'Llevo tres meses pagándole sus medicamentos de mi bolsillo', le explica la farmacéutica al anciano que le entrega, al otro lado del mostrador, una decena de recetas. La mujer sonríe al hombre, cliente habitual de la botica, un cuarto sencillo donde apenas caben cinco o seis personas.

Si la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha (PP) no le paga lo que le debe (50.000 euros hasta este lunes, cuando se debería haber saldado la última mensualidad), Pilar Sanchez tendrá que cerrar su farmacia en Auñón, un pueblecito de la provincia de Guadalajara con 204 personas censadas. No tiene dinero para pagar los fármacos por adelantado y en una semana no podrá garantizar el suministro.

'El 1 de septiembre habrá desabastecimiento', advierte la vocal de Farmacia Rural del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, Pilar Martín. Hace tres meses que la Consejería de Sanidad no paga a estos profesionales la parte de los medicamentos de financiación pública (el 100% de las recetas para jubilados y el 60% del resto). 'Llevo todo el verano trabajando gratis y si encima tengo que pedir un préstamo, pierdo dinero, al pagar los intereses', justifica Martín. La farmacéutica regenta una botica en Las Labores (Ciudad Real), donde viven 659 personas. La Comunidad le debe 60.000 euros.

El Colegio de Ciudad Real: 'El 1 de septiembre habrá desabastecimiento'

A José Antonio García, farmacéutico de Chillarón de Cuenca (547 vecinos), la soga le ha apretado antes y ya no recibe más fármacos. La Consejería de Sanidad le debe 180.000 euros y él no puede pagar a la distribuidora, que ya le ha aplazado el pago dos meses y no puede alargar la situación. Su futuro es incierto y no descarta cerrar.

La deuda de 125 millones de euros que la Consejería de Sanidad ha contraído con los boticarios ahoga en mayor medida a los de los pueblos pequeños, muy presentes en Castilla-La Mancha. La inmensa mayoría de sus ingresos proceden de la dispensación de recetas, que dada la elevada edad de sus pacientes, son de medicamentos financiados íntegramente por la administración. Por eso, el impago les ha dejado sin ingresos. Un 23% de las farmacias de la región abastece a pueblos de menos de mil habitantes.

Los farmacéuticos de Castilla-La Mancha no cobran desde el pasado 20 de mayo, cuando el todavía Gobierno socialista les hizo el último ingreso. Dos días después, María Dolores de Cospedal (la secretaria general del PP), ganó las elecciones autonómicas y cerró el grifo. La deuda irá en aumento porque el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, ya ha manifestado en varias ocasiones que no pagará a los farmacéuticos hasta que los presupuestos de 2012 no se hagan efectivos, probablemente en marzo.

Hasta entonces, la solución que da la Consejería de Sanidad a los farmacéuticos es que pidan créditos para poder adquirir así los fármacos. Pero los boticarios denuncian que, de optar por esta vía, serían ellos quienes pagarían los inte-reses y deberían avalar un posible impago con sus bienes.

'Si se tiene que cerrar, se cierra, pero yo no puedo pedir un crédito respondiendo con mi propia casa, ¿y si me la quitan?', razona Pilar Sánchez, mientras va atendiendo a los ancianos que van llegando a la botica a cuentagotas. 'No creas que todos los días es así', asegura. Es jueves, uno de los dos días en que el médico pasa consulta en Auñón.

La Consejería de Sanidad no ha concretado ningún compromiso de pago y los boticarios temen la bancarrota. '¿Cómo vamos a pedir un crédito sin tener la certeza de que la Consejería nos pagará luego a nosotros?', denuncia por su parte Pilar Martín, la vocal del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Explica que la mayoría de farmacéuticos rurales de Castilla-La Mancha ha conseguido que las distribuidoras de medicamentos intermediarias entre los laboratorios y las boticas les continúen suministrando fármacos en junio, julio y agosto. Eso sí, tienen un plazo para pagarlos, con intereses. En su caso, si no paga antes del miércoles, la distribuidora incrementará un 10% el precio de lo que le vaya suministrando, un interés que deberá pagar de su bolsillo.

