Atenazada por sus implicaciones en el caso Gürtel, la Generalitat valenciana se ha embarcado en la lucha contra la corrupción..., pero en Latinoamérica. Ayer trascendió que el Gobierno de Francisco Camps ha financiado con 600.000 euros el programa Prólogo (Propuestas Locales de Gobernabilidad) de Naciones Unidas, que tiene por escenario varios países, entre ellos Colombia, El Salvador y República Dominicana, y cuyo objetivo consiste en 'poner trabas al clientelismo y la corrupción'.

La noticia, difundida por la agencia Europa Press tras la presentación del balance de actuaciones del proyecto Prólogo, cayó ayer como una bomba sobre los socialistas valencianos (PSPV), que el día previo habían denunciado el último episodio del serial corrupto valenciano: el pago de una factura de 606.100 euros a Orange Market en julio de 2009; es decir, cinco meses después del estallido del caso Gürtel y cuando ya había numerosos indicios de amaño en los contratos de la Generalitat con las empresas del conglomerado corrupto. El portavoz del PSPV en Les Corts valencianas, Ángel Luna, optó por la ironía: 'No sé muy bien si lo hacen porque tienen experiencia en el tema, desde luego en el tema de la corrupción y clientelismo, y por tanto se dedican a trabajar en aquello en lo que tienen experiencia o bien porque tienen mala conciencia de lo que están haciendo y pretenden calmarla ayudando a que no se haga en otros sitios'.

Cabeza de lista por Alicante, Luna se preguntó 'lo que pueden pensar los valencianos de que el Consell utilice 600.000 euros en promocionar la lucha contra la corrupción y el clientelismo cuando el mismo Consell es el principal protagonista del mayor escándalo de corrupción y clientelismo que se da en España'. 'Parece -concluyó- que la voluntad del Ejecutivo de Camps sea erradicar la corrupción en aquellos países de Hispanoamérica, pero mantenerla en la Comunidad Valenciana'.

Además de Francisco Camps, imputado por soborno en el llamado caso de los trajes, el sumario de la Gürtel amenaza a otros notables del PP valenciano: según Anticorrupción, el vicepresidente Vicente Rambla y la presidenta del Parlament, Milagrosa Martínez, participaron en los manejos con la red corrupta. Ambos repiten en las listas del PP, como seis implicados más en el caso y otro imputado en un episodio de corrupción ajeno a la red de Francisco Correa.

Los 600.000 euros librados para el proyecto Prólogo que auspicia y financia el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) salieron de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. En esta legislatura, y según sus propios datos, el departamento que dirige Rafael Blasco ha destinado más de seis millones de euros para cooperación al desarrollo 'en el ámbito de la gobernabilidad'.

En conversación telefónica con Público, el portavoz de la Conselleria de Solidaridad tildó a Luna de 'absoluto ignorante' por criticar las políticas de solidaridad de la Generalitat, 'que han contado con el apoyo expreso de Naciones Unidas'. En opinión del citado portavoz, es 'una muy mala práctica utilizar como arma política las ayudas al desarrollo, pero desgraciadamente ya estamos acostumbrados a ataques por parte del PSPV'. La fuente no pudo precisar si los seis millones destinados al 'ámbito de la gobernabilidad' en otros países tenían también por objeto la lucha contra la corrupción.

En relación con la paradoja de que un Gobierno cercado por las sospechas de corrupción sufrague programas internacionales en favor de la limpieza política, el portavoz dijo: 'No me parece correcto mezclar un asunto tan delicado como las ayudas al desarrollo con otras cosas que no tienen nada que ver, como son los presuntos casos de corrupción que están ocurriendo en España y en la Comunidad valenciana'.

Durante el acto del jueves en que se presentaron las conclusiones del proyecto Prólogo, el representante del PNUD, Gerardo Berthin, elogió en efecto la actuación del Gobierno de Camps. Ayer, Público no logró localizar a Berthin para recabar su opinión sobre la paradoja de que las ayudas partan de un Gobierno que en un quinquenio otorgó a empresas ligadas a la red Gürtel 14 millones en contratos supuestamente amañados. El directivo del PNUD no había regresado aún a Panamá, desde donde dirige el plan para Latinoamérica.