Estaba previsto que ayer a las dos de la tarde la situación estuviera resuelta. La dirección nacional quería dar con 'una solución rápida' pero todo se fue complicando a lo largo del día. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, se reunió con el president de la Generalitat, Francisco Camps, para ver cómo afrontaban la apertura de juicio oral por el caso de los trajes que le regaló la trama Gürtel.

En el partido cuentan que Trillo fue con la intención de convencer al jefe del Consell de que lo mejor que podía hacer era pagar la multa y evitar así la foto del banquillo. 'Su objetivo: allanarle para resolverlo lo más pronto posible. Antes de que todo el mundo se vaya de vacaciones en agosto. De modo que a la vuelta, en el inicio de curso, ya no se hable de ello y el PP se pueda concentrar en las generales', cuenta un cargo de la formación regional.

Al cierre de esta edición todo apuntaba a que Camps estaba dispuesto a hacer caso de la recomendación del enviado de Rajoy. Con ello reconocería que ha cometido un delito de cohecho impropio y que ha mentido durante todo este tiempo. Pero para la cúpula es lo más cómodo. 'Lo que desea que haga la mayoría de la casa para pasar página de una vez por todas', reconocía ayer un dirigente conservador.

Pero Camps se encontró ayer con un escollo interno. No sólo él tendría que aceptar que es culpable. También deberían hacerlo los otros tres ex altos cargos de la Generalitat: Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret, que están imputados en la misma causa. Es necesario dar ese paso de 'forma unánime' y no a todos les conviene.

Sobre todo a los dos últimos, por si se ven finalmente imputados en el caso de financiación ilegal. Si saldan la pena tendrían antecedentes penales y a Costa es al que menos le interesa porque cuando el Tribunal Supremo ordenó la reapertura del caso en mayo de 2010, el Alto Tribunal señaló que no tenía responsabilidad ejecutiva y, por tanto, sería el que saldría mejor parado.

'Tienen que llegar a un acuerdo todos', explicaban anoche fuentes del PP. Y, por lo visto, Costa no se plegaba a ello. La presión del PP nacional para que aceptara la conformidad fue muy fuerte. 'Él se resiste', contaban desde su entorno mientras explicaban que él haría al final lo que le aconsejaran sus abogados. Costa, expulsado del PP en 2009, tiene así ahora en sus manos una de las llaves del futuro de Camps.

Desde el círculo de Rajoy se mostraban convencidos de que podrían negociarlo con él. Pero los que le conocen afirman que a él no le podrían 'compensar con nada' y que si accede es porque se lo pide su partido y no se quiere quedar solo, enfrentado a todos.

Que la jornada iba a ser larga y tensa se venía barruntando desde por la mañana. Tras cinco días de silencio, la cúpula del PP se pronunciaba de forma muy sutil. Ocurrió cuando a la entrada de una reunión de portavoces del Grupo Popular en el Congreso le preguntaron a su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, si Camps tenía que dimitir. Su respuesta fue de lo más misteriosa y causó un gran revuelo.

La dirigente conservadora contestó que su partido se disponía a trabajar en la redacción del programa electoral y comentó que Rajoy tenía 'mucho interés' tanto en 'las decisiones' que se fueran a adoptar en relación a este tema 'como en otras que se comunicarán en su momento'.

Esa coletilla sonó completamente intencionada porque Sáenz de Santamaría, que renunció ayer a dar su habitual rueda de prensa de los martes para evitar un interrogatorio en toda regla, sabía perfectamente que le iban a sacar el tema. No dio más detalles. Ni explicó que es lo que estaba insinuando.

Sus colaboradores quisieron quitarle hierro a sus palabras. Pero estas cayeron en el PP valenciano como un jarro de agua fría. 'Ella sabrá lo que ha querido decir', espetaban desde la formación regional subrayando que lo único que había hecho era salir a 'liarla'. En su memoria aún están presentes algunas de las indirectas que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, lanzó a Camps en nombre de Rajoy para que asumiera responsabilidades echando a su mano derecha, Costa.

