El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro abrió ayer juicio oral contra Baltasar Garzón por un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. ¿Por qué? Por haber intervenido las comunicaciones que mantuvieron los imputados en el caso Gürtel que se encontraban en prisión, mientras él instruyó el caso. Es decir, el mes y medio transcurrido entre que los tres fueron arrestados y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid asumió la competencia de la investigación.

La apertura de juicio oral no implica que Garzón vaya a ser juzgado primero por esta causa, iniciada por la querella del exfiscal Ignacio Peláez, abogado del imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri. La misma decisión se adoptó en mayo de 2010 en la de los crímenes del franquismo y aún no se ha señalado juicio. Todavía no se ha dado traslado al fiscal de la recusación que en diciembre presentó el juez contra cinco de los siete magistrados designados para juzgarle.

El auto llega a sembrar dudas sobre la investigación de la trama de corrupción

El auto de ayer que llega hasta a especificar que sólo será aplicable a Garzón el delito de prevaricación, al haberse cometido el otro 'en concurso de normas' con el primero es muy duro con el magistrado de la Audiencia Nacional. Le acusa de que, 'con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que mantuvieron los internos con sus abogados'.

Añade que, 'precisamente, por la confianza del interno en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado, pretendía obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación. De modo que, conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, dominaba completamente la evolución de la causa, de gran trascendencia mediática'.

El juez Jorge 'admite como hechos susceptibles de enjuiciamiento, en virtud de los escritos de las acusaciones particulares', que piden hasta 17 años de inhabilitación para el acusado, una descripción de cómo se produjeron las escuchas de la Gürtel. Su relato no incluye las alegaciones realizadas por Garzón durante la instrucción del caso, pero, además, siembra dudas sobre la investigación de la principal trama de corrupción llevada a cabo en los últimos años.

Garzón tendrá que defenderse sin poder oír las conversaciones

Al reproducir el primer auto por el que se le acusa de prevaricación, de 19 de febrero de 2009, califica de 'coletilla' la advertencia que el magistrado hizo a los policías encargados de las grabaciones, consistente en que se previniera 'el derecho de defensa'. Para el juez Jorge, Garzón lo hizo porque 'era consciente de que la resolución que adoptaba tenía una capital incidencia en el derecho fundamental a la defensa'. A su juicio, 'sabía imposible' que se cumpliese la prevención de que se garantizase ese derecho en los términos en los que había dispuestola intervención.

Pero es más, para el magistrado Jorge, al abogado José Antonio López Rubal, que resultó imputado en la causa, 'se le permitió continuar con la defensa' de los considerados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo (ambos acusan a Garzón en esta causa), 'hasta que por propia iniciativa de los internos decidieron un cambio de defensa'. La resolución obvia que el cambio de letrado se produjo después de que Garzón dictase una providencia informándoles de que había sido imputado.

El juicio oral por los crímenes del franquismo ya suma un año de demora

José Antonio Choclán fue designado por Correa el 2 de marzo de 2009, el mismo día que Crespo nombró a Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo. Un día después, el instructor los tuvo por personados. Y el 5 de marzo se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del de Valencia.

El actual instructor de la causa en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, prorrogó las escuchas, por lo que Garzón ha pedido con existencia y nada de éxito que declarara como testigo en el procedimiento. La Sala de lo Penal del TSJM anuló las conversaciones entre imputados y los abogados, y no el resto, pero no dedujo testimonio contra ninguno de los instructores.

Para el juez Jorge, 'la Policía, la Fiscalía y el magistrado instructor, que tenía dispuesta la toma de declaraciones a los imputados al poco tiempo, tuvieron acceso' con las escuchas 'a información relevante con anterioridad a que los imputados prestaran nueva declaración en el proceso', porque 'accedieron indebidamente a las estrategias de defensa establecidas entre los internos y sus abogados'.

Como ejemplo de esa vulneración de la estrategia de defensa, el auto resume algunas de las conversaciones intervenidas, como el interés demostrado por el querellante en los trajes del president de la Generalitat Francisco Camps, pese a no afectar a su cliente. Peláez también se querelló contra las fiscales del caso y el Supremo lo rechazó.

Otra referencia de Jorge a las escuchas procedimiento en el que Garzón tendrá que presentar escrito de defensa sin haberlas oído es sobre la principal prueba de cargo: el pen drive intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo, cuando fue arrestado, es decir, antes de que se ordenara la controvertida medida. El auto señala que los imputados hablaron de él con sus abogados y que trataron qué debía decir Correa sobre él cuando fuera interrogado, comparecencia en la que se negó a hablar.

La apertura de juicio oral se ha producido sin que la Sala de lo Penal haya resuelto los recursos de apelación presentados. Si al hacerlo se contamina, Garzón procederá a recusar a los magistrados que ya se adelanta que le juzgarán por las escuchas, como hizo en la Memoria Histórica.