Hace dos días contemplábamos como los nueve magistrados conservadores del Tribunal Supremo imponían sobre los seis progresistas (y un centrista) su criterio favorable a la impugnación de todas las listas de la coalición Bildu.

Hoy, el portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en España, Arnold Chacón, justificaba en Televisión Española la ejecución de Bin Laden no tanto como la consecuencia de un enfrentamiento armado tras un intento de captura, sino aludiendo al derecho a matar que la Patriot Act confiere al presidente de los Estados Unidos.

Tanto el funcionamiento de nuestro Tribunal Supremo como la Patriot Act vuelven a demostrar que el Derecho, en el mejor de los casos, no es más que la voluntad política racionalizada de los vencedores y que, en el peor, desaparece ante la excepcionalidad, esto es, ante la Política en estado puro.

Por desgracia, el debate político al que estamos asistiendo estos días tiende a desentenderse de su objeto, el poder, y a centrarse en una estúpida dicotomía entre el bien el mal según la cual tendríamos que discutir sobre si está bien o mal que se impugnen las candidaturas de Bildu, o de si está bien o mal que al villano Bin Laden no se le conceda ni tan siquiera un juicio justo. Los argumentos en una y otra dirección no dejan de aparecer en la prensa escrita, apuntalando esa equívoca sensación de que tras las decisiones del Tribunal Supremo y del Presidente premio Nobel de la paz, lo que hay es un debate de ideas, cuando a lo que estamos asistiendo es al poder político para imponer la propia voluntad.

Los demócratas nunca debemos olvidar que las razones sin fuerza no son nada

Si se hizo una ley de excepción como la ley de partidos que permitía hacer lo que el Código Penal y el resto del ordenamiento jurídico impedían fue, sencillamente, porque se contó con la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Nos referimos a la fuerza del consenso entre los dos grandes partidos? Y un cuerno. Hablamos de la fuerza derivada de haber acorralado policialmente a ETA y de haber neutralizado buena parte del poder social e institucional de la izquierda abertzale y del nacionalismo vasco.

Con ETA poniendo más de cien muertos sobre la mesa cada año y con el PNV gobernando en la Comunidad Autónoma Vasca durante la presidencia de Felipe González, por mucho que las pistolas de los GAL abrieran fuego, no se recortaban los derechos civiles en el País Vasco, ni tampoco se hizo cuando el PNV era crucial para asegurar la legislatura del PP; entonces los jueces conservadores del Supremo y el partido de Aznar tenían otro criterio. ¿Se acuerdan del diputado del PSOE Baltasar Garzón felicitando al diputado de Herri Batasuna Jon Idígoras en la primera sesión del Congreso en 1993?, ¿Se acuerdan del amigo de Bush autorizando en público los contactos con el MLNV?.

El caso de los poderes imperiales (como la patria potestas, el poder de dar muerte) del presidente de los EEUU responde a la misma lógica. EEUU ejecuta sin juicio a Bin Laden en territorio pakistaní porque puede; invadió Irak con la oposición del Consejo de Seguridad de la ONU porque pudo, presionó al Gobierno de España para que torpedeara el proceso judicial por el caso Couso porque podía hacerlo y compensará con su ejército las vulnerabilidades de su economía mientras otro ejército no lo impida.

Si algo nos enseñan tanto la ejecución de Bin Laden como las impugnaciones de las candidaturas de Bildu es que la Política no resuelve sus conflictos ni en el plano del Derecho ni en el de las ideas, sino midiendo o confrontando el poder de cada actor. Por eso los demócratas nunca debemos olvidar que las razones sin fuerza no son nada. Como bien nos enseñaron, paradójicamente, los padres fundadores de la nación americana, para que haya democracia no basta un reparto de papeletas para votar o de turnos de palabra para hablar, sino un reparto de poder.