La instrucción del caso Gürtel ha comenzado a desbaratar lo que parecía un axioma incuestionable: que la Justicia tal vez cace a los corruptos pero nunca el dinero saqueado. Desde el otoño de 2009, cuatro imputados en el escándalo han devuelto a Hacienda 27 millones, es decir, una cifra casi idéntica a la del presupuesto anual de un municipio de entre 20.000 y 30.000 habitantes.

Tres de los cuatro que han saldado cuentas no está claro que todas con Hacienda son los constructores José Luis Ulibarri, dueño del grupo Begar; Alfonso García Pozuelo, anterior presidente de Constructora Hispánica, y Rafael Naranjo, expresidente de Sufi.

Recobrar el dinero esquilmado es el objetivo prioritario del juez Pedreira

La lista se completa con Ramón Blanco Balín, considerado el gran cerebro de las operaciones de blanqueo internacional presuntamente urdidas por Francisco Correa y sus subordinados.

De los cuatro pagos, el más importante fue el de García Pozuelo, que desembolsó casi 20 millones. Y el menor corresponde a Blanco Balín, que en junio de 2009 admitió que debía Hacienda 498.754 euros de IRPF y Patrimonio en los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Como era previsible, ninguno de los cuatro ha admitido que las cantidades defraudadas procedan de negocios ilícitos vinculados a la trama de Correa. Pero el detonante de su arrepentimiento fiscal ha sido la investigación judicial, subrayan las fuentes consultadas. Pagando, alejan el peligro de que el juez Antonio Pedreira les investigue no sólo por soborno Naranjo y García Pozuelo o blanqueo de capitales Ulibarri y Blanco Balín, sino también por delito fiscal.

García Pozuelo ya ha pagado casi 20 millones y Blanco Balín, 500.000 euros

Salvo el expresidente de Constructora Hispánica, que pagó tras una sentencia judicial previo acuerdo con la Fiscalía, los otros tres imputados han acudido a la vía de la regularización voluntaria. Es decir, se avinieron a liquidar su deuda tributaria antes de que Hacienda les denunciase por delito fiscal. Han optado, en resumen, por lo que el argot jurídico denomina la 'excusa absolutoria', que evita al defraudador sentarse en el banquillo si a iniciativa propia hace aflorar sus deudas tributarias superiores a 120.000 euros por ejercicio, monto a partir del cual hay delito.

Alfonso García Pozuelo ha devuelto al fisco 19.274.847 euros de deuda más intereses y 36.000 euros de multa. Sospechoso de haber pagado comisiones ilegales a la red corrupta para obtener contratos su nombre aparece con reiteración en la contabilidad B de la trama, el empresario pagó al fisco en el verano de 2010. Su abogado ha intentado, sin éxito por el momento, que Pedreira tenga en cuenta ese dato y exonere a su cliente.

Ulibarri desembolsó 3,1 millones; Naranjo, cuatro millones

El argumento de que todo está ya en orden se repite en el caso de José Luis Ulibarri, que ha devuelto a Hacienda más de tres millones. Exactamente, 3.133.338 euros, según fuentes jurídicas. La fecha exacta del pago no ha trascendido. Pero el sumario Gürtel muestra cómo el acta de conformidad con la liquidación tributaria practicada por Hacienda a Begar quedó fechada el 9 de octubre de 2009.

El abogado de Ulibarri, con quien Público intentó sin éxito contactar el viernes, aportó esa documentación a Pedreira el pasado 29 de abril. Lo hizo después de que su defendido declarase el 13 de abril ante el juez, que le mantuvo la imputación por blanqueo. En su declaración, Ulibarri adujo que abonó un millón a una empresa de Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, por un estudio que en realidad no necesitaba.

Como Ulibarri, también el expresidente de Sufi Rafael Naranjo, facilitó en su declaración judicial una versión que el juez cree inverosímil: que había pagado a la trama un millón de euros en Suiza porque así lo exigía el pliego de condiciones del concurso municipal de Madrid al que optaba su empresa.

Naranjo no fue formalmente imputado en el caso hasta julio de 2010. Pero, ya antes, la Policía había destapado sus supuestos manejos con la red. El empresario se adelantó a los hechos y, el 13 de mayo de ese año, presentó la primera declaración complementaria sobre IRPF e Impuesto de Patrimonio, figura tributaria desaparecida en 2008. Según las fuentes jurídicas consultadas, Naranjo hizo aflorar 2.317.486 euros de impuestos personales impagados y 1.700.000 euros de tributos adeudados por Sufi. Total, 4.017.486 euros.

Quienes conocen de cerca la investigación sobre la trama, el mayor conglomerado de corrupción política destapado en España y que mantiene en vilo a casi una veintena de cargos y exdirigentes del PP, saben que se trata de una cifra modesta: el dinero que se presume oculto en paraísos fiscales supera esa cantidad.

Pero los pasos dados por Pedreira, el instructor de la parte principal del caso, indican que una de sus máximas prioridades es recobrar los fondos ilegales obtenidos con sobornos y amaños. Según cálculos de este diario basados en la documentación obrante en el sumario, la trama costó al erario público no menos de 120 millones.

Liquidaciones tributarias

El 11 de marzo, el juez ordenó practicar las liquidaciones tributarias de 13 imputados. Es decir, pidió a Hacienda que compruebe sus datos fiscales y diga cuánto deben. El magistrado formuló la misma orden respecto a siete empresas, las consideradas nucleares de la trama, excepto Orange Market.

Ninguna declaración

Antes de marzo, Hacienda ya había hecho un cálculo sobre lo adeudado por Francisco Correa, que encabeza la lista de los 13: el jefe de la red debe 18 millones. Entre 2002 y 2007, no presentó declaración de IRPF. Según Hacienda, sus ingresos ascendieron a 40,6 millones.

Delito prescrito

En la lista figuran los principales exdirigentes del PP imputados. El exdiputado Jesús Merino alegó que, incluso de haberse producido delito fiscal, ya habría prescrito.