Hace seis meses, el cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Rouco Varela, se comprometió ante el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, a que la Iglesia española no abriría ningún frente con el Gobierno hasta pasada la Jornada Mundial de la Juventud, el próximo agosto. La visita de Benedicto XVI, sufragada en buena medida con fondos públicos, bien valía una tregua.

La decisión de Rouco no gustó a cierto sector del Episcopado que entiende que, a un año de las elecciones generales, los obispos deben tomar una posición clara en todos los aspectos polémicos de las relaciones Iglesia-Estado, tanto para criticar al actual Gobierno como para que se sepa cuáles son las 'líneas rojas' que la Iglesia no está dispuesta a aceptar de cara al futuro. La piedra de toque vino cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida como Ley de Muerte Digna. El pasado 26 de mayo, Rouco Varela fue preguntado por la normativa, respondiendo que sus colaboradores lo habían estudiado y que, según sus dictámenes, 'no es una ley de eutanasia'.

Las palabras de Rouco generaron malestar en el sector más ultraortodoxo de los obispos y en los movimientos más conservadores (legionarios de Cristo, Opus Dei o los Kikos, entre otros), que consideran que 'no todo vale' para que la visita del Papa sea un éxito. La reciente Comisión Permanente del Episcopado supuso un revés para Rouco, que aunque conserva un omnímodo poder, no pudo lograr que se mantuviera el silencio respecto a la ley.

La presión de algunos prelados y, sobre todo, de estos grupos, lograron que a última hora del miércoles los obispos hicieron pública una nota, resumen de una declaración que verá la luz este lunes, en la que sostienen que la ley 'emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración'.

Según fuentes consultadas por este diario, Rouco trató, hasta última hora, de frenar este texto, argumentando que la Conferencia Episcopal podría emitir un documento condenatorio en noviembre, cuando la norma ya haya sido debatida en las Cortes. Ese documento, que será mucho más duro que este, llegaría cuando Benedicto XVI ya hubiera abandonado España, de modo que Rouco cumpliría con su compromiso con Jáuregui.

En el texto, los obispos reconocen la 'intención laudable del proyecto', aunque critican que la ley apunta algunas 'conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal', como 'la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos'.

La respuesta del Gobierno llegó por boca de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, quien recordó que se trata de 'la misma ley que cuando dijeron lo contrario' y agregó que, ya iniciado el trámite parlamentario, ahora toca 'escuchar a los representantes de los ciudadanos'. Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, advirtió al Episcopado que 'no tiene ningún derecho' sobre la ley, que debe seguir adelante 'pese a quien pese'.

Lo cierto es que, al elaborar la ley, el Ejecutivo consultó a varias congregaciones que trabajan en cuidados paliativos, que con matices le dieron su visto bueno.

El doctor Montes recuerda el interés económico del clero en este ámbito

En este contexto, el doctor Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, explica que el 80% de los cuidados paliativos están en manos de congregaciones católicas, por lo que esta asistencia supone 'un monto importante' para la iglesia. Esto podría explicar su tibieza inicial ante la norma, ya que 'los intereses son los intereses', y harán, a su juicio, que al final el clero acabe apoyando la ley. No obstante, esto no implica que los obispos vayan a renunciar a su postura 'paternalista' sobre la atención al final de la vida. Al final, según Montes, el debate se centra en si se cree o no en la autonomía del paciente, y en si se considera la vida un don recibido sobre el que no se puede decidir, como sostiene la Iglesia, o se acepta el argumento laico 'mi vida es mía'.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Madrileña de Cuidados Paliativos, Álvaro Gándara, cree que la ley sí 'podría abrir la puerta' a prácticas eutanásicas porque 'antepone la voluntad del paciente a la Lex Artis' [la correcta práctica médica]. Según él, el cambio de postura de los obispos se debe, simplemente, a que 'al principio no se leyeron la ley'.