Deuda y elecciones autonómicas y locales: pésima mezcla en el peor momento. El mundo financiero y el mercado miran con lupa las cuentas de España, y al mismo tiempo los partidos piden el voto a una población que lleva más de un año oyendo hablar de recortes y sintiendo las consecuencias de una crisis que no provocó. ¿Quién se atreve a enseñar la tijera? Y, por otro lado, después de un incremento del endeudamiento autonómico del 31,7% en 2010 y de que la casi totalidad de las autonomías incumpliesen sus compromisos de déficit y tengan limitado por ello su margen de financiación, ¿es posible ocultar más tiempo que el gasto social, que en sanidad y educación supone más del 50% del total del gasto autonómico, va a sufrir en muchos casos duros ajustes?

Las autonomías gastan más de lo que ingresan. El ladrillo no va a volver a ser el recurso de financiación que fue. Hay que buscar soluciones. Pero la realidad es que quien habla de ello se encuentra al día siguiente con los labios grapados por la dirección nacional de su partido. Es época electoral y hay cosas que no se dicen. Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, dijo, y tras el rapapolvo de Génova negó haberlo hecho, que había que ir pensando en introducir el copago sanitario para sostener el gasto público regional.

Los planes de reequilibrio recortan gastos sociales e inversión

La medida no se le ocurrió a Valcárcel. Suena cada vez con más fuerza. Se le ha escuchado también como sugerencia para las CCAA al secretario de Estado de Hacienda, el socialista Carlos Ocaña, aunque luego también le hayan corregido. Y el socialista Tomás Gómez y la conservadora Esperanza Aguirre, candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, se enzarzaron en el debate emitido por Telemadrid hace unos días porque el primero aseguraba que Aguirre pretendía introducir el copago y la segunda lo negaba tajantemente.

En elecciones, el Gobierno de la autonomía más endeudada en términos de PIB, el País Valencià, puede defender el déficit cero como filosofía para no enfadar a la dirección nacional del PP y al mismo tiempo negar que lo vaya a aplicar si repite gobierno en su región. Francisco Camps cierra la legislatura dejando a la región a con una deuda sobre PIB del 17,2%, un 22,69% más que a finales de 2009, que en términos absolutos equivale a 17.600 millones de euros. Sólo Catalunya aunque esta no celebra elecciones autonómicas el próximo 22 de mayo supera en valor absoluto las cifras valencianas (31.886 millones), no así la deuda con respecto al PIB (16,2%). Pero en elecciones, esto es compatible con defender la filosofía del déficit cero.

El susto catalán vino por el nivel de déficit alcanzado en 2010, muy superior al que había previsto el Tripartito encabezado por el PSC y que hizo público el Gobierno de Artur Mas cuando llegó al poder. Esa aparición de bolsas de gasto tras un cambio de gobierno mantienen cierta incertidumbre sobre qué ocurrirá tras las elecciones del 22 de mayo.

Lo ocurrido en Catalunya hace temer que haya bolsas de gasto

El Gobierno central ha obligado a las autonomías que no cumplieron con los deberes de 2010 cuando el déficit debía quedar en el 2,4% del PIB a presentar planes de reequilibrio sin cuya aprobación no pueden recurrir a nueva financiación, sólo refinanciar la deuda que tengan vigente que les vaya venciendo. Seis CCAA no tienen aún el visto bueno del área que dirige la vicepresidenta Elena Salgado, lo que significa que no recibirán autorización para endeudarse hasta después de los comicios. En el caso de las que celebran elecciones autonómicas, significa que el plan definitivo puede ser negociado por Economía con un nuevo Ejecutivo regional. Entre ellas está la segunda autonomía más endeudada, Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.

Siete autonomías sí han recibido ya el visto bueno del Ministerio y tras él del Consejo de Política Fiscal y Financiera a sus planes de reequilibrio (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia) y que se suman al País Vasco y Navarra, que no pasan por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El recorte del déficit de estos nueve territorios con respecto al que tuvieron en 2010 equivale a 4.283 millones de euros.

Gallardón debe más que autonomías como Castilla-La Mancha

En dichos planes de reequilibrio, a los que tuvo acceso Público, se ha podido ver hasta dónde han tenido que llegar con el ajuste para ver sus cuentas aprobadas, especialmente en autonomías como Murcia, que disparó su déficit en 2010 hasta el 4,95% de su PIB. El visto bueno del Gobierno central le va a suponer a Murcia no sólo una reducción del 80% de la financiación de la radio y televisión públicas, un ajuste que va a generar un ahorro de 27 millones de euros, o la reducción del número de entes del sector público regional hasta dejarlos en el 30% sobre el actual. Recortes en el personal sanitario y docente, en sus retribuciones y complementos, ampliación de las jornadas y ajustes tan poco populares como la eliminación de 11 millones de ayudas a la gratuidad de libros de texto se incluyen en la propuesta.

