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Bono aparca cuatro meses la transparencia del Congreso

El presidente de la Cámara no ha hecho nada con las propuestas que pidió a los grupos en febrero. Se plantea reabrir el debate una vez que ha pasado el 22-M con un borrador que aúne las recomendaciones de los partidos

MIGUEL ÁNGEL MARFULL

Las propuestas que trasladaron los partidos al Congreso y el Senado para estudiar posibles reformas en el régimen que regula la actividad de los parlamentarios han dormido cuatro meses en la bandeja de entrada de los presidentes de ambas cámaras. Ahora, fundidas en un borrador, las recomendaciones pasarán en las próximas semanas al buzón de salida, según anunciaron a Público fuentes parlamentarias directamente implicadas en la preparación de ese texto base.

El presidente del Congreso, José Bono, tiene intención de trasladar a los grupos un borrador que compendie sus iniciativas, para intentar que los cambios susceptibles de ser aprobados 'estén vigentes en la próxima legislatura'. Este propósito recorta extraordinariamente su plazo de discusión, ya que las nuevas Cortes saldrán de unas elecciones que, como muy tarde, han de celebrarse en marzo de 2012.

Los grupos sólo conocen de forma oficiosa las intenciones de Bono

Este documento buscará el máximo consenso, señalan estas fuentes, que rehúsan adelantar fórmulas concretas hasta que no estén en manos de todos los grupos, que sólo conocen de manera oficiosa las intenciones de Bono.

'Algunos planteamientos son muy exigentes, otros mucho menos y se buscará una formulación de consenso', se limitan a apuntar los impulsores del borrador. De las tres cuestiones planteadas por Bono a los partidos para requerir sus recomendaciones pensiones parlamentarias, incompatibilidades y publicación de sus bienes y rentas, sólo en el segundo se perfila una solución que no requeriría retoques legislativos, sino 'el estricto cumplimiento de lo que ya establece la ley', precisan estas fuentes.

La izquierda minoritaria acusa a PP y PSOE de retrasar el debate

La LOREG texto orgánico que regula el régimen electoral 'dispone que el mandato de los diputados y senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta', recordó Bono a los portavoces parlamentarios cuando reclamó sus propuestas.

Los otros dos capítulos sí precisarían modificaciones normativas cuya magnitud estudian los servicios jurídicos del Congreso. El reclamo político de la transparencia, aletargado desde el pasado mes de febrero como respuesta al PP que pidió en su convención nacional celebrada en enero acabar con los 'privilegios' de las pensiones parlamentarias se despereza ahora, tras la celebración de los comicios autonómicos y municipales del pasado 22 de mayo.

La convocatoria electoral movió al presidente del Congreso a remansar la urgencia con la que instó por escrito a los grupos a remitirle sus propuestas en 'un plazo de quince días'. Tanta prisa se contuvo, siguiendo instrucciones del propio presidente del Congreso, para 'no contaminar' la campaña con elementos ajenos al 22-M. Los partidos minoritarios de toda las sensibilidades acusan a socialistas y conservadores de pactar con Bono este retraso dejándoles al margen, reproche que rechazan PSOE y PP, que entienden la decisión pero niegan su paternidad.

Ajenos a los mayoritarios, los partidos que se sientan a la izquierda del PSOE, los más ambiciosos junto a los socialistas en sus recomendaciones de transparencia, se muestran escépticos sobre el calendario previsto por Bono. Su recelo nace del periodo elegido para reabrir el debate: el verano, páramo parlamentario sin apenas actividad y sin noticias, recelan los suspicaces.

Dos han sido las formaciones más críticas con el planteamiento de Bono: el PP que paradójicamente encendió la mecha y CiU, cuyo portavoz ha discrepado siempre del método empleado para iniciar el debate por convertirlo, a su juicio, en un concurso público para ver qué partido llega más lejos con sus propuestas, sin reparar en las consecuencias que depare a largo plazo a la institución.

Un Parlamento plegado al más severo régimen de incompatibilidades degeneraría, según afirman solapadamente destacados socialistas, conservadores y nacionalistas, en un Congreso y Senado a los que sólo accederían funcionarios y docentes y no profesionales o asalariados. Sólo el responsable del Grupo Catalán, JosepAntoni Duran i Lleida, el más reservado en sus aportaciones a Bono, se ha atrevido a formular en alto esta reflexión que muchos diputados sólo reproducen en voz baja.

22 de enero: Convención nacional del PP

En pleno debate sobre el futuro de las pensiones y en un acto de partido, el líder del PP, Mariano Rajoy, pidió 'revisar las pensiones de diputados y senadores y la eliminación de cualquier cosa que pueda suponer un privilegio respecto al resto de los españoles'.

25 de enero: La réplica de Bono

Un total de 81 diputados -de los más de 3.600 que ha habido desde 1977- perciben el complemento denunciado por Rajoy. 'El debate debe fundarse en el rigor, la máxima transparencia informativa y la ejemplaridad', escribió José Bono a los portavoces pidiéndoles recomendaciones para reformar este complemento y añadir transparencia a la actividad de los parlamentarios.  

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