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Nuevas denuncias en la causa argentina contra el franquismo

Dos españoles se han sumado al procedimiento, que ya cuenta con seis querellantes

ANA DELICADO

La causa abierta en Argentina contra los crímenes de la dictadura española cuenta con dos nuevos denunciantes. Los españoles Críspulo Nieto Cicuéndez y Eugenio Gómez San Juan se han sumado a la querella, como familiares de víctimas del franquismo, para denunciar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra sus allegados, tres republicanos.

Nieto Cicuéndez presentó el caso de su padre, que fue secretario de UGT y dirigente del Frente Popular y del PSOE en Puebla de Almoradiel (Toledo), antes de incorporarse al Ejército republicano en enero de 1939. En esa fecha también su tío, Gumersindo Cicuéndez Bustos, se unió a las filas republicanas después de haber ejercido como alcalde del pueblo.

Ambos 'fueron interrogados y torturados sin que consiguieran que se autoinculparan de los delitos que les imputaban', de acuerdo con la demanda presentada en Argentina. Finalmente, fueron asesinados en 1940 por el supuesto delito de rebelión militar y enterrados en una fosa común del cementerio de Ocaña (Toledo) sin que hasta ahora se hayan identificado sus restos.

El segundo querellante, Gómez San Juan, denuncia que su abuelo, originario de Pitiegua (Salamanca), fue condenado a 20 años de reclusión por 'adhesión a la rebelión'. En su expediente procesal se indica que era 'poco recatado en su expresión, la cual exterioriza siempre contra los Nacionales, () en las últimas elecciones hizo propaganda en favor del Frente Popular () y descaradamente insultaba al Ejército Nacional llamándolo canalla'.

San Juan Marcos no llegó a cumplir toda la condena. En enero de 1938 falleció en la cárcel por una tuberculosis pulmonar, y su cadáver fue entonces enviado al Hospital Provincial de Salamanca.

La causa cuenta ya con seis querellantes: tres argentinos y tres españoles. Los abogados que llevan la investigación todavía esperan que España conteste al exhorto enviado en septiembre de 2010 por la juez federal María Servini en el que se pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que informe si se investigan los crímenes del franquismo. En concreto, 'la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física' entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977'. Todavía se espera una respuesta.

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