Murcia, Aragón, Galicia, Canarias y Castilla y León también han visto sus planes aprobados gracias a comprometerse a un duro recorte de sus inversiones públicas, otrora puntas de lanza de las campañas electorales.

En algunas ocasiones, el recurso al endeudamiento no es tanto una cuestión de color de partido como de gestores concretos. El caso más claro es el de Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Madrid. Gallardón disparó la deuda de la comunidad autónoma mientras fue presidente de esta y, sin embargo, su sucesora, Esperanza Aguirre, también del PP, ha apretado hasta tal nivel el gasto público autonómico que, incluso en la actual coyuntura, no sólo no necesita presentar planes de reequilibrio al Gobierno central, incluso se ha comprometido con este a gastar menos de lo que le está permitido, dejando su déficit por debajo del 0,75% del PIB en 2011, en lugar del 1,3% que exige el compromiso ante la Comisión Europea.

Mientras tanto, la ciudad de Madrid, con Gallardón al frente, ha alcanzado una deuda superior a la suma de las de todas las demás capitales de provincia de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga). Son cifras que proceden sobre todo de su primera legislatura, cuando el endeudamiento crecía a ritmos del 50% anual. En cifras absolutas, la ciudad debe más que 13 autonomías, algunas de ellas del tamaño de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia. Pero la época de ajustes ha logrado lo que parecía complicado, que Madrid con Gallardón al frente haya reducido su nivel de endeudamiento en 2010 (-4,57%). El rifirrafe con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que se negó a permitir que el saldo siguiera aumentando a partir del 1 de enero de 2011, tuvo efecto incluso antes de esa fecha.

A la hora de hablar de quién lo hace mejor o peor en temas de gasto público ni los expertos se atreven a juzgar a partir de las cifras, menos en periodo electoral y mucho menos cuando no puede saberse si los planes que se van a aplicar finalmente son los de los Ejecutivos actuales o los de los entrantes, en caso de que haya cambio. César Cantalapiedra, consejero delegado de Consultores de las Administraciones Públicas y socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), comenta que 'todas las regiones han pecado de lo mismo, de un comportamiento basado en aumentar las inversiones y los servicios sin atender a si era sostenible a largo plazo'. Tendrán que hacer ajustes y hacerlo incrementando los ingresos no es tarea fácil 'cuando la economía tiene dificultades para crecer'. El gasto corriente es el gran problema, recuerda este experto, que asesora a autonomías de todo signo en la búsqueda de financiación. 'Es el mismo problema en todas partes salvo en Madrid y, de algún modo, en Galicia'. Pero incluso para Madrid, Cantalapiedra destaca que 'se beneficia de su capacidad recaudatoria, de su enorme motor económico'.

En dos de las autonomías que cerraron 2010 con peor nivel de déficit, Castilla-La Mancha y Balears, 'las medidas las tendrá que tomar ahora el Gobierno entrante'. En otras, 'como Navarra y Aragón, se han adelantado en la reordenación del sector público', con resultados mejores en el primer caso.

'Todas las autonomías tienen que hacer un esfuerzo para racionalizar la prestación de los servicios de sanidad y educación', que se llevan la mayor parte del presupuesto. 'Medidas de racionalización de la demanda, como el copago sanitario; de ajuste del gasto, como las centrales de compras; racionalizar las especialidades en función de la demanda de los pacientes, revisar la política de universidades atendiendo a si tiene sentido tener tantos centros dispersos...' Recortes del gasto social, al fin y al cabo.

'Estas medidas se notarán en el empleo. El sector público es probablemente el último al que le falta efectuar su ajuste porque el número de empleados ha crecido en estos años por encima de los ingresos'.

Las elecciones y la tardanza en hacer públicos los ajustes está teniendo otra consecuencia negativa para las arcas públicas, el alto coste que se exige a las autonomías para endeudarse. 'Las CCAA están pagando una prima de riesgo mayor de la que deberían si el mercado estuviera funcionando de forma eficiente', explica Cantalapiedra. En parte se debe a que 'el mercado quiere inversiones muy seguras y líquidas' pero también a que 'las CCAA, sobre todo las que tienen los planes de reequilibrio aprobados, deberían ser mucho más activas en comunicar a los inversores que sus presupuestos merecen confianza'. Claro que eso, ahora, no toca.