Fernando Martín, presidente de Martinsa e imputado en el caso Gürtel desde hace apenas un mes, se ha sumado al considerado jefe de la trama, Francisco Correa, en su intento por acelerar el envío del sumario a la Audiencia Nacional.

Martín está imputado por soborno, delito fiscal y blanqueo tras descubrirse que transfirió desde Mónaco 12,8 millones que acabaron en una cuenta suiza de Correa y que presuntamente fueron el pago de una comisión por un pelotazo en Arganda (Madrid). Ahora, el dueño de Martinsa se ha adherido junto con otros cinco imputados a la súplica elevada por el abogado de Correa al Tribunal Superior de Madrid (TSJM) para que aparte del caso sin más demoras al juez Antonio Pedreira.

La Sala Civil y Penal del TSJM deliberará hoy sobre esos recursos. Todos ellos buscan que el TSJM corrija su propia decisión de permitir que los imputados puedan impugnar ante el Supremo el auto por el que Pedreira se inhibió al no haber ya aforados en el caso. Dos imputados, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario José Luis Ulibarri, anunciaron sendos recursos ante el alto tribunal. Y, según la información recabada por Público, al menos uno de los recursos obra ya en poder del Supremo, que ahora debe decidir si lo admite a trámite o o lo rechaza de plano.

Si los admite a trámite, y aunque el Supremo acorte sus plazos, no habrá previsiblemente un pronunciamiento antes de octubre. En cambio, si considera que no debe tramitarlos, el caso volverá al Juzgado Central de Instrucción número 5, ahora dirigido por Pablo Ruz. Cuando le llegue el sumario, lo que es cuestión de tiempo, Ruz decidirá si asume el caso o si lo deriva a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Dada la endémica falta de medios de los juzgados de Madrid, esa segunda opción implicaría en la práctica enterrar el sumario.

La ofensiva para enviar lo antes posible el caso a la Audiencia Nacional ha coincidido en el tiempo con la reactivación de las investigaciones sobre el pelotazo de Martinsa en Arganda. En diciembre de 2004, el Ayuntamiento de ese municipio, gobernado entonces y ahora por el PP y cuyo exalcalde permanece imputado, adjudicó a Martinsa un solar por 76 millones tras un concurso supuestamente amañado. Dos años después, Martinsa vendió un tercio del suelo por 73 millones.

Antes de la adjudicación, los responsables de finanzas del PP en aquel momento, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, avisaron a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre del amaño que se preparaba. Y de que un altísimo cargo del Gobierno de Aguirre estaba al tanto de la operación. El aviso fue desoído.