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Desamparo ciudadano ante un débil derecho a la vivienda

Amnistía Internacional critica las carencias sociales

DIEGO BARCALA

'La justicia sólo tiene en cuenta el derecho a la vivienda cuando hay que fijar el precio de la indemnización del desalojo'. Lo dice un resistente a la especulación urbanística. Faustino Villora reside en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, donde el Ayuntamiento se saltó derechos recogidos por la Constitución pero que, según el informe Derechos a la intemperie presentado ayer por Amnistía Internacional (AI), son de segunda categoría ante la Justicia.

La ejecución de las hipotecas y los desarrollos urbanísticos salvajes han destapado que el derecho a la vivienda 'está en España al mismo nivel que la libertad de expresión, de reunión o de asociación pero no es reconocido como un derecho fundamental como la educación', analiza el director de AI en España, Esteban Beltrán.

Esta ONG exige la máxima protección para este derecho que, según sus estudios, no está reconocido para casi nueve millones de personas. El informe denuncia que 180.000 ciudadanos no tienen acceso a la sanidad.

El mayor desamparo es el de los enfermos mentales. La ratio de 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes impide que la sanidad sea un derecho fundamental cubierto.

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