Personal de la Junta de Andalucía ha depositado sobre las 14.15 horas de este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde está abierto el procedimiento sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad, en 11 sobres lacrados, que había solicitado la magistrada encargada del caso, Mercedes Alaya.

De este modo, la Junta ha apurado el plazo máximo de 72 horas que había fijado la juez Alaya en un auto dictado el pasado lunes, en el que además advertía a la Junta de que incurriría en un delito de desobediencia si no entregaba dentro de dicho plazo copia compulsada o testimonio de las actas de los Consejos de Gobierno celebrados durante los últimos diez años.

Las actas se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente. El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha dicho a la agencia EFE que las 480 actas se conservarán en un lugar 'absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales'. Dicho lugar y los detalles de la custodia no han sido desvelados por las mismas razones de seguridad y responden a la petición hecha esta mañana por Guillermo Muñoz, coordinador del área de justicia de la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, a la juez de instrucción 6. 

Los documentos permanecerán allí sin poder ser consultados hasta que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, adscrito al Tribunal Supremo, resuelva el requerimiento de incompetencia promovido por la Junta al entender que la juez 'carece de jurisdicción en orden al levantamiento del carácter reservado de los informes que incorporan las actas del Consejo de Gobierno, al ser competencia exclusiva del Consejo de Gobierno la potestad de hacerlas públicas'.

Representantes legales de la Junta han acordado con los juzgados de Sevilla las condiciones de la entrega de las actas en un procediiento que ha estado supervisado por el juez decano, Federico Jiménez Ballester. El Gobierno andaluz ha expresado su 'satisfacción' por el hecho de que la Guardia Civil se encargue de la custodia de las actas, como habían solicitado los servicios jurídicos de la administración autonómica, y ha subrayado que su objetivo en todo momento no ha sido otro que 'reforzar la seguridad del juzgado solicitando medidas especiales que han sido atendidas', han informado fuentes de la Junta.

Mercedes Alaya se encuentra a la espera de que las partes se pronuncien sobre el conflicto de jurisdicción que la Junta quiere plantear ante el Tribunal Supremo, pues entiende que el contenido de esas actas es reservado. Alaya quiere conocer si los Consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes irregulares.

En su investigación interna, la Junta ha identificado un total de 183 irregularidades, de las que 111 define como 'discordancias administrativas' y 72 'intrusos' o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. La juez, por otra parte, ha pedido a la Junta un funcionario de refuerzo que apoye la tramitación de los tres sumarios de gran volumen que investiga: los ERE de la Junta, los cuatro sumarios en que se encuentra desgajado el caso Mercasevilla y la investigación sobre el delito societario del ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.

Dicha petición fue entregada el pasado 31 de marzo a la Delegación de la Consejería de Justicia en Sevilla y aún no ha recibido respuesta, han indicado fuentes del caso. Alaya ya fue eximida la semana pasada por la Junta de Jueces de Sevilla del reparto de nuevos asuntos penales durante seis meses, dado el volumen de los que ya tramita.