El Gobierno pretende que los mayores de edad también puedan ser adoptados por las familias que los acogieron y con las que viven de forma estable. Es una de las medidas más llamativas del anteproyecto de ley de actualización de la legislación sobre Protección a la Infancia, que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe hoy y a cuyas líneas maestras ha tenido acceso Público.

Cuando una familia acoge a un menor, no puede adoptarlo hasta que, entre otras razones, la Administración determina de forma definitiva que los lazos con la familia biológica están rotos. Con la legislación actual, este trámite se suele dilatar en el tiempo. Por tanto, cuando el menor al que se acoge ya es un adolescente, en muchas ocasiones, la posibilidad de adoptarlo llega cuando este ya ha cumplido los 18 años.

La reforma regula por primera vez los centros de menores con problemas

La legislación en vigor, de 1996, no permite que los mayores de edad puedan ser adoptados ni estén en acogida. Pero la mayoría de edad legal no significa que la persona tenga los recursos necesarios para sobrevivir por sí misma. Por tanto, estos jóvenes, que fueron acogidos por sufrir una situación de desarraigo ydesamparo, quedan, legalmente desprotegidos.

Lo habitual es que las familias de acogida continúen haciéndose cargo de ellos y la convivencia no se vea afectada. Pero legalmente, los padres de acogida no tienen ningún derecho sobre el que ya consideran su hijo. Tampoco este tiene derecho, con el paso de los años, por ejemplo, a heredar. La futura norma también propiciará que los menores de seis años en situación de desamparo sean acogidos por familias y no acaben en centros de acogida.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aprovechó ayer su comparecencia en la comisión de Sanidad del Senado iba a hablar de la gestión de la crisis del pepino, por la que fue aplaudida por todos los grupos políticos para anunciar que el texto ya está listo y que hoy lo aprobarán los miembros del Ejecutivo.

El texto ha obtenido el visto bueno de las comunidades autónomas

Pajín defendió que la futura ley pretende 'mejorar la protección del menor, evitará posibles situaciones de desamparo y agilizará los trámites de la adopción y la acogida'. Las entidades públicas y privadas de protección de menores llevaban tiempo reclamando una nueva ley que mejore la que está en vigor, desde 1996. También el Defensor del Menor, la Fiscalía General del Estado y el Comité de los Derechos del Niño han reclamado su actualización.

El propio Gobierno reconoce que la normativa actual establece 'procedimientos demasiado largos en el acogimiento familiar y en algunos supuestos de adopción'. Además, asume la 'falta de regulación legal para los centros de menores con trastorno de conducta'.

Una comisión del Senado exigió una ley estatal que unificara criterios

De hecho, el funcionamiento de estos centros donde van los menores con problemas de inadaptación familiar o social y de conducta pero que no han delinquido ha sido objeto de denuncia por parte del Defensor del Pueblo en todos sus informes anuales. La denuncia más grave por parte de este órgano se produjo en febrero de 2009. Presentó un informe monográfico en que denunció que algunos de estos centros llegaban a usar celdas de aislamiento 'atroces'.

También arremetió contra los responsables de estos centros gestionados por las autonomías por atiborrar a psicofármacos a los chavales. 'Hemos constatado la tendencia a medicar profusamente los trastornos psicosociales de los menores, con el grave riesgo que puede conllevar para su salud la ingesta continuada y en altas dosis de medicaciones psiquiátricas'.

El pasado 20 de junio, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ya reclamó que la nueva norma garantice 'el pleno respeto de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los menores'.

La futura ley pretende poner fin a este tipo de situaciones, al regular el funcionamiento de estos centros. El texto va más al detalle que el actual, de forma que unifica las normativas de las 17 comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros remitirá hoy el texto a los órganos consultivos del Estado, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal. Está previsto que en dos o tres semanas, el texto vuelva al Gobierno, que incorporará las recomendaciones de estos órganos. El Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley, de forma definitiva, en su reunión de la primera semana de agosto o a la vuelta de las vacaciones, ya a primeros de septiembre, según explicaron fuentes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Entonces, el Gobierno mandará el texto al Congreso.

Está previsto que el trámite parlamentario finalice antes de que acabe el año. En todo caso, el Gobierno asegura que la ley quedará aprobada antes del fin de la legislatura, previsto para marzo de 2012. El Ejecutivo destaca que el anteproyecto está 'muy consensuado'. Así lo destacó Leire Pajín en su comparecencia de ayer. El texto ya cuenta con el visto bueno de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de adopción y protección de la infancia.También las ONG y asociaciones implicadas han participado en la elaboración de la futura ley, 'muy social, sin polémica política', destacan en el Ministerio.

Pajín también destacó que el anteproyecto recoge 'fielmente las recomendaciones' de la comisión especial creada en el Senado para el 'estudio sobre los problemas de la adopción nacional y otros temas afines'. Este grupo ha analizado durante dos años la situación legal y administrativa de la materia.Pajín resaltó que sus conclusiones han sido de 'tremenda utilidad'.

En noviembre de 2011, la comisión aprobó por unanimidad un documento con 71 propuestas específicas. Los senadores exigieron la unificación de criterios y normativas en las autonomías. La comisión pidió facilitar la adopción nacional, potenciar el sistema de acogida y unificar los criterios legales para evitar que los menores desamparados acaben recluidos en centros institucionales y enredados en interminables procesos judiciales, según Europa Press.

El Gobierno no ampliará la duración de las bajas maternales, fijada actualmente en 16 semanas. Así lo ha manifestado en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de IU-ICV, Núria Buenaventura, que había solicitado información acerca de las próximas actuaciones relacionadas con los permisos de maternidad y paternidad.

'Una mayor duración no significa más protección', señala la respuesta del Ejecutivo, que considera que para mejorar las condiciones laborales de las madres hay que 'valorar otros factores como el nivel de retribución y la coexistencia de otros permisos que protejan la maternidad', informa Europa Press.

En este sentido, el Gobierno especifica que pretende apostar por la ampliación de los permisos de paternidad (de dos a cuatro semanas) con el fin de fomentar la
corresponsabilidad.

En cuanto al retraso de la entrada en vigor de esta medida, prevista para enero de este año y aplazada un año, hasta enero de 2012, alegan 'evidentes' razones económicas. De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó el pasado mes de septiembre, durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, que dicho aplazamiento permitiría ahorrar al Gobierno unos 200 millones de euros.