El PP trasladó ayer la reclamación de su presidente, Mariano Rajoy, al Congreso de los Diputados. Siguiendo la estrategia conservadora de los últimos días, el Grupo Popular registró una proposición no de ley para impulsar 'la transparencia de las cuentas públicas en un marco de lealtad y cooperación institucional'.

Pero la exposición de motivos de la iniciativa no era tan conciliadora como el encabezamiento. Comienza diciendo que el cambio de Gobierno en Catalunya 'puso en evidencia que la realidad de las cuentas públicas catalanas no coincidía con los balances presentados por el Gobierno saliente' y que el ejemplo de los socialistas catalanes 'pone sobre aviso'.

Con ello, la derecha sigue alimentando las sospechas sobre lo que se encontrará en los gobiernos municipales y autonómicos que arrebató el pasado 22-M. La iniciativa llega además en pleno cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP a cuenta del estado de las finanzas en Castilla-La Mancha. La portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que no entendía que a 'algunos', en referencia a los socialistas, 'les preocupe' o incluso 'asuste' que se conozcan los datos. 'Decir la verdad a tiempo es el mejor mecanismo para recuperar la confianza', comentó, acrecentando, más que desterrando, los fantasmas de la bancarrota.

Eran palabras idénticas a las que se podían leer en el documento que se repartió entre los medios. En este también se señala que lo que el tiempo ha venido a demostrar es que 'los problemas no se solucionan ocultándolos', poniendo en duda la credibilidad de las cifras que se manejan.

Sáenz de Santamaría defendió la posición de su partido en Castilla-La Mancha. La denuncia de que esta comunidad está en 'quiebra' y no tiene dinero para pagar a sus funcionarios deriva, según ella, de 'datos muy preocupantes' que su formación ha conocido', y que no detalló ante la prensa, así como de las deudas que algunos 'organismos han puesto en evidencia'.

'El PP ha apostado siempre por la transparencia', figura también en la iniciativa. Pero ayer no se le pudo preguntar a la dirigente conservadora por la situación de las autonomías donde ya gobierna su formación. La portavoz finalizó ayer su rueda de prensa dejando a varios periodistas con la mano alzada y sin posibilidad de plantear todas las cuestiones.

En las filas de Rajoy hablan sin tener aún en sus manos las cifras de las auditorías que piensan encargar. Y lo hacen también a falta de aclarar si el jefe de la oposición encargará una de la Región de Murcia, que cerró 2010 con un déficit del 4,9%, o del País Valencià, una de las autonomías más endeudadas.

Sáenz de Santamaría volvió a pedir la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Conferencia de Presidentes. Todo con el fin de poner en marcha 'medidas urgentes y necesarias para lograr los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2011' y que se 'actualicen los planes económico-financieros de reequilibrio'.

Sus demandas se podrían traducir por más recortes. Pero esa palabra es tabú. Los conservadores prefieren que ese coste lo asuma el Ejecutivo socialista y no ganar puntos de impopularidad en la carrera de Rajoy hacia la Moncloa. 'El Gobierno no puede desentenderse de sus responsabilidades y seguir dando largas a las reformas urgentes que demanda nuestra situación', destaca entre la letra pequeña del texto.

A pesar de que algunas comunidades del PP en las que llevan gobernando más de 15 años los proveedores sanitarios cobran con un retraso de más de 600 días, Sáenz de Santamaría abogó ayer por un gran pacto sanitario que asegure la viabilidad del sistema. Era una idea lanzada a primera hora por el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. 'Lo que no es sostenible es no hacer nada', resaltó Sáenz de Santamaría.

Mientras en el aire flota el tema del copago. El PP insiste en público en negar que se vaya a tener que aplicar y, en privado, algunos de sus dirigentes admiten que pueden verse abocados a ello. Sáenz de Santamaría se apresuró a defender el Estado del bienes-tar tal y como funciona: 'Lo primero que debe mantenerse es la integridad de los servicios públicos esenciales'. Para finalizar, aprovechó para denunciar que los órganos reguladores se conviertan en 'la agenda de colocación del PSOE' y anunció que el PP planea recortar su número si gana.