María del Mar Moreno, consejera andaluza de Presidencia, anunció ayer que la Junta va a cortar los pagos y a exigir a los falsos prejubilados detectados hasta ahora en su investigación interna que devuelvan el dinero público que han cobrado sin tener derecho a ello.

El Gobierno distingue dos grupos entre los 146 intrusos descubiertos por el momento en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía. Considera que 59 personas están en una situación injustificable, mientras que otros 87 podrían explicar su inclusión en los ERE al haber tenido alguna vinculación, aunque fuera remota, con la empresa acogida al expediente. El Gobierno califica estos casos de 'discrepancias administrativas'.

La Administración, según explicó Moreno, contactará con cada uno de ellos y les dará un plazo para explicarse. En el caso de que sus argumentos no convenzan a Empleo, la Consejería emitirá una resolución en la que les instará a devolver el dinero. La Junta aún no sabe la cantidad que ha podido acabar en las cuentas de los falsos prejubilados. Trece socialistas están presuntamente implicados por el momento en la trama de colocación de falsos prejubilados, entre ellos cuatro altos cargos. Son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdelegado en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectores generales Javier Guerrero y Juan Márquez. Los otros nueve son intrusos, de los que dos ya han muerto. Además, la suegra de Guerrero y dos cuñados de Rivas se cuentan entre los falsos prejubilados.

La jueza admite la personación de la Junta como parte acusadora

Moreno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, indicó que el objetivo de la Junta es 'recuperar hasta el último euro que se haya pagado indebidamente'. Y agregó que la Junta es 'la primera perjudicada por las irregularidades detectadas en los ERE. Los andaluces tienen derecho a que su Gobierno recupere hasta el último euro'. 'Es motivo de tranquilidad apostilló Moreno que de inmediato procedamos a paralizar las prejubilaciones a las que no tengan derecho personas que han sido detectadas como ajenas a la empresa en cuestión'.

La consejera de Presidencia manifestó que hasta ahora, en 30 años de gobiernos socialistas en Andalucía, sólo había sido imputado un exconsejero, Juan José López Martos, quien fue acusado por el llamado caso Ollero y después quedó absuelto. 'Pocas comunidades del tamaño de Andalucía pueden presentar un balance tan digno, tan alejado de la corrupción y tan cercano al buen gobierno', dijo Moreno. La consejera señaló además que hay muy pocos precedentes en España 'de una actuación tan transparente, inmediata y tan contundente como la que ha llevado a cabo el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en relación con las irregularidades descubiertas en los ERE'.

«Seremos igual de activos en el proceso que en la denuncia», dijo Mar Moreno

Moreno anunció además que la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso, había admitido la personación en la causa como 'parte acusadora' de la Junta de Andalucía. 'Esto nos permitirá exigir responsabilidades civiles y penales a los presuntos culpables', afirmó.

'Igual que hemos sido activos en la investigación y la denuncia, vamos a ser absolutamente activos en el proceso penal', remachó la consejera Moreno. La estrategia de los socialistas andaluces en este asunto recibió ayer el respaldo de Ferraz, que califico de 'ejemplar' la reacción ante las ilegalidades.