Por eso ayer muchos cargos del PP interpretaron que las declaraciones de Sáenz de Santamaría, una de las personas de mayor confianza del jefe de la oposición, iban encaminadas a apretar un poco más las tuercas al president para que dijera qué y cómo iba a gestionar esta crisis.

Hasta ayer, al pago de la multa se sumaban otros dos escenarios posibles. La dimisión de su cargo para siempre o por un tiempo, porque se llegó a hablar de la posibilidad de que dejara el puesto a su vicepresidenta, Paula Sánchez de Léon. Pero nadie contemplaba esta opción. Camps lleva dos años de resistencia y en el PP reconocen que no les conviene nada que se vaya porque dejaría 'descabezada' una autonomía y un partido con el consiguiente 'follón' ante unas generales.

También, por lo visto, los abogados de Camps trataron de convencerle de que fuera a juicio porque el caso podría quedar archivado. Pero a los que rodean a Rajoy no les convencía. 'Existe el riesgo de que lo pierda y eso no nos lo podemos permitir', comentan. En el PP temen una exposición mediática tremenda.

Los conservadores decían que si al final se decantaba por este camino tendrían que haberlo aceptado y apoyarle. Rajoy siempre podría haber salido al paso diciendo que esperaba un pronunciamiento de la Justicia y que existía la posibilidad de recurrir.

En conclusión, en este proceso la pelota siempre ha estado en el tejado de Camps. O eso al menos es lo que en todo momento ha querido trasladar el entorno de Rajoy. Durante estos días no ha querido pronunciarse a la espera de que el jefe del Consell se lo pensara. Una actitud que a algunos, debido a su desaparición, comenzaba a 'exasperar'. Hoy retoma su agenda e irá a dos actos en Castellón. En el partido esperan que hable y explique su posición.

Los máximos dirigentes afirman que el jefe de la oposición les ha pedido que estén 'tranquilos' y les ha dicho que confía en que la situación se resuelva bien. A todos ellos se les hacía cuesta arriba lo que estaba ocurriendo y aunque están convencidos de no va a pasarles factura electoral todos se reconocen incómodos y molestos por el hecho de que su compañero de filas fuese el tema central de conversación.

En el PP valenciano han pedido a todos sus parlamentarios que hagan piña y entren, incluso, en la página web del partido, para sumarse a los apoyos de 'Todos con Camps'. Ayer los conservadores valencianos se dedicaron a seguir defendiendo a su president en público. Así la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, repitió que confía en la inocencia de Camps y que sigue brindándole su apoyo. El presidente de Les Corts y exvicepresidente de la Generalitat Juan Cotino publicó en su blog un furibundo ataque contra Alfredo Pérez Rubalcaba, al que acusó de 'complot' y 'cacería' contra el jefe del Consell.

Cotino afirmó que Rubalcaba, junto al juez Garzón y el exministro Bermejo, urdieron una estrategia para 'difamar al presidente de todos los valencianos'. La trama, según él, habría consistido en 'coger a un sastre que habíaa declarado dos veces que Camps pagaba al contado las facturas y hacerle cambiar la declaración para que dijera todo lo contrario'. Según el presidente de Les Corts, 'la decisión de condenar a Camps no fue tomada por un juez (...). Fue tomada por el gobierno socialista'.

La Fiscalía de Castellón no investigará el pago de 2,7 millones de euros de la Generalitat Valenciana al arquitecto Santiago Calatrava por los estudios previos de un proyecto en Castellón que no llegó a realizarse, al no hallar indicios de delito. En marzo, IU presentó una denuncia ante la Fiscalía del TSJ valenciano en la que acusaban a la Generalitat de adjudicar varias obras a Calatrava sin concurso previo y pagarle en total 5,5 millones pese a que las obras no se hicieron. La Fiscalía de Valencia sí aceptó investigar los hechos en relación a una de las obras, proyectada en Valencia.