Fuentes de Cofares, una de las distribuidoras con más volumen de ventas, confirman que todos sus clientes de la región han solicitado el aplazamiento de los pagos, 'con el consiguiente riesgo en la financiación de la empresa' que ello supone. 'El mayor riesgo está en el desconocimiento de la fecha real en que la Consejería de Sanidad va a hacer frente a su deuda, ya que esta situación no es sostenible mucho más tiempo', denuncian.

'Si hubiera un compromiso de pago, podría plantearme hipotecar mi casa, y eso que tengo tres hijos', asegura Fernando López, el farmacéutico de Salmerón (Guadalajara), con 200 vecinos. 'Como mucho aguantaré con suministro hasta mediados de septiembre', lamenta, mientras muestra las baldas medio vacías de su establecimiento, que abrió hace dos años. 'Cuando se acaben, no hay más. Cada día me pasa más veces el tener que decirle a una persona: pues no tengo', denuncia.

La falta de suministro está sancionada por la Ley del Medicamento, que considera a las farmacias como un servicio público. 'Pero ¿dónde dice en la ley que los farmacéuticos tengamos que asumir su coste?', recalca López. 'Usan la ley arbitrariamente para penalizarnos', considera.

A este farmacéutico, el Gobierno regional le debe 50.000 euros y su deuda con las distribuidoras de fármacos ya es de 40.000 euros. 'La Consejería está teniendo un comportamiento dictatorial sin dar soluciones', denuncia.

Ante esta situación, López, como el resto de farmacéuticos, ha tenido que ir dispensando los medicamentos que tenía en stock, 'fundamental en la farmacia rural', destaca.

Casilda Marralópez, farmacéutica de El Recuenco (Guadalajara), relata que en invierno las nevadas dejan prácticamente incomunicado al pueblo, de 97 habitantes. 'Te puedes quedar tres o cuatro días sin pedido', asegura. 'El problema vendrá si hay una urgencia grave y no tenemos stock ni puede llegar a tiempo el pedido', explica. 'Voy a intentar que no falten ciertos antibióticos y analgésicos de emergencia, pero quizás sólo tendré una caja de cada', lamenta.

Según asegura, no puede hacer otra cosa: el Gobierno regional le debe 36.000 euros. 'En septiembre dejaré de pedir, se me caerá el alma a los pies cuando le diga a una persona mayor que no le puedo pedir el medicamento', confiesa.

Sus hijas, de tres y cinco años, y un chico de 15, son los únicos menores de la localidad, en la que no hay ni una sola tienda y una furgoneta suministra a diario el pan. Sus clientes son jubilados, explica tras el mostrador, situado en la estancia central de su casa. Así, desde su farmacia se accede a los dos dormitorios y al resto de dependencias del hogar. Es la farmacia rural por antonomasia.

'Yo voy a intentar comprar por encargo las recetas que me vayan pidiendo', explica Julia Martínez, farmacéutica de Villanueva de Alcorón (Guadalajara) y vocal de Farmacia Rural del Colegio de profesionales de Guadalajara. 'Facilitaré a los pacientes que encuentren medicamentos en otros sitios y, si les tengo que llevar yo, les llevaré, no les voy a dejar solos, y menos en invierno, pero el 1 de septiembre no puedo adquirir más deuda', explica.

El Gobierno de Cospedal le debe 35.000 euros y ella ya adeuda 30.000 a la distribuidora. 'Lo poco que hago de caja lo uso en gastos corrientes, pero no doy abasto, esta situación es insostenible. No puedo dormir, tengo ansiedad', confiesa. 'En el Colegio de Guadalajara estamos esperando a ver si varios bancos crean un fondo para avalar a la Consejería o a nosotros mismos', explica.

Por su parte, ante el enrocamiento de la Consejería de Sanidad en su postura, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) solicitó el viernes pasado al Consejo de Ministros que el Estado avale a la comunidad autónoma para que cobre su deuda.

La situación es tan delicada que ni las sanciones que la Consejería de Sanidad les impon-drá por la huelga del pasado 11 de agosto ha amedrentado a los farmacéuticos, que no descartan nuevos cierres.