Este verano será el último que Jaime Ferré pase en el Carmel, el barrio barcelonés donde creció y se estableció con su mujer y su hija. Obligado a dejar su trabajo como comercial e incapaz de andar sin la ayuda del bastón, el accidente de moto que le cambió la vida el 21 de enero de 2009 le está a punto de arrebatar lo único que conservaba de su vida anterior. Debido a las pronunciadas cuestas de este barrio, Jaime se muda a Vilanova i la Geltrú, a 45 kilómetros de Barcelona, en busca de calles llanas.

Ese 21 de enero de 2009, este hombre de 46 años se convirtió en un minusválido total permanente. Cobra el 55% de su sueldo y recibirá una indemnización de entre 60.000 y 80.000 euros. Jaime se cayó de la moto conduciendo a 30 km/h tras resbalar en el charco de aceite que había dejado el coche que tenía delante. Si esto le hubiera pasado en Francia o en Reino Unido puede que también se hubiera roto la tibia y el peroné, como le pasó en Barcelona, pero hubiera recibido una indemnización cuatro veces mayor.

España está en la cola de la UE en la compensación a los accidentados

España está en la cola de la Unión Europea en las indemnizaciones a heridos por accidentes de tráfico. Tanto la Fiscalía de Seguridad Vial como las asociaciones de víctimas y la patronal del sector asegurador (Unespa) coinciden en que muchas partidas son insuficientes. Por eso, para tratar de mejorar la compensación a las víctimas y equipararla al nivel europeo, representantes de todas las partes implicadas negocian ahora, por primera vez juntos, la modificación del baremo que establece estas cuantías. De las reuniones de trabajo deberá salir un Libro Blanco que será la base consensuada de lo que después el Gobierno llevará al Consejo de Ministros para la aprobación final.

'No puedo estar más de una hora de pie, no puedo trabajar y con el sueldo de mi mujer llegamos justos a fin de mes', se lamenta Jaime horas después de firmar el contrato de alquiler de su nuevo piso en Vilanova. Precisamente, la 'adecuación de la vivienda' está contemplada en el actual baremo de indemnizaciones como un 'factor de corrección' en las ayudas a grandes inválidos, junto con la asistencia de una tercera persona (por la que se abonan hasta 352.254 euros) o la alteración sustancial en la vida de familiares cercanos (hasta 132.095). La cantidad máxima para las obras en una casa está fijada en 88.063 euros.

Por primera vez los afectados participan en la negociación

'Estas cantidades resultan claramente insuficientes y su revisión es prioritaria', afirma Elena Agüero, fiscal adjunta de Seguridad Vial, que participa en la mesa de negociación. La Fiscalía considera que el nuevo baremo debe contemplar 'mecanismos que permitan confeccionar un traje a medida a cada víctima conforme a sus necesidades y circunstancias'. Agüero señala también la importancia de dar un trato diferenciado a los colectivos vulnerables, desde peatones y ciclistas hasta los niños, ancianos y discapacitados.

La Fiscalía también reclama la revisión del concepto de 'víctima' para que a los familiares, en caso de fallecimiento o grandes lesionados, 'se les reconozca tal condición y se les facilite la asistencia psicológica y jurídica que precisen'. José Pérez Tirado, el abogado que representa a todas las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico en la mesa de negociación, pone un ejemplo concreto: 'Una mujer a punto de casarse con su pareja, con la que comparte una hipoteca, pierde a su futuro marido en un accidente. Como no están casados, ella no tiene derecho a indemnización. En Europa, sí'.

El nuevo baremo contemplará la pérdida de ingresos futuros

En 2009, un estudio comparativo sobre el nivel de compensación de víctimas en accidentes de tráfico conocido como Farandell and Tararin Case Study demostró que España tiene uno de los niveles indemnizatorios más bajos de la Unión Europea. Elaborado por abogados y juristas de los distintos estados miembro sobre un supuesto práctico de ficción, el análisis (incluido en un informe de la Comisión Europea) sitúa a España en la cola de países de la UE, sólo por encima de Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Desde hace dos años, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las víctimas de accidentes de tráfico pueden litigar en su país de origen. Este cambio aceleró el proceso de negociación del baremo, según Pérez Tirado, porque 'el Gobierno vio que en un accidente dos personas podrían tener indemnizaciones diferentes en función de su nacionalidad'. Así, 'una mujer con dos hijos menores que pierde a su marido recibe en España 250.000 euros. En Europa, alrededor de un millón', explica Pérez Tirado.

