'Rumanía es un país de la Unión Europea como el resto, pero parece que somos ciudadanos de segunda'. Así se refirió ayer Yiorel Hatei, un obrero en paro rumano, a la decisión anunciada por el Consejo de Ministros de volver a exigir contrato laboral previo a los ciudadanos rumanos que quieran venir a trabajar a España. 'Es una medida discriminatoria que afecta según tu país de procedencia y no según tus cualidades. ¿Esto es la Unión?', prosiguió.

La opinión de Yiorel coincide con lo que expresó ayer el portavoz de la Comisión Europea (CE), David Boublil, que también duda de la legalidad de la decisión. 'En principio, España no puede introducir ahora nuevas restricciones temporales a trabajadores de Rumanía', declaró. 'Una vez recibamos la normativa española, la examinaremos y comprobaremos si cumple con la normativa comunitaria', afirmó.

La reactivación de la moratoria entrará en vigor el próximo 1 de agosto.

El Gobierno, que remitió ayer el texto a la Comisión, explicó ayer por boca de su portavoz, el ministro José Blanco, que la medida tendrá 'carácter temporal' y no afectará a los rumanos que ya estén en España. El objetivo perseguido, según Blanco, es 'vincular el flujo de entrada de inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo español' y que estos trabajadores no sean víctimas de la 'explotación y el trabajo sumergido'.

La opinión de Yorel no es, sin embargo, compartida por todos sus compatriotas: 'España ha dado mucho a los ciudadanos rumanos. Unos lo hemos aprovechado; otros, no. Ahora que los españoles no tienen trabajo, entiendo que estén hartos. Han aguantado más que el resto de europeos. Vienen muchos rumanos que trabajan más barato y les quitan oportunidades'. Así de contundente se mostraba ayer Ana Nanu, una chica rumana de 24 años que trabaja en una carnicería de Coslada (Madrid).

La moratoria, que entra en vigor el 1 de agosto, no es nueva. Ya estuvo vigente en España desde el 2007, año en el Rumania entró en la Unión, hasta el 1 de enero de 2009, cuando Celestino Corbacho, ministro de Trabajo por aquel entonces decidió levantarla. Ahora, cuatro años más tarde, el Gobierno ha decidido reactivarla, con una tasa de paro que ronda el 21% de la población activa y una comunidad rumana que supera las 800.000 personas, el 30% de ellas en situación de desempleo. La moratoria también está presente en otros países como Francia, Italia y Alemania, lo que ha provocado, según fuentes gubernamentales, un aumento del flujo de inmigrantes rumanos hacia España, 'cuyo mercado de trabajo ya no puede absorber más inmigrantes'.

La decisión provoca opiniones encontradas entre los rumanos

Elena Starahotin, una mujer de 54 años que reside en España desde hace cinco, está también entre los rumanos que comprenden la decisión del Gobierno español. 'Creo que es acertada la decisión. Yo trabajo y pago mis impuestos en España, pero entiendo que los españoles reclamen un puesto de trabajo para ellos porque este es su país y primero tienen que trabajar ellos', explicó. Una opinión similar tiene Christian B., de 23 años, 11 de ellos viviendo en España. 'Si el país está como está, permitir la entrada de más rumanos me parece injusto con los que son de aquí', explicó.

Sin embargo, otra ciudadana rumana, Cristina Tanasescu, de 23 años, no comparte la decisión, aunque sí la comprende. Cristina trabaja en España con un contrato firmado en Rumanía con una empresa de Alemania y cree que esta normativa 'es una impedimento para todos los rumanos'. 'Aun así, no me extraña la decisión; con el alto nivel de paro que hay, entiendo que el Gobierno quiera tomar esta medida' apuntó.

Por su parte, en Rumanía la noticia, curiosamente, ha sido recibida con tibieza. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores del país balcánico, Teodor Baconschi, tras reunirse con Trinidad Jiménez el pasado lunes, trató de restar importancia a la decisión tomada ayer por el Consejo de Ministros: 'La nueva normativa española es una decisión estrictamente técnica, por causas económicas, sin ninguna connotación política'.

Mientras, la mayoría de los periódicos se han tomado la reactivación de la moratoria como un mensaje 'en clave' de cara a las próximas elecciones, ya que existe el temor de que la derecha use la inmigración como arma electoral, según Eduardo Salceda, profesor del Instituto Cervantes de Bucarest.