrió en Argentina en la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura militar. Medidas que ayuden a que padres robados e hijos robados se reencuentren.