Podría convertirse en una de las mayores demandas de la historia de Estados Unidos, una batalla parecida a la guerra legal que tuvo lugar en los noventa contra las tabacaleras. El demandado en este caso es el gigante Wal-Mart, un imperio comercial con más de un millón de empleados, el minorista más grande del mundo, al que sus trabajadoras denuncian por discriminación sexual.

Ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos empezó a debatir el caso. Debe decidir si la demanda presentada hace diez años por unas empleadas de uno de sus almacenes de Pittsburg (California) puede ampliarse a toda la cadena y adoptar la forma de una demanda popular (class-action suit) a la que podrían acogerse millón y medio de empleadas de la última década.

Las denunciantes buscan que los jueces admitan una demanda colectiva

Las primeras mujeres que denunciaron a la cadena en San Francisco en 2003 alegan que se les debería permitir ir a juicio contra el minorista por haber recibido salarios inferiores y menos promociones que los hombres en los 3.400 centros estadounidenses (Wal-Mart tiene más de 8.000 tiendas en todo el mundo) desde finales de 1998.

La decisión del Supremo, que se espera para finales de junio, podría cambiar el panorama legal de las demandas laborales y otro tipo de acciones populares, afectando a otras muchas causas.

En la vista de ayer, varios jueces cuestionaron que la supuesta discriminación se extendiera a toda la cadena. El conservador Anthony Kennedy dijo no ver 'ninguna práctica ilegal', y su colega, Antonin Scalia, calificó de inconsistentes los argumentos de las empleadas.

Las primeras acciones judiciales se iniciaron en 2003 en San Francisco

Wal-Mart, fundado en 1962 por Sam Walton, tiene un historial laboral complicado, y de hecho no permite que ninguno de sus empleados se afilie a un sindicato, una de las razones por las que no ha conseguido implantarse en la ciudad de Nueva York. Además ha sido criticado por no tratar muy bien a sus trabajadores ganan poco más de 15.500 dólares al año, cerca del salario mínimo y por su impacto negativo en las economías locales.

Para que progrese la petición, las demandantes deben demostrar que la discriminación sexual era una política sistemática de la empresa, algo que niega Wal-Mart. El abogado del gigante, Theodore Boutrous, afirma que las empleadas no tienen suficientes argumentos en común para una demanda popular única.

Las trabajadoras piden «una oportunidad» para poder ir a juicio

Betty Dukes, la empleada de Wal-Mart que ha dado nombre al caso, asistió ayer a la vista oral. 'Sin una acción popular no se podría hacer nada contra la discriminación. Wal-Mart es demasiado grande. Una acción popular nos da una oportunidad. Eso es todo lo que pedimos', dijo Dukes. 'No vamos a perder', añadió Chris Kwapnoski, otra de las demandantes originales que recordó cómo su jefe le aconsejó que se 'pusiera mona' si quería conseguir un mejor puesto.

Incluso si prospera la demanda, es poco probable que haga mella en el coloso. Expertos legales y financieros estiman que, aunque Wal-Mart pierda en el Supremo, la compañía, con más de 400.000 millones de dólares en ventas, tiene fondos suficientes para pagar una gran indemnización, que podría alcanzar los 1.500 millones de dólares, sin que afecte sus resultados. E incluso aguantar otra década de batalla legal sin problema.