La Audiencia Nacional juzga desde hoy el último caso pendiente de los GAL, el que concierne al expolicía Miguel Planchuelo, acusado de ordenar los atentados cometidos en 1986 en los bares Batzoki y Consolation, en el sur de Francia, en los que resultaron heridas seis personas.

La sección tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, juzga entre hoy y el miércoles al exjefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, que se sienta en el banquillo por la acción de la acusación popular, ya que la Fiscalía pidió el archivo de la causa por falta de autor conocido y la Abogacía del Estado decidió también apartarse del procedimiento.

Planchuelo fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a nueve años y seis meses de cárcel por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, primera acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), dedicados a la 'guerra sucia' contra ETA.

Por el caso Marey también fueron condenados a 10 años de cárcel el exministro del Interior José Barrionuevo, el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el exdirector de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.

La acusación popular imputa a Planchuelo seis delitos de asesinato frustrado y uno de lesiones graves y le acusa de haber ordenado al expolicía José Amedo la contratación de mercenarios portugueses y su traslado a Francia para cometer los atentados contra esos bares.

La acusación popular imputa a Planchuelo seis delitos de asesinato frustrado

En el juicio está previsto que testifiquen Amedo y el también expolicía Michel Domínguez, condenados en 1991 a 108 años de prisión cada uno por reclutar a los mercenarios portugueses que ejecutaron los atentados en los bares Batzoki de Bayona y Consolation de San Juan de Luz, el 8 y 13 de febrero de 1986, respectivamente.

También han sido llamados a declarar como testigos altos cargos que han sido condenados por su vinculación con los GAL como Julián Sancristóbal o el exsecretario general de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea, así como periodistas que investigaron a este grupo, entre ellos Melchor Miralles.

El juez Baltasar Garzón dictó la conclusión de este sumario (el 1/88) en abril de 2000 y lo remitió a la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una vez 'practicadas todas las diligencias necesarias'.