Hace menos de un mes, el pasado 5 de marzo, Francisco Camps, el presidente valenciano imputado por cohecho pasivo impropio por el caso de los trajes, firmó en Palma, igual que el resto de candidatos de su partido, el manifiesto del PP contra la corrupción y la decisión de actuar contra ella “con celeridad”. Izquierda Unida, que siempre ha izado la bandera de la “regeneración democrática”, buscará el contraplano de esa foto. Este viernes 8 de marzo hará que unos 70 cabezas de lista de los comicios del 22 de mayo rubriquen el “compromiso firme” con la “transparencia” y la “democracia participativa”.

El acto, coordinado por las secretarias de Política Institucional y Municipal, Montse Muñoz y Encarna Páez, pretende cumplir un “papel simbólico, que no mediático”. “Siempre hemos asumido el compromiso de la transparencia, pero ahora hace falta remarcarlo”. Remarcar que IU es la formación con “las manos más limpias”, inciden fuentes de la dirección.

El contenido literal del código ético no se conocerá hasta mañana lunes, cuando se reúna la Comisión Electoral. Pero recogerá el rechazo al transfuguismo, la exigencia de que todos los cargos publiquen su patrimonio y rentas, la potenciación de la participación o la necesidad de la máxima transparencia en las adjudicaciones. Se trata de visualizar que IU gobernará el dinero público “con los bolsillos de cristal”.

El 22-M también fue abordado ayer sábado por la Presidencia Ejecutiva Federal de IU. Era uno de los puntos del informe de Cayo Lara, que fue aprobado por unanimidad, aunque es cierto que había media entrada (una veintena de dirigentes de los 60 que componen el órgano intermedio de dirección). El coordinador llamó a los suyos a volcarse en la campaña y centrarse en las políticas de empleo, la defensa de lo público y la lucha contra la corrupción. La federación intentará responder cómo cada ayuntamiento y cada comunidad autónoma puede ayudar a una salida social a la crisis frente a un PSOE “antisocial” y un PP en el que “desconfiar”.

La Presidencia Ejecutiva avaló también una resolución contra la “privatización de las cajas de ahorros” y otra de rechazo a la intervención en Libia. Y, por supuesto, se trató la sucesión de José Luis Rodríguez Zapatero después de que el presidente del Gobierno anunciara ante el Comité Federal de su partido que renunciaba a encabezar la lista del PSOE para las generales de 2012.