La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha marcado el paso y el resto de comunidades autónomas con gobiernos del PP la siguen. Si el jueves Extremadura y el País Valencià anunciaron nuevos ajustes en las cuentas autonómicas para hacer frente al déficit, ayer le tocó a La Rioja. Su presidente, Pedro Sanz, anunció que a mediados de octubre tendrá listo un plan de austeridad que buscará la 'complicidad de toda la sociedad y los sindicatos'.

Poco avanzó el presidente riojano de su plan que, según aseguró, contemplará una petición para 'pactar' una reducción de los liberados sindicales. Actualmente hay 103 en la región. Sanz no se atrevió a fijar el número concreto en el que podrían verse reducidos. Se limitó a asegurar que será algo negociado.

El PSOE augurauna caída del 5%del PIB enCastilla-La Mancha

La reducción de los liberados sindicales es una de las señas de identidad del plan presentado por Cospedal el pasado miércoles en Castilla-La Mancha. Un plan que contempla reducir el presupuesto en un 20% rebajándolo hasta los niveles del año 2008. Concretamente para los liberados sindicales, el Gobierno castellano-manchego quiere reducir la cifra en 501, hasta los 284, para ahorrar 19,4 millones. Los socialistas consideran, no obstante, que según la legislación estatal no podrá reducir más de 150.

Sanz, que reunió a la prensa para un desayuno informativo para repasar las líneas del nuevo curso político, quiso dejar claro que su plan de austeridad no restará 'calidad' a las políticas sociales. E intentó esquivar la polémica tras el duro plan de ajuste de su compañera Cospedal asegurando que él no escucha ni atiende 'lo que dicen los demás presidentes de las comunidades autónomas, porque cada comunidad es diferente', informaEuropa Press.

Cospedal insiste en que la sanidad y la educación públicas no sufrirán

También Cospedal hizo ayer hincapié en una entrevista concedida a Onda Cero en que su denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos no tocará ni la sanidad ni la educación públicas. No obstante, los socialistas siguen insistiendo en que se perderán 15.000 empleos públicos, el grueso de ellos en escuelas y hospitales, y que ello redundará en la calidad del servicio prestado.

Fernando Mora, diputado del PSOE de Castilla-La Mancha, añadió, por su parte, otro argumento en contra de los ajustes de la presidenta Cospedal. Según informó en una rueda de prensa, la 'drástica' reducción del presupuesto de la región para 2012 conllevará una caída del 5% del PIB, que se traducirá en la pérdida de 3.000 millones de euros.

Pajín sostiene que estos planes no deben afectar a las políticas sociales

A juicio de Mora, que hizo un llamamiento a adoptar políticas de consenso, los conservadores están 'experimentando' con Castilla-La Mancha las políticas que más tarde van a poner en práctica en España si Mariano Rajoy gana las generales. El dirigente socialista criticó, además, que Cospedal esté más preocupada de conseguir 'titulares nacionales' que en atender a su región.

En este contexto, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, consideró que la reducción del déficit no debe afectar a materias como sanidad, política social y educación, a las que calificó de 'absolutamente prioritarias'.

En un acto en Alcoy (Alicante), la titular de Sanidad sostuvo que 'apostar por la reducción del déficit consiste en elegir por dónde uno recorta'. 'Lo que tengo muy claro como ministra y como ciudadana es que la sanidad, la política social y la educación son absolutamente prioritarias y que por tanto son intocables en esa apuesta de reducción del déficit', resumió.