El Senado español aprobó este miércoles de forma definitiva la controvertida reforma constitucional que marcará un límite al déficit fiscal del país, con un total de 233 votos a favor -PP, PSOE, PSC y UPN- sobre un total de 262, con tres votos en contra y algunos senadores abandonando el hemiciclo en señal de protesta.

Una votación se ha desarrollado según lo previsto, tras la aprobación en el Congreso de los Diputados la semana pasada con los votos de los dos partidos mayoritarios, el gobernante PSOE y el Partido Popular. Con la introducción de esta regla fiscal, el Parlamento español reformará del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, que impedirá, mediante ley orgánica, un déficit superior al 0,4% del producto interior bruto a partir de 2020 para el conjunto de las administraciones públicas.

La reforma se ha acometido en medio de una gran polémica al no ser sometida a una consulta ciudadana.  El martes, miles de personas protestaron contra la reforma constituconal en una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios. Además Internet  se ha movilizado en contra de la reforma y la petición de un referendum en las redes sociales ha sido un clamor. Una vez que el Senado ha culminado hoy la tramitción parlamentaria, los diputados y senadores tendrán de plazo hasta el próximo 22 de septiembre para pedir un referéndum, que sólo se convocaría si así lo solicitasen 35 miembros de la Cámara Baja o 26 de la Alta.

Con la reforma, la Constitución pierde también consenso. No en vano, las nueve fuerzas que rechazan el texto o se han plantado en las votaciones -CiU, PNV, IU, ICV, ERC, Coalición Canaria, BNG, UPyD y Nafarroa Bai- representan a más de tres millones de ciudadanos (3.109.287). Es decir, un 12,09% de los votos válidos en las legislativas del 9 de marzo de 2008.

La reforma constitucional deja fuera a tres millones de ciudadanos

Hasta ahora, la Carta Magna española sólo había experimentado, desde su promulgación en 1978, una reforma por el procedimiento de urgencia cuando en 1992 fue adaptada al Tratado de Maastricht para que pudieran votar los extranjeros en elecciones locales.

Mientras en el exterior la reforma constitucional ha sido bien recibida en círculos políticos -sobre todo alemanes- al producirse en un momento de fuerte crisis de confianza en los mercados financieros, en España ha sido.  El déficit español es motivo de preocupación en Europa ante el temor de que pudiera necesitar un rescate al estilo de Grecia. El país se ha comprometido a rebajar el déficit del sector público al 3% del producto interior bruto para finales de 2013, en línea con las directrices europeas.