Ayer hubo duelo en toda España por los nueve muertos y las decenas de heridos del trágico terremoto de Lorca, pero hoy, tras el funeral en que toda España despedirá compungido a las víctimas, volverá la campaña electoral. Y entonces, cuando los candidatos vayan recuperando el pulso, ya habrá pasado el plazo legal para impugnar la candidatura de Bildu sin que nadie haya vuelto al Tribunal Supremo: se acabó la tregua, vuelve la pirotecnia made in Bildu.

La foto de Andrés Errandonea exhibiendo la pancarta de la coalición, el pasado martes, nada más salir de la cárcel tras cumplir 25 años por pertenencia a ETA, volvió a situar la campaña en el terreno favorito del PP y de los que, en el otro extremo, siguen la máxima del cuanto peor, mejor. Los conservadores, que desde el inicio insisten en traducir el aval del Constitucional a Bildu como si el Gobierno hubiera legalizado a ETA, exigieron a la Abogacía del Estado que aprovechara el último suspiro legal hasta anoche para llevar la foto al Supremo e impugnar la candidatura.

El Ministerio Público tampoco cree que la foto del etarra sirva como prueba

Pero el plazo ya pasó. Y ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía han considerado que la foto tenga valor jurídico.

La ley no deja ya más rendijas: las papeletas de Bildu estarán, pues, en los colegios electorales de Euskadi y Navarra. Y los socialistas cruzan los dedos para que ninguna nueva 'provocación' arruine la esperanza de remontada que acariciaban, al menos hasta que se escuchó la voz de José Luis Rodríguez Zapatero llamando 'bellacos' precisamente a los progresistas desencantados por los recortes que con tanto esfuerzo el PSOE trata de movilizar.

La tragedia de Lorca corta el debate sobre un posible recurso contra la coalición

Tras difundirse la fotografía de Errandonea, el martes, los socialistas subrayaron la 'provocación' y ya insinuaron que, pese a ello, no veían elementos jurídicos que justificaran intentar expulsar de la carrera electoral a la formación impulsada por Eusko Alkartasuna, el partido del primer lehendakari elegido en las urnas tras el franquismo.

Pero la intensidad de la ofensiva del PP, que cree haberse incautado gracias a la foto de munición al menos para el próximo quinquenio, sembró el desconcierto entre los socialistas, conscientes del efecto que la onda expansiva puede tener para sus intereses electorales.

Si llegó a haber dudas en el Gobierno del PSOE ¿por qué no presentar a través de la Abogacía del Estado la foto pese a su nulo valor probatorio, para intentar taponar el asalto del PP?, la gravedad del terremoto en Murcia puso fin a la discusión: todas las cabezas del Gobierno se concentraron en el sismo. Y el abrupto silencio en el ring electoral, pactado primero por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y al que se sumaron luego casi todos, contribuyó a que pasaran las horas y se agotara el plazo legalmente establecido para cualquier impugnación de candidaturas.

Los socialistas temen el efecto de nuevas 'provocaciones'

La catástrofe contribuyó por tanto a despolitizar la decisión. O al menos a poner fin al debate y volver al instinto inicial que habían mostrado públicamente tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba: la foto no tiene valor probatorio y no importa cuánto grite el PP: la Abogacía del Estado no iba a impugnar a Bildu. Y la Fiscalía llegó a las mismas conclusiones.

Al cierre de esta edición, ni uno ni otro había preparado recurso contencioso-electoral. Concluyeron que ni la pancarta que exhibió el expreso de ETA ni lo ocurrido en la agrupación electoral de Santurtzi (Vizcaya), que pidió su disolución al discrepar del elenco electoral presentado en nombre de la coalición, revisten el suficiente contenido jurídico-constitucional como para iniciar un nuevo proceso ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con el que impedir que las 254 candidaturas cuestionadas estén en las elecciones, informa Ángeles Vázquez.

La reforma de la Ley Electoral concede más posibilidades de actuación para ambas instituciones, si aparecen indicios nuevos que acrediten que Bildu forma parte de la estrategia de ETA, pero ya después de la campaña: se puede plantear una demanda de ilegalización entre la votación y la proclamación de los electos, y luego, sin plazo, se les podría retirar el acta si incurren en alguno de los casos previstos en la Ley de Partidos.

Pese a la suspensión masiva de actos electorales, sí hubo ayer referencias a las víctimas del terrorismo, pero fuera de campaña y sin alusiones concretas a ETA fue en un congreso sobre el terrorismo yihadistae_SEnD, aunque perfectamente aplicables al gran debate de estos días y a la marcha que algunas asociaciones han convocado el sábado en Madrid contra Bildu y la 'traición'.

'Tienen que ser escuchadas, pero las decisiones deben ser de los políticos', dijo el diputado socialista Manuel de la Rocha en un acto de la Asociación 11-M, informa Europa Press. 'La manipulación por parte de una posición política es un flaco favor a la dignidad que merecen las víctimas', le secundó Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.

Muy pocos candidatos participaron en actos electorales porque casi todos acordaron suspenderlos. Pero hubo más de un rifirrafe sobre el cumplimiento del compromiso, como en Madrid, donde Esperanza Aguirre contestó a todas las preguntas que le hizo la prensa en un acto del Gobierno regional y los socialistas se indignaron.

También Bildu paró, por 'solidaridad internacionalista'. La excepción fue el Partido Regionalista cántabro, cuyo líder y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, consideró que el gesto 'no remedia nada' y prometió enviar un camión de agua para ayudar a los damnificados.

Además del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubal-caba y la ministra de Defensa, Carme Chacón, los líderes del PP, Mariano Rajoy, y de IU, Cayo Lara, también viajaron a Lorca para expresar su condolencia. Aunque sea difícil de medir, las catástrofes pueden convertirse también en agentes en una campaña, con una línea difusa para un político entre el activo de la eficacia y el pasivo de la mala gestión o incluso de la sobreactuación.

Pero el efecto, en potencia, ahí está y todos lo saben, al menos desde 2002, cuando el alemán Edmund Stoiber, que ya acariciaba la cancillería, se quedó en casa con unas inundaciones a las puertas de las urnas. Entonces llegó el Gerhard Schröder más genial, arremangado: ganó. Y hasta Stoiber entendió en seguida por qué.

Febrero 1984: asesinato de Enrique Casas

El asesinato del senador del PSE Enrique Casas a las puertas de su domicilio, tres días antes de que se celebrasen las segundas elecciones autonómicas en Euskadi, adelantó el final de la campaña electoral.

Febrero 2000: paréntesis de tres días

Tres días fue suspendida la campaña electoral para las generales en 'señal de duelo', después de que ETA asesinara al secretario general de los socialistas en Álava, Fernando Buesa, y a su escolta, el 22 de febrero.

Mayo 2001: ETA atenta en Zaragoza

El asesinato en Zaragoza del senador y presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, a manos de la banda el 5 de mayo de 2001, provocó la suspensión de todos los actos.

Marzo 2004: atentado del 11-M

En medio de una España conmocionada por los trágicos atentados de Madrid, los partidos adelantaron el final de la campaña electoral.

Abril 2005: la muerte del Papa

PNV, PSE y PP anularon los actos de la campaña autonómica tras la muerte de Juan Pablo II el 2 de abril en Roma.

Marzo 2008: Isaías Carrasco

Los partidos suspendieron los actos de cierre de campaña después de que ETA asesinase al exconcejal del PSE Isaías Carrasco en Mondragón el 7 de marzo.