Convergència i Unió (CiU) se distanció un paso más del acuerdo cerrado por PSOE y PP para reformar la Constitución blindando un límite al déficit público, consciente de que su respaldo tiene un valor añadido para socialistas y conservadores.

Los diez escaños del Grupo Catalán no deciden la votación en el Congreso, que debatirá mañana la reforma, al sumar socialistas y conservadores 321 votos y ser necesarios 210 para aprobar la modificación. La aportación de CiU es cualitativa, al ser uno de los partidos que elaboraron la Constitución en 1978, texto que puede cambiar sin su aportación, según denunció ayer su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida. 'El PP y el PSOE han cometido un grave error al excluirnos del diseño de la arquitectura constitucional, de hecho, acaban de romper el espíritu de la Constitución y del proceso constituyente', se quejó.

'No se nos puede invitar a adherirnos a una reforma sin que se nos haya invitado a la mesa con PP y PSOE para concertarla y eso no sólo sirve para CiU, sino también para IU, que a través del PCE fue partícipe del proceso constitucional', recordó Duran.

Durante la meteórica confección del acuerdo entre socialistas y conservadores, ambas partes informaron a la federación catalana en tiempo real para engrasar su adhesión. La apertura del acuerdo a CiU e IU fue una de las instrucciones dictadas por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, al equipo negociador socialista.

El propio Duran reconoció estos contactos en una entrevista a Efe, atribuyéndose la paternidad de la fórmula acordada, que no concreta el techo de déficit: 'Admito que Rubal-caba compartió y negoció nuestra tesis de que no apareciese un porcentaje de déficit en la Constitución y que esta lo remitiese a una ley orgánica que contara con la flexibilidad de revisar los porcentajes en el año 2015 y en el año 2018, ante lo que el PP se resistía'.

Desde esta queja, Durán elevó el listón para un eventual respaldo y lo supeditó a que la futura ley orgánica que desarrollará la reforma establezca un tope máximo del 4% del déficit fiscal entre las comunidades autónomas y el Estado. Este déficit fiscal autonómico es la diferencia entre los impuestos que pagan los ciudadanos de un territorio y lo que reciben a cambio en concepto de inversión pública. En 2008, el Ministerio de Economía cifró el déficit fiscal de Catalunya entre el 6,3% y el 8,7 de su PIB.

La demanda de Duran es una aspiración catalanista que trató de introducirse en el Estatut reformado en 2006. CiU la llevará a sus enmiendas, reivindicando la legislación alemana país pionero en la reforma que fija un máximo de déficit fiscal de los lands [territorios autónomos] respecto al Estado federal.