La carrera contrarreloj emprendida por PSOE y PP para incorporar a la Constitución un compromiso contra el déficit superará mañana en el Senado su última prueba. La reforma saldrá adelante con tanta holgura aritmética como con falta de consenso, al renunciar socialistas y conservadores a sumar a su iniciativa el apoyo de más grupos.

El calendario marcado por la inminente disolución de las Cortes previa a las elecciones del 20-N es el obstáculo que imposibilita el consenso. Obligados por él, PSOE y PP han renunciado a sumar a CiU a su amplia mayoría 239 de los 261 escaños de la Cámara. Ambas formaciones han desistido de repetir el trabajoso cortejo con el que intentaron conquistar al Grupo Catalán horas antes de la aprobación de la reforma en el Congreso el pasado viernes.

La disolución de las Cortes impedirá introducir cambios en la reforma

El veto del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, frenó este acuerdo cerrado in extremis a tres bandas. En esta ocasión no será necesario recurrir a medidas de fuerza. La dirección del Grupo Socialista en el Senado admitió ayer a Público que el recorrido que se inicia hoy en la Cámara con la calificación de las enmiendas por la Mesa y la reunión de la Comisión Constitucional concluirá mañana en el pleno con su aprobación sin más apoyos previstos que PSOE, PP y los dos senadores de UPN.

Socialistas y conservadores no intentarán esta vez vencer la resistente voluntad de CiU para evitar que la prolongación del trámite parlamentario ponga en peligro la aprobación de la reforma. Ambos grupos recuerdan que cualquier modificación del texto introducida en el Senado obliga a discutirlo de nuevo en el Congreso para su aprobación definitiva. De hecho, fuentes convergentes admitieron ayer esta falta de interés. Ni PSOE ni PP habían llamado a su puerta para ampliar el apoyo a la reforma.

PSOE y PP dan por hecho que sacarán adelante el texto sólo con UPN

El calendario se impone. Las enmiendas que CiU aceptó en el Congreso y frenó Llamazares la más relevante autorizaba a las autonomías a elevar su deuda en casos excepcionales retrasarían hasta la próxima semana el final del proceso. Dado que la ley abre un plazo posterior de 15 días para que los grupos pidan un referéndum reuniendo el aval mínimo de la décima parte del Congreso o del Senado, el calendario chocaría necesariamente con la necesidad de disolver las Cortes el 27 de septiembre para convocar elecciones generales.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, ya adelantó el pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros y poco después de la votación del Congreso que el Ejecutivo 'no ve ámbitos' de acuerdo para ampliar a CiU la reforma pactada por socialistas y conservadores.

El bloque opositor lleva al Senado las mismas enmiendas que al Congreso

Con este clima previo concluyó anoche en el Senado el plazo de enmiendas al texto aprobado por la Cámara Baja. La Mesa del Senado calificará hoy estas iniciativas, admitiendo o no su discusión. Los grupos esperan que el órgano de gobierno de la Cámara emplee la polémica criba que laminó en el Congreso aspiraciones de las formaciones minoritarias como el reconocimiento del derecho a la autodeterminación o la exigencia de un referéndum sobre la reforma.

Las enmiendas reproducen de forma casi milimétrica las que tumbó el Congreso. Entre otras demandas, CiU abogará de nuevo por establecer cláusulas de salvaguarda para la autonomía financiera de las comunidades autónomas, de manera que cada una de ellas pueda fijar un límite máximo para su endeudamiento.

El PNV vuelve a llevar al Senado su petición en favor del derecho de autodeterminación abortada por la Mesa del Congreso e intentará introducir una referencia expresa a los territorios forales vascos para no constreñir su capacidad financiera.

Las minorías de izquierda se plantean repetir el plante del Congreso

ERC también mantiene las alegaciones que registró en el Congreso, entre ellas la que reclama por el derecho de autodeterminación de Catalunya y la que pide que los ciudadanos ratifiquen en las urnas la reforma de la Constitución. El BNG pide la supresión íntegra de la reforma, igual que solicita ICV. Ninguna de estas enmiendas se salvará en el Senado.

La amplia mayoría que suman PSOE (103 senadores a los que se unen los 10 del PSC) y PP (124 escaños) garantiza aritméticamente la aprobación del texto en sus términos actuales. La dirección del Grupo Socialista se afanaba ayer por evitar cualquier disidencia, intentando convencer a los dos parlamentarios del PSE que anunciaron su rechazo, antes incluso de la votación en el Congreso, Imanol Zubero y Roberto Lertxundi, para que no voten en contra.

Son la voz discrepante dentro del PSOE susceptible de unirse al rechazo de CiU (8 senadores), PNV (3), ERC (3), ICV (2), BNG (1), CC (2) y el partido de Francisco Álvarez-Cascos, Foro Asturias (1), que representan un bloque opositor numéricamente insuficiente (20 votos) para frenar la reforma, que reproduce el mismo tachón cualitativo materializado en el Congreso.

Dos senadores socialistas anunciaron su rechazo a la reforma

En el Cámara Baja, la reforma se saldó con 316 votos a favor (PSOE, PP y UPN), 5 en contra (dos socialistas, aunque uno de ellos por error, dos de CC y uno de UPyD) y 29 'ausentes', entre ellos tres del PSOE, según constan en el Diario de Sesiones los diputados que no votan una iniciativa, como hicieron CiU yPNV desde su bancada y ERC, ICV, BNG y Na Bai, abandonando sus escaños y dejando a Llamazares como voz de su protesta.

Las dos formaciones nacionalistas mayoritarias estudian repetir la misma actitud en el debate y votación de la reforma en el Senado.

ERC ya ha adelantado que sus representantes abandonarán el salón de sesiones igual que hicieron el pasado viernes, escenificando un rechazo que secundarán previsiblemente, con el mismo plante, el resto de minorías de la izquierda.