El Gobierno gallego eliminará 120 liberados sindicales, el 40% de los 300 que hasta el momento realizaban labores de representación de los trabajadores a tiempo completo, en las áreas de sanidad, educación y justicia. La medida permitirá ahorrar 'unos cuatro millones de euros anuales', según la Xunta, aunque los sindicatos lo niegan.

El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda (PP), detalló ayer el plan de ajuste aprobado que, a pesar de 'haberse negociado' con las centrales sindicales, no se alcanzó por consenso 'total', aunque sí 'muy mayoritario'. CCOO niega que existiera tal acuerdo y denunció la 'política de hechos consumados' del PP.

La rebaja de liberados, algo inédito hasta la fecha en Galicia, se ha fijado 'en proporción' al número de funcionarios existentes en cada sector afectado conforme 'a las máximas garantías jurídicas' y tras un proceso de negociación que arrancó en junio. Rueda agradeció el 'esfuerzo y la capacidad de diálogo' de sus interlocutores y adelantó que en las próximas semanas se producirá un recorte similar en otras áreas de la Administración autonómica.

Cálculos de la Xunta cifran en 600 los liberados, que representan a los 90.000 funcionarios autonómicos. Entre los 120 que dejarán de serlo, 64 son del ámbito educativo, 45 del sanitario y 11 del área de la Justicia.

Los sindicatos califican de 'irreal' el ahorro anunciado por la Xunta, ya que en la mayoría de los casos las plazas de los representantes sindicales no se cubren. La Xunta considera además que el ajuste anunciado permitirá 'incrementar' la productividad en la Administración.