El conflicto de legitimidades se ha consumado. La jueza Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta, ya tiene sobre su mesa el no oficial del Gobierno andaluz. El Ejecutivo regional ratificó ayer ante la jueza su negativa a entregarle todas las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno desde 2001 por el 'carácter reservado' de parte de esa documentación y se ofreció a enviarle 'toda la información relevante', según fuentes de la Junta.

Ahora la pelota del choque institucional está en el tejado de la jueza. Tiene en su mano elevar un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Supremo, para que actúe de árbitro. Ese es precisamente el escenario más probable que contempla el Gobierno andaluz desde que anunció, el martes pasado, que no tenía intención de darle a Alaya todas las actas. Aunque también cabe la opción de que concrete y afine más su petición de documentación, como le ha ofrecido la propia Junta de Andalucía.

Alaya ha solicitado las actas desde 2001 en dos autos recientes. La jueza quiere disponer de esta información para saber si el Gobierno destinó dinero del fondo bajo sospecha de 647 millones a sabiendas de que era irregular, lo que podría suponer un delito de prevaricación. La Junta cree que la petición es indiscriminada y que no está motivada. Y se apoya en el artículo 31.1 de la Ley del Gobierno de Andalucía, que dice que 'los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos'.

Citado por la jueza a las 13.30 horas de ayer, un miembro de los servicios jurídicos de la Junta acudió puntual al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Alaya quería que la Junta le comunicase si persistía en su negativa a no entregar las actas. El letrado de la Administración autonómica entró en el despacho de la jueza sobre las 14.20, tras esperar unos 50 minutos. Allí le comunicó que la Junta se ratifica en su acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de marzo y le ofreció 'cauces alternativos que permitan enviar toda la información relevante para la instrucción judicial sin violar la ley', según indicaron a Efe fuentes de la Junta.

Por otro lado, el sindicato derechista Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, ha pedido a la jueza que 'expulse de la causa' a la Junta, acusación particular y parte perjudicada, 'por abuso del Derecho y mala fe procesal al tratar de que la jueza se inhiba', informa Efe

La Junta ha detectado hasta la fecha 183 prejubilados irregulares, 72 de los cuales no tuvieron ninguna relación con las empresas por las que se prejubilaron. A las cuentas de estas 72 personas se han desviado a lo largo de los últimos diez años nueve millones de euros, según la Junta. La investigación ha abarcado a 5.982 trabajadores beneficiarios de ayudas en 68 empresas. En 24 de ellas se han localizado intrusos y en 18 'discordancias'.

Hasta el momento en el caso están implicados 13 socialistas, de los que 11 no tienen militancia. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez (2008-2010) aún conservan el carnet.