Esta diferencia abismal entre países puede verse también en la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, conocida recientemente, que condenó a la Mutua Madrileña Automovilística a pagar una indemnización de 1.031.801 euros y una pensión de 4.000 euros mensuales a una menor que quedó tetrapléjica a causa de un accidente. Las asocicaciones de víctimas valoraron la sentencia, aunque Pérez Tirado advierte: 'En Alemania esta niña hubiera recibido 12.000 euros mensuales'.

Las víctimas recuerdan que hay menos accidentes y más seguros

Las vícitmas, insiste el abogado, que trabaja habitualmente para STOP Accidentes, no sólo reclaman más dinero, sino 'más derechos'. Por ejemplo, la cobertura del gasto sanitario de la neuro-rehabilitación o la pensión para las amas de casa que se quedan inválidas.

El desajuste de las indemnizaciones se pone de manifiesto también si se comparan con las que se conceden por atentados terroristas. Según Pérez Tirado, la pérdida de un hijo en el 11-M se indemnizó con 900.000 euros, mientras que si el óbito es en un accidente, la familia recibe sólo 99.000. Un día de baja en la UCI por un accidente se paga a 66 euros; en el 11-M, en cambio, a 300.

Además, los accidentes de tráfico en España se han reducido un 51% en los últimos 15 años, logrando situarse por debajo de la media de la UE. 'Tenemos siniestralidad europea y por eso pedimos indemnizaciones europeas', insiste el letrado. Se debe tener en cuenta también que el parque de vehículos ha aumentado un 65% desde 1995, año en que se elaboró el baremo, esa vez sin tener en cuenta las asociaciones de víctimas. Ahora hay más seguros y menos muertos, por lo que las víctimas piden a las aseguradoras 'cuantías que se adecúen a la realidad'.

La patronal de los Seguros, por su parte, reconoce que, aunque las cuantías del baremo se incrementan anualmente con el IPC, 'hay que revisar partidas que son insuficientes'. Aun así, 'no hay enfrentamiento' con las víctimas, aclara Manuel Mascaraque, director del área de Seguros. Para Unespa, las prioridades son las mismas que para la Fiscalía y las víctimas: los grandes lesionados con cargas familiares y el lucro cesante, es decir, la pérdida de ingresos futuros.

España aplica un 'sistema irracional' en este campo, según la Fiscalía, y la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, también aboga por su 'ineludible revisión'. El juez debe conseguir que el herido quede 'en una situación lo más cercana posible a la que presumiblemente se hallaría si el daño no se hubiera producido', reza una resolución del Comité de Ministros de Europa. El llamado principio de la indemnización íntegra aún es ciencia ficción en España.

'La indemnización máxima por invalidez en tu profesión es de 89.000 euros', explica Pérez Tirado, que señala la necesidad de adecuar el nuevo baremo para que 'sea visto en Europa como un modelo a seguir'.

Las asociaciones de víctimas recuerdan que el Seguro Obligatorio de Automóviles debe cumplir una función social y, por ello, 'la protección y el resarcimiento de las víctimas debe estar por encima de cualquier otra consideración', reza un documento que han elaborado para defender la mejora del baremo. Según el abogado José Pérez Tirado, este principio de función social queda diluido en las cuentas de la patronal del sector asegurador. Según sus datos, las empresas representadas por Unespa ganaron 1.062 millones de euros en 2009 y aumentó un 15% sus beneficios en 2010. Unespa declinó hacer declaraciones sobre estas cifras. Como ejemplo de cómo proceden a veces estas compañías, el bufete de Pérez Tirado ganó una batalla a una de las grandes aseguradoras el pasado abril. El abogado consiguió que la empresa perdonara los 20.000 euros que reclamaba a los padres de un niño, declarado culpable de su propio atropello en Tarifa (Cádiz). En la mayoría de países europeos, recuerda Pérez Tirado, un menor nunca puede ser considerado responsable de su propio siniestro. El abogado que representa a las asociaciones de víctimas en la negociación del nuevo baremo denuncia los 'ingresos desmesurados' de las aseguradoras y reivindica una nueva partida para costear el viaje a España a los familiares directos de una víctima extranjera.