El primer contacto de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) con el recurso de Bildu , que se preveía pacífico, se vio enturbiado por la recusación del magistrado Francisco Hernando que por la tarde presentó la coalición. El ex presidente del Tribunal Supremo (TS) fue designado ponente de la resolución que dictará el Alto Tribunal antes de las doce de la noche de hoy.

La Sala presidida por el vicepresidente del Constitucional, Eugeni Gay, se limitó a admitir a trámite la impugnación de 97 páginas de la coalición electoral formada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale contra la anulación de sus 254 listas. Y dio traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que presenten las alegaciones que consideren oportunas y que, según fuentes jurídicas, estarán a disposición del Alto Tribunal como muy tarde a las diez de la mañana de hoy.

La coalición no ve pruebas de su instrumentalización por parte de ETA

La Sala no despejó la principal duda que se plantea en torno a las deliberaciones que mantendrá hoy el Constitucional. Es decir, no se pronunció sobre si será ella, como por turno le corresponde, la que resuelva el recurso de Bildu o elevará el asunto al pleno. Lo decidirá hoy, con las alegaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la mano.

También tiene que pronunciarse sobre la recusación de Hernando, que era una posibilidad más que previsible al haber participado, como presidente de la Sala del 61 del Supremo, en la mayoría de las ilegalizaciones y anulaciones de listas que se han producido desde la entrada en vigor de la Ley de Partidos. Es más, él fue el ponente de la sentencia con la que se estrenó la normativa: el fallo del Supremo que en marzo de 2003 ilegalizó Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

Insiste en que Bildu nunca ha asumido métodos violentos en su actuación política

En el hipotético caso de que la recusación fuese estimada, Hernando quedaría fuera de las deliberaciones y la Sala Segunda perdería su equilibrio ideológico a favor de una virtual legalización, al quedar constituida por Gay, muy próximo a los planteamientos nacionalistas, y los magistrados a los que se presume de tendencia progresista, Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega. Los otros magistrados que componen la Sala son Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos, ambos nombrados a propuesta del PP. Pero todo parecer indicar que la recusación tiene pocos visos de prosperar.

Si al final se decidiera que el recurso de Bildu fuese resuelto por el pleno, la decisión quedaría en manos de siete magistrados considerados progresistas y de cuatro conservadores.

El recurso de Bildu, que llegó al Alto Tribunal a las cuatro de la tarde, pretende que el Constitucional revoque la decisión adoptada el pasado domingo por nueve de los 16 magistrados que forman parte de la Sala del 61. La sentencia declaró que los partidos legales que forman la coalición electoral habían 'consentido la ocupación por Batasuna (no se olvide, rama política del complejo único de la organización terrorista ETA) de la mayor parte de los puestos de las candidaturas electorales concernidas'.

Hernando fue ponente de la sentencia que ilegalizó Batasuna

Ahora el TC deberá decantarse entre esa argumentación y la sostenida por los otros siete magistrados que discreparon de la mayoría. Uno de ellos proponía anular sólo las listas de Bildu compuestas 'en su totalidad' por independientes de la izquierda abertzale.

Los otros seis negaban la principal conclusión de la mayoría, es decir, que la coalición electoral estuviese auspiciada por ETA. A su juicio, ya en 2003, el entonces portavoz de Eusko Alkartasuna, Rafael Larreina, ofreció al de Batasuna, Arnaldo Otegi, concurrir en las mismas listas a las elecciones, siempre y cuando firmaran como 'inadmisible cualquier violación de derechos humanos' e 'interferencia en la voluntad de la sociedad vasca ni de ETA ni de Aznar'.

El TC deja para hoy la decisión sobre si el asunto lo resuelve la Sala o el pleno

En opinión de estos seis magistrados, la coalición electoral Bildu había sido posible tras el intenso debate 'de cinco meses' vivido en el seno de la izquierda abertzale que llevó a ésta a rechazar la violencia de ETA.

El voto particular consideraba la decisión de la mayoría 'insostenible en términos constitucionales y legales', por lo que a buen seguro habrá sido muy tenido en cuenta por la representación legal de la formación para argumentar su recurso ante el Constitucional.

Al igual que hizo ante el Tribunal Supremo, Bildu hace especial referencia a su rechazo de la violencia para negar su instrumentalización por ETA ante el Alto Tribunal.

Como conclusión, admite que de 'los documentos incautados y analizados puede razonablemente deducirse que, en efecto, ETA/Batasuna conceden cierta relevancia a los procesos electorales, y que pretenden servirse de algún modo de esa oportunidad para sus fines', pero ello 'no presupone la existencia de concertación alguna entre ETA/Batasuna y los partidos integrados en Bildu'.

Añade que la alegada instrumentalización 'es una conclusión que no puede alcanzarse, sobre esa base, del modo que constitucionalmente es exigible para limitar el derecho de participación política que está en juego'.

A su juicio, 'no se ha probado que por parte de esta coalición se lleve a cabo una asunción de los métodos violentos como instrumento de actuación en la vida pública', lo que constituye uno de los argumentos del voto particular para señalar que la ilegalización de Batasuna no supuso que a la izquierda abertzale se le prohibiera volver a concurrir a las elecciones si abandonaba la violencia.

Por ello, la anulación de sus listas supone, entiende Bildu, una vulneración del derecho colectivo de participación política de los dos partidos legales que lo forman, del derecho individual de sufragio activo del sector del electorado que les votaría y del derecho de sufragio pasivo de los independientes que conforman las listas.

En declaraciones a los medios, responsables de Bildu, como Maiorga Ramírez, recordaron ayer las últimas y sonadas absoluciones dictadas por la Audiencia Nacional en procesos en los que se juzgaba al supuesto entorno de ETA. Se trata de la dictada respecto al diario Egunkaria, que ya es firme, al no haber sido recurrida, y en la que culminó el proceso seguido contra la asamblea de electos de Batatuna, Udalbiltza Kursaal.