El Gobierno catalán resistió sin inmutarse las primeras críticas de los partidos políticos al recorte sanitario. Tampoco alteró su postura por los comunicados de los sindicatos. La pasada semana, soportó estoicamente las primeras movilizaciones de los profesionales de los hospitales públicos, que hicieron manifiestos, plantes y cortaron vías. Pero las palabras, en un vídeo, del principal asesor del president Mas en materia de sanidad, Miquel Vilardell, reclamando que se paralicen los recortes y se inicie de nuevo todo el proceso para garantizar el sistema público de salud ha acabado poniendo entre las cuerdas al Govern, que ayer improvisó un acuerdo con el que pretende blindarse contra las críticas generalizadas.

El Ejecutivo catalán se vio ayer forzado a reaccionar y dedicó la rueda de prensa posterior a su reunión de gobierno a matizar el alcance del drástico ajuste previsto en este campo. El año pasado la inversión en este sector se elevó hasta los 9.500 millones (más 850 millones de facturas impagadas), siendo la principal partida de gastos de la Generalitat, y para este año se anuncia un ajuste cercano al 10%. Este se llevará a cabo, según anunció el Govern, en una comparecencia sin concreciones, sin que afecte ni a la atención primaria ni a la atención de patologías severas, ni al servicio de urgencias. Ningún sindicato se creía ayer este nuevo dogma si se mantiene el ajuste como se ordenó en febrero.

Las críticas del asesor de Mas obligan al Govern a responder

Así lo aseguró el conseller de Salut, Boi Ruiz, que remarcó que para el Govern estos tres campos son 'incuestionables e irrenunciables' para preservar la calidad de un servicio que 'no está en peligro'. Los profesionales se han manifestado en sentido contrario en los últimos días tras comprobar el alcance de las primeras medidas asumidas por los centros públicos. Y a ellos se sumó con contundenciaVilardell, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y asesor personal de Mas.

El conseller Ruiz se fajó en su esfuerzo por recalcar que los ajustes van destinados a sacar del 'agujero negro' financiero a Catalunya: 'Este esfuerzo que pedimos al sector sanitario es para sacar al país de la situación en la que se encuentra'. En el aspecto económico, Ruiz endureció su tono cuando fue informado de las palabras de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que manifestó en Barcelona que si tuviera que elegir 'entre eliminar el impuesto de sucesiones [como ha hecho el Govern de Mas] o recortes en Sanidad', lo tendría muy claro. 'Todos estamos pasando por momentos difíciles, pero no todos los gobiernos recortan en lo mismo', agregó la ministra. La réplica del conseller fue contundente: 'Si a la ministra lepreocupa la sanidad de Catalunya, debería insistir en que su Gobierno pague a Catalunya estos 1.450 millones de euros del fondo de competitividad, como pide la Generalitat y ahora también el PSC'.

El Ejecutivo acuerda asegurar urgencias, atención primaria y dolencias graves

Más allá del rifirrafe, Ruiz sacó a relucir el argumentario del Govern para asegurar que 'ningún ciudadano perderá ningún derecho sobre ninguna prestación sanitaria ni sobre ninguna gratuidad' e insistió en el carácter 'público, gratuito y universal' del sistema sanitario catalán. También se refirió a las palabras de Vilardell, y se mostró prudente: 'Es una opinión respetable, como la de todo el mundo', dijo después de manifestar que están en 'contacto permanente y periódico'.

Lo cierto es que el alarmante anuncio de Vilardell viene a completar la rebelión total en la que está inmersa la sanidad catalana desde el pasado mes de febrero, cuando la Conselleria de Salut envió a los hospitales una orden para que elaboraran unos presupuestos con una contención del gasto del 10% de promedio.

Las medidas han acabado superando las previsiones del propio Govern, que ha visto como los gerentes, para hacer frente al recorte, planteaban la supresión de quirófanos, la clausura de plantas enteras y el cierre temporal o total de consultas externas y determinados servicios.

Muchos trabajadores eventuales e incluso facultativos temen por sus empleos. Y lo peor, pese a la radicalidad de las medidas, los gestores asumen que es imposible mantener las mismas prestaciones básicas y la calidad asistencial asumiendo una rebaja de esa magnitud.

Pocos centros han recogido en sus planes de choque remitidos a la Conselleria recortes totales del 10%. Las patronales de los hospitales concertados aseguran que el máximo ajuste soportable con la garantía del servicio oscila entre el 3% y el 5%. Más allá de ese umbral, aseguran que se pone en riesgo el sistema, por lo que demandan a los partidos políticos que sellen un acuerdo y busquen financiación para mantener el costoso servicio público tal y como está diseñado ahora.

Tanto los centros privados como los ocho hospitales públicos que dependen del Institut Català de la Salut coinciden en esa lectura. Lo sabe hace semanas el conseller Ruiz porque se lo han dicho sus responsables y desde el lunes por la tarde también lo ha escuchado de viva voz Vilardell, que se reunió con ellos el lunes por la tarde como presidente de los médicos de Barcelona y como presidente del consejo asesor de Mas. Ruiz mostró ayer su disconformidad con ese encuentro al afirmar que se han 'de respetar los canales institucionales'. Una referencia que también valía para el vídeo de Vilardell.

Enero

El Govern asume y comunica que deberá realizar un recorte general del 10% en el presupuesto de la Generalitat para este año, todavía prorrogados. Sanidad y enseñanza no se libran.

Febrero

La Conselleria de Salut envía a los hospitales una carta ordenando una elaboración de presupuestos con un ajuste del 10%. Da libertad a los gerentes a escoger medidas de recorte, pero afirma que la decisión final la tomará la Conselleria.

Marzo

El 31 de marzo, la Conselleria recibe todos los planes de choque y se da tres semanas para tomar una decisión final. Tras conocer las medidas propuestas, los sindicatos son los primeros en clamar. Después les siguen las asociaciones de médicos. Hasta hoy.