A Ángela González se le acabó parte de su vida el día que su exmarido, Felipe Rascón, mató a la hija de ambos, Andrea, de dos tiros. El hombre la asesinó en el régimen de visitas abierto y después se suicidó. La niña tenía 7 años de edad. Todo pasó el 24 de abril de 2003. Pero esta mujer ya había alertado antes de que podría ocurrir, porque durante mucho tiempo sufrió maltrato y amenazas de muerte. Ángela puso 47 denuncias a Servicios Sociales, a la Guardia Civil, a la Policía, al juzgado... Sin lograr que nadie la escuchara.

Nadie la hizo caso y la niña fue asesinada. Ángela denunció ante los tribunales la negligencia judicial, pero el Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado octubre, dictaminó que sentía mucho lo ocurrido pero que no había lugar a la denuncia. Ahora, la mujer, a través de la Asociación de Juristas Themis, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero este lo ha rechazado y notifica la resolución al Ministerio Fiscal por si desea impugnar la decisión. 'El Tribunal Constitucional entiende que el recurso no tiene trascendencia constitucional; a partir de aquí pedimos la intervención de la fiscalía', explica Ángela Alemany, abogada de la mujer.

A partir de ahí, Themis ha conseguido recabar el apoyo de más de 40 organizaciones (Apramp, Fundación Mujeres, CCOO, Fórum de Política Feminista...) para su causa. 'Para mí, todo está siendo una tomadura de pelo. Puse 47 denuncias y no me hicieron caso, me siguen toreando y vacilando', se queja Ángela González, que considera que nadie se leyó en su momento todos sus recursos.

Las asociaciones feministas piden el apoyo de la Fiscalía ya que creen que 'esta mujer al menos tiene derecho a que el Estado reconozca su responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Justicia'. Si el recurso no saliese adelante, Themis está estudiando llevar el caso hasta Estrasburgo.

La historia de todo lo que precedió a aquel 24 de abril de 2003 es espeluznante. 'Te voy a hacer el mayor de los daños y te vas a acordar toda tu vida', fueron las últimas palabras que Ángela le escuchó a su marido, en el juicio en el que se encontraron la mañana justo antes del asesinato. Cuando esta mujer se quedó embarazada y el maltratador supo que era niña, le dijo que le daba muchísimo asco, que no quería niñas. Al agresor los psiquiatras le diagnosticaron un trastorno mental grave, que estaba peligrosamente obsesionado con su mujer. Pero ni con todas las denuncias, Ángela logró evitar el crimen. Los tribunales decidieron conceder el régimen de visitas al padre.

'Los juzgados consideraron prioritario restablecer las relaciones del padre con la menor anteponiéndolas a los derechos fundamentales de esta: su seguridad, su integridad y su vida', concluye el escrito presentado por las asociaciones feministas.