El Parlament de Catalunya vivió ayer virtualmente una jornada en estado de sitio por la acción de miles de indignados que intentaron en vano impedir el debate de totalidad del Presupuesto de la Generalitat. Anunciada hace más de una semana con el objetivo de bloquear el drástico plan de recortes del Govern, la protesta degeneró en un escenario de alta tensión, con episodios de acoso y violencia contra los diputados y hostigamiento a los medios. El saldo fue de 45 heridos leves (14 policías) y cuatro detenciones. [FOTOGALERÍA]

A media tarde y ante la deriva de los acontecimientos, que merecieron la condena unánime de la institución y de todas las fuerzas parlamentarias, los convocantes del Movimiento 15-M se desmarcaron de toda violencia y reafirmaron el carácter 'pacífico y no violento' de la protesta, que uno de los asistentes a la asamblea improvisada en la puerta del parque calificó de 'batalla ideológica, no física ni militar'. El grueso de manifestantes abandonó la zona y se concentró en la plaza de Sant Jaume, sede del Ayuntamiento y de la Generalitat.

Varios diputados fueron atacados y se produjeron 45 detenciones

Los organizadores del movimiento en Madrid y Valencia también se desmarcaron de los sucesos y reiteraron su carácter pacífico. Los indignados de la acampada de la Puerta del Sol emitieron un comunicado en el que subrayaron que el 15-M 'apela a la desobediencia civil no violenta' por lo que en él sólo caben 'prácticas pacíficas', que tienen una probada eficacia política'.

Desde anteanoche, miles de jóvenes cercaban el recinto del Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament, que fue cerrado a media tarde del martes para impedir la acampada. Ante el acoso de los manifestantes y pese al imponente despliegue de los Mossos d'Esquadra, la situación de bloqueo y el clima de agresividad y tensión obligó a recurrir a helicópteros, furgones policiales y vehículos de servicio para el traslado de diputados y miembros del Gobierno. El propio president catalán, Artur Mas, explicó que tomó la decisión de utilizar 'medios no habituales' para poder hacer acto de presencia junto a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. 'Era esencial que el pleno empezase a la hora prevista en un acto de normalidad democrática', afirmó.

A media mañana, la Mesa de la Cámara aprobó una declaración solemne leída en el pleno por De Gispert. 'Fieles a la democracia, no puede aceptarse de ninguna de las maneras que nadie ni nada pueda parar el trabajo del Parlament', reza el texto aprobado por unanimidad. La declaración no cita al Movimiento 15-M, pero subraya que 'la democracia garantiza que se puedan defender planteamientos ciudadanos de acuerdo y de discrepancia, dentro y fuera del Parlament, pero nunca desde la coacción y la violencia'.

Mas, que llegó en helicóptero, dice que se han 'traspasado las líneas rojas'

Visiblemente afectado por el abrupto estreno del debate presupuestario, que junto a la llamada ley ómnibus (reformas legales en cadena) agita el debate político y social, Mas se mostró muy severo. 'Hoy se han atravesado las líneas rojas que nunca deben traspasarse', afirmó el president, quien llamó a los protagonistas del movimiento a 'hacer una reflexión a fondo' ante el cariz de los acontecimientos. 'No es lo mismo estar indignado que actuar con indignidad'.

Mas, que no pudo acceder al Parlament en coche oficial y fue acosado por grupos de manifestantes, fue el primero en desembarcar de un helicóptero de los Mossos hacia las diez de la mañana, junto a De Gispert. Hasta diez vuelos con aparatos de policía y bomberos realizaron el trayecto entre la comisaría de la Brigada Móvil, en Poble Nou, y el Parc de la Ciutadella. Los aterrizajes se realizaron sucesivamente en plena calzada del acceso principal al Parlament, ante el estupor general. Además del president, también fueron aerotransportados el conseller de Economía, Andreu Mas Colell, gran protagonista de la sesión, y el de Cultura, Ferran Mascarell, así como el líder de la oposición, el socialista Joaquim Nadal, y otros diputados. Hasta 32 personas se trasladaron por vía aérea.

Una treintena de diputados llegó en helicóptero y 50 en furgones policiales

El último en tomar tierra fue el conseller de Interior, Felip Puig, responsable del dispositivo de seguridad. Puig, que abandonó a media tarde el Parlament por la misma vía, no dudó en valorar los sucesos como la prueba de descargo del fiasco policial del 27 de mayo contra los acampados de la plaza de Catalunya. Ya a última hora, tampoco dudó en exhibirse frente al Parlament una vez concluida la jornada.

Tanto el PSC como PP dieron apoyo al Gobierno, aunque Nadal eludió hacer proyecciones y el resto de los grupos evitaron hacer valoraciones. En privado y en las redes sociales, sin embargo, algunos diputados expresaron sus reservas sobre la eficacia del aparatoso operativo policial, que no fue capaz de garantizar el normal acceso al Parlament. Uno de los diputados que más sufrieron las iras de los indignados fue el ecosocialista Joan Boada, quien fue reconocido como antiguo secretario general de Interior a las órdenes del conseller Joan Saura. La también exconsellera de Interior y Justicia Montserrat Tura (PSC) fue hostigada por exaltados, que le rociaron la espalda con spray negro.

Los incidentes fueron múltiples. La diputada de CiU Annabel Marcos fue zarandeada y arrojada al suelo y hubo de ser atendida por los servicios médicos de la Cámara por una leve lipotimia. También presentaba gran agitación el diputado independentista Alfons López Tena, quien luego no dudó en señalar que todos los insultos e imprecaciones que había oído eran en lengua española. 'Es evidente que puede haber catalanes, pero también puede haber gente de fuera que esté haciendo turismo para divertirse un poco por la calle', dijo.

La comisaría de la Guardia Urbana de la estación del Norte sirvió de punto de reunión de los diputados que no pudieron entrar a pie. Hasta un centenar se hacinaron en los furgones policiales para romper el cerco. '¿Esto es democracia real?', se preguntaban anoche Albert Rivera (C's) y Albert Batalla (CiU) en twitter.

El Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel a los que 'emplearen la fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro de una Asamblea legislativa asistir a sus reuniones'. Si lo ocurrido ayer en las puertas del Parlament de Catalunya se considera atentado puede ser castigado con hasta seis años de prisión. Está previsto para los que empleen la fuerza contra parlamentarios, 'les intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave'. Los que promuevan o dirijan manifestaciones ante una Cámara, mientras está reunida, se enfrentan a un año.