El PP de Andalucía ha salido en tromba tras la presentación por parte del PSOE de una proposición de ley que, de aprobarse como está previsto este mismo otoño, supondrá la incompatibilidad de los cargos de alcalde y parlamentario a partir de las próximas elecciones andaluzas, en la primavera de 2012. El partido que lidera Javier Arenas, que tiene 17 regidores que son a la vez diputados regionales, ha anunciado medidas judiciales y manifestaciones contra la medida, pese a que en Galicia rige una limitación similar desde 1992, cuando era presidente de la Xunta Manuel Fraga, presidente fundador del PP. ¿Existe una contradicción?, se le planteó ayer a los conservadores en una rueda de prensa en la sede regional.

“En Galicia, se aprobó al principio de la legislatura y con el consenso de todos los grupos. En Andalucía, se cambian las reglas de juego al final de partido”, respondió Rosario Soto, portavoz del PP andaluz. Jorge Ramos, secretario general del Grupo parlamentario Popular, añadió: “El PSOE ha roto la regla de oro, las grandes reformas se aprueban por consenso. Se ha echado al monte. Se ha convertido en el maquis. Van de guerrilleros de la política”.

La ley gallega, no obstante, se aprobó en el tramo final de la legislatura y no fue fruto de un consenso. La ley 15/92, de 30 de diciembre de 1992, sobre las elecciones al Parlamento de Galicia, considera “inelegibles” como diputados autonómicos, entre otros, a los alcaldes. El entonces presidente de la Xunta, el fundador del PP, Manuel Fraga, hoy senador, promovió esta modificación a la normativa vigente en aquel tiempo, aprobada en 1985. Las elecciones autonómicas se celebraron el 17 de octubre de 1993, menos de diez meses después.

Los conservadores hicieron valer entonces su mayoría absoluta en la Cámara gallega para imponerse a PSdeG-PSOE, BNG y al Grupo Mixto (integrado por Esquerda Galega y Coalición Galega), que no apoyaron la modificación. Lejos de buscar el consenso, el PP pretendía con ello diluir el tirón que en la época tenían regidores socialistas, como el exmandatario de A Coruña Francisco Vázquez.

Precisamente, los conservadores acusan ahora a los socialistas de sacarse la norma de la manga para expulsar del Parlamento andaluz, por interés partidista, a los 17 alcaldes-diputados del PP y a Juan Manuel Sánchez Gordillo, regidor de Marinaleda (Sevilla) por IU, el parlamentario del grupo izquierdista más señaladamente contrario a un pacto poselectoral con el PSOE en caso de que el PP logre el triunfo pero no alcance la mayoría absoluta (como ocurrió en Extremadura el 22-M).

El PP andaluz recrudeció ayer su desafío a la medida pactada por PSOE e IU. Soto anunció una gran reunión de alcaldes en Ronda (Málaga) el 4 de septiembre, domingo de la semana que viene, para hacer una “defensa contundente” de sus regidores. Allí está previsto que el PP anuncie qué “medidas judiciales” tomará “por todos estos agravios”, dijo Soto.

Los “agravios” que denuncia el PP no son sólo la “expulsión de los alcaldes”, que la portavoz del partido considera “un atentado político”. Hay más. “Existe un bloqueo a los proyectos en las ciudades en donde gobierna el PP”, dijo Soto.

El PP ganó por primera vez unas elecciones en Andalucía el 22-M y gobierna con mayoría absoluta en las ocho capitales, en la mayoría de las grandes ciudades, caso de Jerez de la Frontera (Cádiz), Marbella (Málaga), Algeciras (Cádiz), y en cinco de las ocho diputaciones.

Aunque es frecuente que la Junta y los alcaldes del PP protagonicen enfrentamientos institucionales, el tono ahora está más encendido que nunca y el partido de Arenas ha recrudecido su discurso del agravio.

El foco está puesto en Jaén –una ciudad de 116.700 habitantes cuyo alcalde, José Enrique Fernández de Moya, afirma que la Junta debe 1.500 millones de euros en proyectos– y fundamentalmente en Córdoba. Ramos y Soto pidieron ayer la dimisión del consejero de Turismo, Luciano Alonso, por no colaborar con la organización en la ciudad de las semifinales de la Copa Davis, previstas en septiembre.