'Es evidente que mantendremos la política de inmersión lingüística caiga quien caiga'. Esa es la expresión que empleó ayer el portavoz del Govern, Francesc Homs, para reflejar la postura del Govern ante el auto que obliga al Ejecutivo a hacer del castellano lengua vehicular como lo es el catalán. Pero a pesar de la contundencia de sus palabras, la alianza tejida por CiU con el PP con motivo de los Presupuestos de este año no se verá amenazada por la defensa que hace el Govern de su modelo lingüístico.

Las reacciones al ultimátum del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la Generalitat se suceden mientras el Ejecutivo que preside Artur Mas gana tiempo y fija posición antes de hacer efectivo un recurso que ya anunció el viernes. Este escrito podría remitirse finalmente hoy al TSJC. El Govern asegura que existen 'argumentos jurídicos y de país suficientes para hacerlo'. En su enumeración de motivos para replicar al tribunal, Homs recordó que 'la inmensa mayoría del país' apoya la inmersión lingüística en catalán, aludió también a los buenos resultados pedagógicos que ha cosechado este modelo y al hecho de que el debate suscitado 'no responde a un problema' de Catalunya 'ni de la escuela'.

El Govern dice estar seguro de que la Justicia amparará la inmersión

El Govern está convencido además de que hay razones jurídicas que avalan un sistema que ha estado en funcionamiento desde el año 1983. En este sentido, las sentencias del Tribunal Constitucional de 1994 y de 2010 se interpretan en el sentido de establecer que el actual sistema educativo no debe ser modificado.

El portavoz del Govern se resistió ayer a dar detalles del contenido de este recurso, pero el Ejecutivo está convencido de que lo ganarán, si no ahora, cuando acudan al TC. 'Nos sentimos muy fuertes por todas las razones democráticas, jurídicas y pedagógicas que avalan el modelo', manifestó Homs, convencido de que la Generalitat tiene 'un plus de legitimidad' para defender la inmersión.

CiU no rompe con el PP para reforzarse ante negociaciones futuras con el PSC

Un día más, el Govern convergente echó mano de un discurso vehemente para asegurar que no cederá 'ni un milímetro' en su defensa de un sistema educativo que cuenta con un 'inmenso' apoyo democrático, que favorece la 'cohesión' de la sociedad catalana y que ha demostrado su elevado 'valor pedagógico'.

Si en la víspera la consellera más afectada por la cuestión, Irene Rigau, manifestaba que dimitiría antes de suprimir la inmersión lingüística de los centros públicos, tal y como exigió el Tribunal Supremo tras el recurso presentado por tres familias, ayer fue la Federación de Municipios de Catalunya, que agrupa a más de 600 de los 950 municipios catalanes, la que, con los votos en contra de los representantes del PP, aprobó una moción para apoyar al Govern en la defensa del actual modelo de inmersión lingüística.

Pero estas declaraciones y tomas de postura públicas no evitaron que el debate político del día viniera marcado por un asunto que incomoda a CiU a escasas 11 semanas de las elecciones generales. Los partidos de la izquierda catalana reprocharon a Mas su pacto con el PP para sacar adelante los Presupuestos para este año cuando los conservadores han hecho bandera de la supuesta persecución lingüística del catalán en los últimos años.

Los conservadores siguen presionando por el cumplimiento de la sentencia

Homs se vio obligado a hacer una demostración de contorsionismo para defender las tesis del Govern en materia educativa y reflejar la importancia que se da a la cuestión sin amenazar al PP con represalias por su actitud.

El portavoz manifestó que el Govern no piensa actuar con 'sectarismo', cerrando la puerta a acuerdos puntuales con los conservadores para aprobar, por ejemplo, los próximos Presupuestos catalanes, que deben aprobarse este mismo año. Según afirmó, no se puede mezclar la cuestión lingüística con el curso de la vida política y especificó que esa ruptura sólo beneficiaría al PSC. 'No ponemos vetos a nadie', insistió.

Ante las reiteradas preguntas, Homs sí lanzó una crítica a la formación que preside Alicia Sánchez-Camacho y le afeó que haya entrado en un campo que nada tiene que ver con el económico, del que el PP ha hecho bandera: 'Nos sorprende que de repente la cuestión económica y el paro queden relegados porque ahora su gran prioridad sea la inmersión lingüística, un problema que no existe en la calle ni a nivel pedagógico'.

Homs quiso responder a las críticas de la izquierda catalana a los acuerdos CiU-PP, que además de los Presupuestos alcanzaron pactos puntuales para las alcaldías de ciudades como Barcelona o Badalona y en la Diputación de Barcelona. Según el portavoz, a los antiguos miembros del Tripartito 'se les ve el plumero' ya que, en su opinión, es incompatible 'defender la inmersión lingüística' con 'criticar al Govern'.

Lo cierto es que el PSC insistió ayer en cuestionar la alianza de la federación que preside Mas con el PP y solicitó que no haya nuevos acuerdos. 'Pedimos al Govern que evite, que niegue, que rehúya todos los pactos posibles, políticos y parlamentarios, con el PP', reclamó su diputada Laia Bonet, que personificó esta petición: 'Que el presidente Mas convoque a la presidenta del PP al sofá de su despacho del Palau para exigirle, buscando la fotografía que otras veces han buscado, que retire el recurso contra la Ley de Educación'. Cabe recordar, en este sentido que esta ley en vigor, actualmente en el Constitucional, es la que avala la inmersión lingüística.

Críticas similares han llegado también desde ICV-EUiA, ERC y Solidaritat, sin que por el momento CiU haya alterado su estrategia.

De ello se está aprovechando un PP que en los últimos años ha tenido la competencia de Ciudadanos en su campaña para denunciar la supuesta exclusión que sufre el castellano en Catalunya y que ha aprovechado cada jornada desde que se conoció el auto para pedir que la sentencia del Supremo se cumpla.

Ayer fue el turno de la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Mato, quien aseveró que 'las decisiones de los tribunales no están para interpretarse, sino para que se cumplan' y manifestó su sorpresa ante la reacción del Govern. En la misma línea, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria recordó al Govern que es 'esencial' para el Estado de derecho el cumplimiento de las sentencias y llamó a la 'cordura' de los políticos catalanes.

La negativa del Govern a dinamitar sus puentes con el PP responde a la posibilidad de que se vea forzado a buscar su apoyo de nuevo de cara a los Presupuestos catalanes de 2012 unas cuentas que seguirán marcadas por la reducción del gasto público, y en ese contexto Mas necesitará presionar al PSC con la posibilidad de un nuevo pacto con el PP.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), manifestó ayer que el Ayuntamiento de la capital catalana garantizará la continuidad del modelo de inmersión lingüística en las escuelas de la ciudad y 'no permitirá' la alteración de un sistema que, según dijo, es fruto de un amplio consenso en la comunidad educativa. Trias hizo una declaración institucional de corte solemne para expresar su 'total desacuerdo' con el ultimátum judicial al Departament d'Ensenyament para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas y su apoyo a la Generalitat en las acciones que emprenda. El presidente del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, lamentó estas palabras y recordó a los dirigentes de CiU que 'deben respetar la sentencia de los tribunales' y avisó de que no se puede 'amenazar al PP y luego pedirle apoyos'.