En 2000, una empresa pidió una licencia al Ayuntamiento de Guadarrama para abrir un restaurante en una zona no urbanizable y especialmente protegida.

El promotor del polémico asador era el edil de Urbanismo y hoy candidato a la alcaldía por el PP, Miguel Rodríguez. Y al frente del gobierno municipal que se la concedió estaba José Ignacio Fernández Rubio, ahora alcaldable en Las Rozas tras su etapa de viceconsejero de Empleo y Mujer.

En 2003, la dirección de Urbanismo de la Comunidad exigió el cierre de El Molino del Rey, pero ahí sigue, preparado para atender cada día a 160 comensales. Y los dos ediles, imputados por un delito contra la ordenación del territorio por el que pueden ser inhabilitados, han sido los elegidos por el PP para abrir una nueva etapa en Las Rozas y Guadarrama, que supuestamente debe servir para disipar cualquier sombra de corrupción.

Con la pérdida del aforamiento de Fernández Rubio, que también era diputado autonómico, el caso volverá al juzgado de Villalba, donde según fuentes jurídicas la apertura del juicio oral es inminente. Y Rodríguez está además imputado en una segunda causa en Guadarrama, por prevaricación.

El Partido Socialista de Madrid recordó ayer las causas pendientes con la justicia de ambos al difundir un listado de candidatos del PP en las elecciones del 22-M imputados en causas abiertas en la Comunidad: incluye un mínimo de nueve alcaldables y un aspirante a diputado con elección garantizada.

No hay rastro de la Gürtel, pero sí vinculaciones con otros casos importantes Guateque, Becara, Porto,fragmentación de contratos públicos para supuestamente burlar la ley, aumento de determinados sueldos a espaldas de la normativa, adjudicaciones a dedo y sin los informes preceptivos favorables, compra de fincas con sobreprecio, tráfico de influencias e ignorar sentencias judiciales, entre otros.

José I. Fernández: Las Rozas, Ordenación del territorio

El hasta ahora viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad y diputado autonómico está imputado por un delito contra la ordenación del territorio de cuando era alcalde de Guadarrama: concedió una licencia de explotación para instalar un restaurante en suelo protegido y no urbanizable a una empresa del actual alcaldable del PP. 

Miguel Rodríguez: Guadarrama, Prevaricación

Enfrenta dos imputaciones: la primera, por conceder como concejal de Urbanismo una licencia para instalar un restaurante en una zona protegida a una empresa controlada por él mismo, causa en la que está imputado también el actual alcaldable en Las Rozas. La segunda, por prevaricación por forzar el cambio de ubicación de una empresa. 

Ignacio García: Alcobendas, Malversación y otros

El alcalde está imputado en el juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas tras la admisión a trámite de una querella que le atribuye los delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Una empresa municipal compró dos fincas valoradas en 12 millones de euros por un precio de 25 millones. 

Clara Torre: Torres de la Alameda, Malversación

La alcaldesa y candidata a la reelección está imputada por malversación de caudales públicos por supuestamente aprobar y mantener subidas de sueldo ilegales a 20 de los 29 funcionarios municipales. El número dos y el número cuatro de la candidatura también están imputados. Está previsto que en junio tengan que declarar como imputados. 

Miriam Rabaneda: Pinto, Prevaricación

La exalcaldesa popular está imputada por prevaricación junto a su hermana, exconcejala de Hacienda durante el Gobierno del PP en Pinto entre junio de 2007 y diciembre de 2008. Ambas autorizaron pagos con informes contrarios de la Intervención municipal que incluían fraccionamiento y otras irregularidades. 

Raúl López: Coslada, Prevaricación y otros

Ya fue alcalde de Coslada por el PP. Se enfrenta a una condena de ocho años de inhabilitación y dos años de cárcel por haber mantenido el sueldo a Ginés Jiménez, exjefe de la Policía Local, conocido como ‘el sheriff de Coslada', ignorando una sentencia del juzgado de lo penal. Pagó 22.000 euros de fianza para eludir la prisión preventiva. 

Luis Partida: Villanueva de la Cañada, Tráfico de influencias

Alcalde desde 1979, está siendo investigado por soborno, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en el ‘caso Porto', la operación urbanística que reportó cuatro millones de euros al ex director general de Urbanismo del Gobierno Aguirre. En 2009 el juez le retiró la imputación de prevaricación. 

Ana María Pinós: Belmonte del Tajo, Ordenación del Territorio

La alcaldesa fue denunciada por el Grupo Socialista por conceder una licencia de obras menor que derivó en una nave industrial de 300 m² y un local de oficinas de 60 m². La licencia se concedió supuestamente sin el informe preceptivo favorable del secretario. El Juzgado número 2 de Aranjuez aceptó a trámite la denuncia el pasado junio. 

Ángel García: Guadalix, Negociaciones prohibidas

Un grupo de vecinos y Ecologistas en Acción denunciaron al alcalde por supuestamente encargar un proyecto a dedo valorado en 300.000 euros sin pasar por pleno ni comisión, por saltarse en otros encargos el informe del interventor municipal y otras supuestas irregularidades. García Yuste ha sido citado a declarar como imputado. 

Íñigo Henríquez: Candidato a diputado, Tráfico de influencias

El concejal de Madrid, imputado en los casos ‘Guateque' (trama de concesión de licencias a cambio de sobornos) y ‘Becara', que se desgajó del anterior, ocupa el puesto 37 en la lista de la Asamblea. En enero de 2010, el fiscal solicitó que se le retire la imputación en el ‘caso Guateque', del que desde entonces no se han practicado diligencias.